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Aquellas banderas colgadas de los balcones acapararon las miradas de los medios de comunicación locales y nacionales. El bloque de Azacayas, en pleno Centro de ... Granada, fue el foco de atención durante todo un día, después de que una empresa de desokupación acudiera a desalojar a los inquilinos, que se colaron hace unos dos meses en una propiedad ajena, propiedad de una familia. La tensión fue la tónica general del día y solo cesó con la llegada de un acuerdo entre ambas partes, la empresa (contratada por la familia) y los okupas, que tendrán que irse en dos meses. Aquella mediática jornada puso el foco en un fenómeno complejo, el de la okupación, que IDEAL analiza a través de fuentes municipales, vecinales, policiales y de empresas dedicadas al negocio del desalojo.
La primera cuestión a analizar es el perfil de los implicados. Son tres muy diferenciados, tal y como coinciden los entrevistados. Por un lado, están aquellos que han decidido no pagar por un techo. Las razones son variadas. Desde una crítica social al problema actual de imposibilidad de acceso a la vivienda hasta una decisión sin mayor trasfondo; simplemente no quieren tener ese gasto. Por otro lado, se encuentran aquellos que realmente no tienen ingresos suficientes y se refugian donde pueden. Por último, están los que sí tienen un contrato de alquiler, pero pasan temporalmente por una situación económica complicada -como la pérdida de un trabajo- y no pueden afrontar el pago, un término conocido como 'inquiokupa'.
En segundo lugar, interesa analizar las zonas donde se acentúa. No solo ocurre en la capital, también en los pueblos. Al ser un fenómeno que fluctúa, dependiendo del momento en el que hagamos la radiografía habrá más o menos, por lo que es complicado determinar un número concreto de viviendas en esta situación. Fuentes policiales indican que en los municipios granadinos no hay grandes bloques ahora mismo en esta situación, sino viviendas sueltas. Por ejemplo, en Churriana de la Vega hubo dos edificios okupados durante un largo periodo de tiempo, que finalmente se despejaron por orden judicial y ya han sido revendidos a particulares, según indican fuentes municipales. En Atarfe fue muy mediático otro bloque de pisos lleno de personas en la misma situación. Según ha podido saber este periódico, la normalidad reina de nuevo y las viviendas se están alquilando o vendiendo. Otro de los más conocidos es la Urbanización Almuñécar Hills, que el año pasado estuvo a punto de ser desalojada, pero finalmente se paralizó.
Centrándonos en Granada capital, hay varias ubicaciones donde a día de hoy los inquilinos viven sin contrato ni permiso de los propietarios, según información recabada por fuentes municipales y vecinales, y suelen ser pisos sueltos, no edificios. Algunas están en pleno centro, como en Camino de Ronda, frente a la antigua BMW; la calle Concepción; las calles Santiago/callejón del Señor o Cuesta de los Monteros (Realejo); o junto a Gran Vía, en la calle Atarazana del Santísimo. Los pisos de este tipo se dan tanto en Chana como en Norte, pasando por el Zaidín, Albaicín y Sacromonte. Es precisamente en este último barrio donde los problemas relacionados con los okupas, indican las asociaciones vecinales, han ido en aumento.
Carlos Yagüe, de la asociación de vecinos del Albaicín, ha solicitado al Ayuntamiento de Granada que haga un censo «de todas las casas okupadas en el distrito Albaicín y Sacromonte», puesto que hay «un descontrol terrible». «En los últimos seis meses ha aumentado muchísimo y está derivando en delincuencia. Últimamente hay cada vez más intervenciones policiales», destaca. Pepe Bigorra, también representante de los vecinos del Albaicín, admite que las cuevas de San Miguel ahora están «tranquilas», pero es consciente de que en Sacromonte no. «Estamos preocupados por si el problema se traslada aquí», señala.
Por último, la presidenta de la asociación de vecinos de San Ildefonso, Angélica Domínguez, indica que hay hasta tres grupos de WhatsApp en los que los vecinos se avisan ante cualquier sospecha de okupación. «Los vecinos han ido poniendo alarmas como solución», expone. Angélica recuerda una vivienda en la zona que ha estado siete años okupada, con inquilinos diferentes que generaron «problemas», a excepción de los últimos moradores, que eran respetuosos. Antes de Navidad fue desalojada y devuelta a sus dueños.
IDEAL se ha desplazado hasta uno de los puntos del Centro marcados en el mapa para constatar cómo es la convivencia con los vecinos. Las quejas son contundentes en el entorno de la calle Atarazana del Santísimo. Un vecino tuvo que presentar una denuncia a Medio Ambiente ante la multitud de bolsas de basura que los okupas dejaban tiradas junto a la fachada. «Salieron hasta cucarachas, algo nunca visto aquí», señala. En alguno de los balcones cuelgan bolsas de basura que, según los vecinos, llevan meses así. Hace unos días colgaron también un colchón. «Hay suciedad y, lo peor, problemas de delincuencia. Un día salió un hombre desnudo de cintura para abajo, sangrando y con una barra en la mano. Parece el Bronx de los años 80», asevera.
Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, apunta a que debe haber «tolerancia cero» contra esta lacra, mediante un marco jurídico «preciso» que permita proteger tanto a los propietarios como a los ciudadanos que sufren las consecuencias. «Desde el Ayuntamiento de Granada instamos a que se impulsen las reformas legales necesarias para salvaguardar la propiedad privada, fortalecer la convivencia vecinal y asegurar la seguridad jurídica de todos. Es fundamental que se aplique la desokupación en 24 horas en cuanto esta ocurre», apostilla Carazo, una de las medidas, dice, que plantearán el PP a nivel nacional.
Por último, Manuel Martín, el Defensor de la Ciudadanía de Granada, recuerda que este fenómeno es un «ataque frontal al derecho de propiedad» y está fuera de nuestra legalidad. Además, admite que «no es ni debe ser una alternativa para nadie, ya que es infravivienda en la mayoría de los casos». En cualquier caso, pone el foco en los problemas de acceso a la vivienda, ya que reciben «multitud de quejas, o más bien llamadas de auxilio» de la ciudadanía por este tema. «El esfuerzo económico necesario, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo. Podemos hablar ya de una crisis de acceso a la vivienda», apostilla. Martín insiste en que es «urgente y necesario» abordarlo «de manera integral», a través de un «gran pacto de Estado con autonomías y ayuntamientos». «La vivienda es un derecho humano y no un negocio», concluye.
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