El auge de las empresas de desokupación en Granada: «No entramos a las bravas»

AMA Desokupa, nacida en 2020, tiene su local en Puerta Real. Su actividad no ha dejado de crecer. Les contrata tanto gente humilde «que tiene que pedir un préstamo» para pagarles hasta multipropietarios, según explica Ángela, CEO. Su empresa realiza un estudio previo de los inquilinos -pueden incluso echar mano de detectives privados- y ofrecen «un servicio de mediación» in situ estudiado al milímetro. «Tenemos un departamento de trabajo social e intentamos buscarle un piso acorde a sus condiciones y posibilidades y, si lo necesitan, les ayudamos a encontrar trabajo. En el 99% de los casos firmamos un acuerdo», explica. Lo más importante para lograr el éxito, dice, es el respeto.

Ha trabajado en municipios como Atarfe, Santa Fe, Fuente Vaqueros o Chauchina. En la capital, ha acudido a pisos de Albaicín, Chana, Zaidín, Cartuja o Norte. Como en todo, los periodos navideños y veraniegos, cuando la gente tiene gastos extra, contratan menos sus servicios.

Otros negocios no tienen sede en Granada, pero se desplazan ocasionalmente a actuar aquí. Es el caso de Desokupa Express, que opera a nivel nacional, pero su actividad se centra en Andalucía en el 85% de los casos. Fuentes de la empresa recalcan a IDEAL que la pandemia fue el punto de inflexión en este fenómeno. «Nuestra labor es hablar con el inquilino, le decimos que el propietario tiene que tomar posesión del inmueble y se le facilita un periodo de tiempo para que busquen otra vivienda y recojan sus enseres. Se marchan voluntariamente firmando un documento y así evitamos ir por la vía civil, que tarda más de un año», explican. Aseguran que nunca «entran a las bravas», como les exigen algunos clientes, ya que «no cometerían un delito».

Desde Fuera Okupas, por el contrario, creen que el mercado se ha estabilizado y la tendencia a nivel nacional es «a la baja». La inmensa mayoría de los que les contratan son particulares «de clase media baja». En el otro lado, suelen encontrar a inquilinos que se mudan sin permiso «y con la clara intención de no pagar», tal y como explica Jorge, responsable. «Intermediamos con ellos y si aceptan irse acaba nuestra labor. Si no, colocamos un control de acceso; si salen no pueden entrar. Es como poner un portero, algo totalmente legal», cuenta. La intención es buscar acuerdos de manera pacífica. En ocasiones se les paga a los okupas para que abandonen la propiedad.