Recurren el archivo del caso de la cesión de Casa Ágreda a una ONG

El empresario Ramón Arenas, que ejerce una de las tres acusaciones populares en el caso, ha interpuesto un recurso de reforma (ante el propio juzgado) para solicitar que se continúe el proceso contra el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado (PP); la que fuera su edil de Ubanismo en los últimos años, Isabel Nieto; y dos ex altos cargos de este área (el exdirector de Obras y el excoordinador de Urbanismo).

Lo que exactamente pide en su recurso Ramón Arenas, que está representando por el abogado Jorge Fernández Díaz, es que la causa pase a la siguiente fase, a la de preparación del juicio oral. Este paso que reclama consiste en transformar las diligencias previas que había abiertas en un procedimiento abreviado. Ese trámite permitiría a las partes acusadoras formular cargos contra los investigados, es decir, atribuirles delitos y pedirles penas.

Para esta acusación, en la operación de la cesión de Casa Ágreda (finalmente frustrada al resolver un juez civil el contrato que Aide Federation firmó en el Ayuntamiento hace cinco años), seguirían existiendo indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de causales públicos.

El auto en el que se arcordó el sobreseimiento provisional del caso, fechado el 19 de febrero pasado, justificaba la decisión en la no apreciación de delito en los hechos. Entre otros motivos, porque la normativa permite que un inmueble como Casa Ágreda -que es un palacete del siglo XVI situado en el Albaicín y con protección local pero no declarado BIC- sea cedido de forma gratuita a otras administraciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, declaradas de interés público, si se le da un uso social que contribuya «al cumplimiento de fines propios de la entidad local».

Sobre este extremo, esta acusación sostiene que «no consta ni se ha acreditado nunca, ni en vía administrativa en el expediente de contratación y adjudicación , ni tampoco en las presentes diligencias previas, que AIDE Federation sea una asociación sin ánimo de lucro ni mucho menos que haya sido declarada en ningún momento de interés público o social».

Cabe recordar en este punto que la oenegé, radicada en París y con vínculos con Marruecos, pretendía instalar en el histórico inmueble la sede de su delegación en Granada y usar sus espacios con fines sociales.

El recurso recuerda las conclusiones del informe pericial que realizó la empresa TAXO valoraciones, que determinó que se cedió en 2014 por debajo de su precio de mercado y que se habría inflado el coste de su rehabilitación. Arenas recalca las «enormes diferencias cuantitativas» detectadas en la pericial si se compara con la tasación que se hizo cuando el gobierno local estaba en manos del PP. La firmó Manuel Lorente, exdirector de Obras, que es uno de los investigados en este caso y, según se indica en el recurso, la realizó «con la finalidad precisamente de hacer coincidir sus valoraciones con los intereses y previsiones de la asociación finalmente adjudicataria».

La fórmula que se usó para aquella cesión, cuyo desenlace en la vía civil está pendiente del recurso que ha interpuesto AIDE ante el Tribunal Supremo (TS), era un derecho de superficie durante 40 años, con opción a compra, a cambio de que la oenegé asumiera el coste de la rehabilitación del inmueble, que se cifró en casi 5 millones de euros.

Arenas, que está convencido de que hubo un perjuicio para el patrimonio municipal, recuerda además que existe un correo electrónico, que fue remitido por la exconcejala de Urbanismo a un funcionario de la Agencia Albaicín, el cual, a su juicio, «no deja duda alguna de la intención de beneficiar a este asociación, cuyo supuesto carácter benéfico no lucrativo nunca ha sido acreditado en esta causa en modo alguno». Ese correo se incorporó a la causa tras ser intervenido por la UDEF en el caso Nazarí.

Aparte de este empresario, ejercen la acusación popular también 'Vamos Granada' y el grupo municipal Podemos-Izquierda Unida-Adelante. El caso llegó a la vía penal en forma de denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada. La causa ya había sido archivada a finales de 2016, pero la Audiencia ordenó que se reabriera para pratcicar más diligencias.