El Defensor del Pueblo abre una queja por los cortes de luz de los enganches ilegales asociados a plantaciones de 'maría'

En el texto de la queja la institución señala su preocupación ante los fraudes en el suministro eléctrico, tanto «para solicitar la adopción de actuaciones contundentes contra las mismas, como para garantizar los derechos de los consumidores en la tramitación de expedientes de fraude eléctrico (conexiones directas y manipulaciones de contadores)».

Así, añade que en los últimos años han observado un «aumento» de los casos de fraude relacionados con el cultivo de droga (marihuana) que, además, «acarrean consecuencias perjudiciales a la población en su conjunto», ya que se producen «reiterados cortes de luz» a causa de la «excesiva potencia» que demandan estas instalaciones ilegales.

En concreto, el Defensor del Pueblo Andaluz apunta que han tenido conocimiento de que estos hechos estarían ocurriendo en la zona norte de Granada (queja 15/798), en Vegas del Genil (queja 17/695), en el Cerro de San Cristóbal y otros barrios de Almería (queja 17/6572), en Berja (queja 17/6709), en la barriada de Matagorda y Las 80 Viviendas de El Ejido (queja 18/413 y queja 19/1704), en la barriada de Los Canos en Vícar (queja 19/227), en Las 200 Viviendas de Roquetas del Mar (queja 19/451).

Además, señala que la prensa «también se hace eco de la extensión del fraude eléctrico a causa de la proliferación de plantaciones de marihuana», y que, al parecer, «las provincias más afectadas en Andalucía son Granada y Sevilla». En este sentido, apunta que los datos ofrecidos por Endesa «llaman la atención», con «12.223 casos de enganches ilegales detectados en Sevilla durante 2018, con una pérdida de energía equivalente a lo consumido en la ciudad de Sevilla durante dos meses».

En cualquier caso, la institución matiza que este dato «respondería no sólo a enganches ilegales para cultivo de droga sino también a la incorporación de empresas y grandes consumidores al fraude eléctrico», y alerta de que la energía defraudada supone a los consumidores en general «un perjuicio que se traduce en la subida del precio de la electricidad, así como un riesgo para la seguridad por el incendio de algunas manipulaciones rudimentarias».

Además, destaca que en el Informe Anual al Parlamento andaluz correspondiente al ejercicio 2018 han hecho referencia a esta problemática, indicando «nuestra intención de mantener la atención sobre estas situaciones en Andalucía, a fin de proponer medidas que pudieran dar satisfacción adecuada a las demandas de la ciudadanía», y que en el caso de los cortes de luz en la zona norte de Granada, han efectuado un seguimiento de la queja de oficio 15/798, «dado que la información que seguimos recibiendo pone de manifiesto que los problemas continúan», precisa.

No obstante, y tras las últimas informaciones recabadas, la Defensoría concluye que el problema de los cortes de luz «sigue siendo los enganches ilegales asociados a plantaciones de marihuana y que no se pueden constatar avances significativos en su solución, pese a las actuaciones desarrolladas tanto de orden público como de mejora de las instalaciones». En todo caso, apostilla, «valoramos que los distintos organismos competentes vienen realizando las actuaciones oportunas para mejorar la situación».

«En la mayoría de los casos hemos podido conocer que las incidencias por cortes de luz descienden durante los planes de choque, principalmente por la erradicación de plantaciones de marihuana, pero aumentaban una vez que se deja de intervenir», manifiesta el Defensor, que advierte que ante situaciones de fraude «profesionalizado», en primer lugar, «es necesario contar con la actuación de las fuerzas de orden público para el desmantelamiento de las plantas, así como seguimiento de los ilícitos».

Igualmente, defiende que en ocasiones resultan necesarias mejoras en las instalaciones por parte de la distribuidora eléctrica «para evitar los reiterados cortes a la población».

Al respecto, también señala que «con frecuencia» la Defensoría recibe quejas manifestando «las molestias» que supone «la reiterada falta de suministro eléctrico, en ocasiones por largas horas, pese a que cuentan con su contrato de luz en vigor y al corriente de pagos», y añade que pese a la regulación «cree oportuno arbitrar alguna medida compensatoria en favor de los usuarios con contrato perjudicados por los cortes de suministro, puesto que la prestación del servicio no se ha desarrollado satisfactoriamente».

En cualquier caso, matiza, «también comprendemos la dificultad de articular un adecuado equilibrio entre las partes, dado que el actual mercado energético establece una relación directa entre usuario de la energía y empresa comercializadora y, por otra parte, una relación derivada del contrato de acceso a la energía con la distribuidora a través de la comercializadora».

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Defensor andaluz ve oportuno promover una actuación de oficio con objetivo de conocer el alcance del problema y, en su caso, proponer soluciones, y valora que resulta «necesaria» la adopción de medidas «efectivas» ante los cortes de suministro por parte de las distintas administraciones públicas competentes.

En concreto concurren distintas competencias sectoriales (policía, urbanística, energía, igualdad y bienestar social), que «entendemos deben ejercer las correspondientes administraciones de forma coordinada».

De este modo, señala conveniente dirigirse a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas (Consejería de Hacienda, Industria y Energía), como órgano competente en materia de energía eléctrica; a la Agencia Andaluza de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en relación con el parque residencial de su titularidad afectado por esta problemática; y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Asimismo, la institución solicita la colaboración de Endesa, como principal distribuidora en el territorio andaluz, y de la Delegación del Gobierno en Andalucía, como autoridad a la que corresponde ejercer la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la erradicación de las plantaciones.