Los trenes regionales enfrentan a Gobierno y Junta

El último desencuentro ha llegado, en forma de cruce de comunicados, casi en paralelo al anuncio oficial de los trenes Avant. El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Julián López, se ha reunido hoy viernes con alcaldes de los municipios sevillanos de El Arahal, Marchena, Osuna y Pedrera, que reclaman la restitución del servicio ferroviario. Tras el encuentro, en el que han participado representantes de Adif y Renfe, el Ministerio ha enviado a los medios una nota apremiando a la Junta para firmar el convenio para que los trenes puedan pasar por el 'bypass' de Aguadulce, el itinerario que esquiva el puente dañado.

Es un tramo de 9,4 kilómetros pensado para el Eje Ferroviario Transversal, el 'AVE andaluz' que nunca llegó a funcionar. La plataforma es de la Junta de Andalucía, pero es Adif quien ha acometido las obras para hacerla transitable -por valor de 10,3 millones- y enlazarlo con las vías de tren convencional. Ya dispone de vías, traviesas y el cableado necesario. Con esta conexión, además, se mejoraría la seguridad ferroviaria, al dejar de lado los siete pasos a nivel del antiguo trazado.

Todo está listo para que los trenes circulen por estas vías; menos los papeles. El trámite tiene cierta complejidad, pues es la primera vez que una plataforma construida por una administración autonómica se integra en la red ferroviaria de interés general del Estado. El Gobierno central asegura que, para ello, el terreno que es de la Junta debe pasar a ser titularidad de Adif. Luego, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria autorizaría la puesta en servicio, tras certificar que el nuevo tramo cumple con todos los requisitos. La Junta, sin embargo, cree que basta una cesión temporal para que los trenes puedan atravesar la nueva infraestructura.

En la nota remitida a los medios, el Ministerio de Transportes asegura que hubo varias reuniones tras el cambio de gobierno en la Junta para «resolver las dificultades jurídicas con el objetivo de buscar una soluciónq ue cumpla tanto los requisitos legales exigidos por la normativa estatal como por la autonómica». El Gobierno propuso la firma de un convenio para desenredar el nudo jurídico. Ha remitido a la junta varias versiones: una en octubre de 2018 y la última el 27 de enero. Pero, según fuentes del Gobierno, «la Junta de Andalucía no ha aceptado las propuestas realizadas ni planteado por el momento ninguna alternativa viable que cumpla los requisitos impuestos por la normativa autonómica y estatal».

La respuesta de la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, no ha tardado en llegar. Ella asegura que no hay «pasividad» en el gobierno andaluz y reclama al Ministerio que «deje de jugar con los usuarios». Sorprendida por las manifestaciones de Julián López Milla, que ha descrito como «desleales», ha señalado que «desde el minuto uno» tras el fin de obras, en marzo de 2019, los trenes podían circular gracias a una cesión temporal de la vía.

Además, el 8 de octubre, la Junta planteó firmar un protocolo urgente para la puesta en servicio de los trenes. Todo ello al margen, según Carazo, de las «innumerables» reuniones solicitadas para desbloquear el papeleo: «No nos dan cita». La consejera de Fomento asegura que la iniciativa en las negociaciones ha sido de la Junta y que Adif ha cambiado su criterio jurídico al pedir una titularidad de la vía y no aceptar la cesión. «Mañana mismo estoy dispuesta a firmar un protocolo para restablecer el servicio», ha señalado Carazo en una nota.