Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Los abogados de la defensa, el representante de la Fiscalía y los letrados de las acusaciones populares sí han acudido a la vista, que ha durado más de una hora y media. Los primeros han pedido el archivo de la causa por falta de indicios, al igual que el representante del Ministerio Público, que considera que no hay indicios de delito tras supervisar los últimos correos electrónicos incorporados a la causa.

Por su parte, las acusaciones populares de Vox o del colectivo provida Hazte Oír han considerado que existen indicios suficientes para seguir con la causa y han pedido al juez nuevas diligencias de prueba, entre ellas las declaraciones testificales del presidente Pedro Sánchez y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ambos ya han comparecido en esta causa ante Peinado y, en el caso del también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes el Tribunal Supremo ya rechazó abrirle una causa por malversación tras la la petición del magistrado.

La decisión de los imputados de no comparecer en persona se amparó en una circular de la Fiscalía de 1995, el mismo año de la aprobación de la Ley del Tribunal del Jurado. Según este documento, la presencia de los investigado en este tipo de trámites «no debe considerarse indispensable para la celebración de la comparecencia al no imponerlo así expresamente la ley a diferencia de lo que se hace en otros casos».

Del mismo modo, la circular añade que la inasistencia por causa no justificada del imputado, de los perjudicados u ofendidos, o de alguna de las partes personadas como acusación no debe determinar necesariamente la suspensión del acto, sin perjuicio de que el instructor pueda acordarla. La motivación que han expuesto las defensas es que sus clientes ya conocieron el día de sus declaraciones el pasado 9 de septiembre que estaban siendo investigados por malversación.

Fuentes de Moncloa interpretaron el auto de Peinado del pasado miércoles, en el que mandó la pieza separada por la presunta malversación al tribunal del jurado, y la citación de este sábado por la tarde para comunicarles su resolución como un intento de «humillar» a la esposa de Sánchez y a los otros dos investigados en la causa.

Esta pieza separada se abrió el pasado marzo por el supuesto uso de la asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para las gestiones del día a día de Begoña Gómez como directora de la ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que impartió entre 2020 y 2024.

En el caso de Francisco Martín, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018, se desvinculó por completo en su declaración judicial del nombramiento de la asesora, formalizado poco después de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy.

Aunque Begoña Gómez sigue imputada por otros cuatro delitos además de la malversación -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional-, la decisión de Peinado de desgajar este ilícito en una pieza separada es la que le permitiría enjuiciarla ante un jurado popular pese a no ser funcionaria pública.

Este miércoles, el instructor dejó claro que en su resolución de avanzar hacia el cierre de este caso ha pesado el hecho de que el 10 de septiembre tanto Gómez, que solo respondió a su abogado y a preguntas muy tasadas, como Álvarez, quien guardó silencio, se negaran según su criterio a esclarecer qué trabajos efectuó realmente la asesora para la cátedra.

«Ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien este instructor o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal o cualquiera de los letrados», constataba en su escrito el juez, quien infiere de ello que las dos imputadas rechazaron, en consecuencia, «esgrimir argumentos en su descargo».

Según la interpretación del instructor, el puñado de preguntas que se avino a responder Gómez (todas ellas formuladas por su abogado, el exministro socialista del Interior Antonio Camacho) «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio», ya que –explicó el juez el miércoles- los correos electrónicos aportados a la causa a mediados de este septiembre por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, confirmarían que, efectivamente, Álvarez trabajaba para la controvertida cátedra extraordinaria.

La mujer de Sánchez defendió hace dos semanas en el juzgado a preguntas de Camacho que Álvarez solo hizo alguna gestión muy puntualmente para la cátedra y como favor personal. Esas vagas respuestas en el juzgado y esos 'mails' remitidos por la Complutense, sostiene Peinado, han otorgado «verosimilitud» a la acusación de malversación contra Álvarez «que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta». En estos momentos de la causa, sin embargo, «nos encontramos -arguyó el magistrado- ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos».