Historia de la Granada okupada

Una docena de okupas de un edificio de la calle Azacayas de Granada se atrincheraron el lunes cuando una empresa de desalojo pretendía echarlos. Tenían la intención de montar un centro social. Estos disturbios se producen en medio de un intenso debate sobre el alto precio de la vivienda y cuando los desalojos están en mínimos, mientras vecinos y propietarios conviven con el miedo a que alguien se apropie de manera ilegal de un inmueble vacío. Atendiendo a datos históricos, este problema tiene protagonistas con situaciones muy distintas. En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, se ha convertido en un problema complicado. Estas son algunas de las okupaciones históricas.

De ocupación provisional a vivienda permanente. El Ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones el asentamiento de personas de manera ilegal en suelo público especialmente protegido. Aunque no todas las viviendas están ocupadas de manera fraudulenta, la policía ha realizado en varias ocasiones inspecciones para censar a los okupas, comprobar enganches ilegales y verificar el estado de la zona. La última redada tuvo lugar en junio de 2022 y se saldó con cuatro detenidos y cien okupas 'censados'. Entonces se contabilizaron un total de entre 70 y 75 cuevas, aunque no todas están okupadas de manera irregular. En los últimos quince años han sido frecuentes los intentos de desalojo. En 2007, dos semanas de trabajo de agentes de la Policía Local y técnicos se saldaron con doce cuevas tapiadas o selladas y 37 órdenes de desalojo para otros tantos okupas. En 2013, la presión social y la presencia de Stop Desahucios impidieron una anunciada operación de desalojo y en 2014, esta vez por sorpresa, la Policía se empleó a fondo para echar a los moradores de las viviendas.

En agosto de 2024 saltaron de nuevo las alarmas. El solar donde había estado el centro social de Ronda había sido okupado. El centro social okupa, Camino de Ronda, 190, se derribó en 2021. Las instalaciones fueron okupadas en 1990 y, además de servir de alojamiento, se celebraban diferentes actividades culturales. Allí funcionó una escuela de circo, se hacía teatro, conciertos, clases de música... La última etapa se creó la asociación CSO La Redonda, encargada de los talleres y actividades que allí se hacían, así como de oponerse en los tribunales al proceso de desahucio. En 2014 comenzó el proceso judicial para desalojar las instalaciones, que estaban ubicadas entre el manojo de vías de Andaluces y el aparcamiento de los ‘paseíllos’ universitarios. El expediente quedó resuelto cuatro años después. La Audiencia Provincial, avalada un par de años más tarde por el Supremo, obligó a dar portazo a la actividad -en ese espacio- de la asociación CSO La Redonda. En 2018, la propiedad del inmueble -el 55% privada, 44% de la Universidad y 0,7% del Ayuntamiento en ese momento- instó a ejecutar la sentencia de desahucio y el 24 de febrero de 2021 las máquinas arrasaron con la Redonda.

Lo llamaron 'El Laberinto', estaba en el privilegiado paseo del Avellano con vistas a la Abadía del Sacromonte y era residencia de un grupo de okupas que convirtieron uno de los tesoros de la ciudad en un estercolero. Estas cuevas han estado habitadas prácticamente toda la vida, pero la basura y varios conatos de incendio dieron la voz de alarma. En 2018, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de medio centenar de aquellas cuevas. Hubo un nuevo intento en 2019 y una orden del juzgado que llegó tras las peticiones del Patronato de la Alhambra con permiso de la CHG. Entonces, una veintena de cuevas estaban okupadas de manera ilegal en las inmediaciones del Camino del Avellano y Barranco Bermejo.

La Casa del Aire fue un símbolo del movimiento okupa. Construida en el siglo XVII, era un edificio con 12 viviendas habitadas. En junio de 2004, sus propietarios la vendieron a una inmobiliaria que comunicó a los vecinos que los desalojaría por riesgo de derrumbe. Un año más tarde, la vendió a Edivara y comenzó un nuevo intento de echar a los vecinos. A partir de ahí se sucedieron las protestas para pedir al Ayuntamiento que paralizara el expediente de ruina y permitiera a los vecinos continuar en sus casas. En 2011, medio centenar de policías la desalojaron, pero en un primer intento, una de sus inquilinas, Clara Martínez, se negó a abandonar el inmueble. A partir de ese momento, hubo un cruce de acusaciones, juicios y la primera querella en Andalucía por 'mobbing' inmobiliario, impulsada por Stop Desahucios y el Movimiento 15-M. La casa estuvo habitada hasta 2017, aunque las okupaciones ilegales eran constantes. En 2019, una sentencia obligó a los propietarios a acondicionar la vivienda y mantener el contrato de alquiler con la hija del que fue el último inquilino, Manuel, que falleció en 2016. Las últimas noticias son de 2022 cuando, tras varios incendios, tapiaron los accesos al inmueble para evitar que continuara entrando gente.

En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, el problema de la okupación ilegal se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos, con denuncias constantes por suciedad, ruido y delincuencia. En el caso del Realejo, el problema lleva años agravándose. En julio de este año, por ejemplo, los vecinos pidieron el desalojo de un edificio okupado en la calle Santiago, un edificio que se quedó a medio construir con la crisis de principios del siglo y que, tras la pandemia, comenzó a ser pasto de los okupas. Pero son tantos los casos en el barrio, que merecerían una atención especial. Por poner algunos ejemplos, en 2022, los vecinos iniciaron una campaña de firmas como protesta. Había una fijación de los okupas por la calle Concepción, con varias viviendas intervenidas. En el 18 se escondió el presunto asesino del concejal granadino Castillo Higueras, el mismo día que fue desalojada, volvió a okuparse. El desalojo del número 21 de la calle Molinos, utilizado como local de fiestas nocturnas, se saldó con un par de detenidos y dos policías nacionales heridos y también fue llamativo el desahucio de casi un centenar de personas en el número 6 de la Cuesta del Pescado, un edificio que conocían el barrio como el ‘palacete’. En 2008 más de cien jóvenes se manifestaron por las calles del centro por el desalojo de un inmueble de la calle Damasqueros que conocían como el centro social ‘La Fábrica de los Sueños’.

Fue muy espectacular el desalojo de varias familias instaladas en la antigua sede de Emuvyssa en la calle Lepanto. Una era una pareja y sus cinco hijos, otra pareja con dos niños a su cargo aceptaron la propuesta de Servicios Sociales de buscarles un lugar donde vivir.

En mayo de 2011, hubo once detenidos y tres agentes heridos en el desalojo del Centro Social Okupado La Indiskreta, un edificio abandonado entre la calle Elvira y Gran Vía. Fue un caso muy parecido al de la calle Azacayas. Los jóvenes se negaban a abandonar el CSO y recibieron a los agentes lanzándoles aceite y pintura.

Zonas cuya urbanización ha estado mucho tiempo bloqueada han sido refugio para familias buscando un techo donde cobijarse. En las estructuras abandonadas de Villa Pineda, por ejemplo, vivían un centenar de familias. Stop Desahucios evitó en alguna ocasión el desalojo y la demolición de las ruinas que finalmente se llevó a cabo en 2021. En el Cortijo de los Cipreses ha habido inquilinos hasta 2023. En La Ponderosa, un solar abandonado entre el antiguo estadio de Los Cármenes y la vieja prisión donde hubo una comisaría, la policía desahució a siete personas en 2021. El mismo problema había en la Piscina Miami, un descampado lleno de broza ocupado por dos chabolas donde iba a construirse una macrourbanización, el cortijo de la Nocla, el cuartel de Automovilismo o el Estadio de la Juventud, residencia improvisada de varias familias de origen rumano hasta la remodelación de sus instalaciones, incluso la Azucarera de San Isidro, se llenó de la chatarra de la que vivían sus inquilinos. Al menos 25 personas llegaron a vivir en 2019 en este inmueble protegido como BIC y, entonces, abandonado.

Una docena de okupas de un edificio de la calle Azacayas de Granada se atrincheraron el lunes cuando una empresa de desalojo pretendía echarlos. Tenían la intención de montar un centro social. Estos disturbios se producen en medio de un intenso debate sobre el alto precio de la vivienda y cuando los desalojos están en mínimos, mientras vecinos y propietarios conviven con el miedo a que alguien se apropie de manera ilegal de un inmueble vacío. Atendiendo a datos históricos, este problema tiene protagonistas con situaciones muy distintas. En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, se ha convertido en un problema complicado. Estas son algunas de las okupaciones históricas.

De ocupación provisional a vivienda permanente. El Ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones el asentamiento de personas de manera ilegal en suelo público especialmente protegido. Aunque no todas las viviendas están ocupadas de manera fraudulenta, la policía ha realizado en varias ocasiones inspecciones para censar a los okupas, comprobar enganches ilegales y verificar el estado de la zona. La última redada tuvo lugar en junio de 2022 y se saldó con cuatro detenidos y cien okupas 'censados'. Entonces se contabilizaron un total de entre 70 y 75 cuevas, aunque no todas están okupadas de manera irregular. En los últimos quince años han sido frecuentes los intentos de desalojo. En 2007, dos semanas de trabajo de agentes de la Policía Local y técnicos se saldaron con doce cuevas tapiadas o selladas y 37 órdenes de desalojo para otros tantos okupas. En 2013, la presión social y la presencia de Stop Desahucios impidieron una anunciada operación de desalojo y en 2014, esta vez por sorpresa, la Policía se empleó a fondo para echar a los moradores de las viviendas.

En agosto de 2024 saltaron de nuevo las alarmas. El solar donde había estado el centro social de Ronda había sido okupado. El centro social okupa, Camino de Ronda, 190, se derribó en 2021. Las instalaciones fueron okupadas en 1990 y, además de servir de alojamiento, se celebraban diferentes actividades culturales. Allí funcionó una escuela de circo, se hacía teatro, conciertos, clases de música... La última etapa se creó la asociación CSO La Redonda, encargada de los talleres y actividades que allí se hacían, así como de oponerse en los tribunales al proceso de desahucio. En 2014 comenzó el proceso judicial para desalojar las instalaciones, que estaban ubicadas entre el manojo de vías de Andaluces y el aparcamiento de los ‘paseíllos’ universitarios. El expediente quedó resuelto cuatro años después. La Audiencia Provincial, avalada un par de años más tarde por el Supremo, obligó a dar portazo a la actividad -en ese espacio- de la asociación CSO La Redonda. En 2018, la propiedad del inmueble -el 55% privada, 44% de la Universidad y 0,7% del Ayuntamiento en ese momento- instó a ejecutar la sentencia de desahucio y el 24 de febrero de 2021 las máquinas arrasaron con la Redonda.

Lo llamaron 'El Laberinto', estaba en el privilegiado paseo del Avellano con vistas a la Abadía del Sacromonte y era residencia de un grupo de okupas que convirtieron uno de los tesoros de la ciudad en un estercolero. Estas cuevas han estado habitadas prácticamente toda la vida, pero la basura y varios conatos de incendio dieron la voz de alarma. En 2018, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de medio centenar de aquellas cuevas. Hubo un nuevo intento en 2019 y una orden del juzgado que llegó tras las peticiones del Patronato de la Alhambra con permiso de la CHG. Entonces, una veintena de cuevas estaban okupadas de manera ilegal en las inmediaciones del Camino del Avellano y Barranco Bermejo.

La Casa del Aire fue un símbolo del movimiento okupa. Construida en el siglo XVII, era un edificio con 12 viviendas habitadas. En junio de 2004, sus propietarios la vendieron a una inmobiliaria que comunicó a los vecinos que los desalojaría por riesgo de derrumbe. Un año más tarde, la vendió a Edivara y comenzó un nuevo intento de echar a los vecinos. A partir de ahí se sucedieron las protestas para pedir al Ayuntamiento que paralizara el expediente de ruina y permitiera a los vecinos continuar en sus casas. En 2011, medio centenar de policías la desalojaron, pero en un primer intento, una de sus inquilinas, Clara Martínez, se negó a abandonar el inmueble. A partir de ese momento, hubo un cruce de acusaciones, juicios y la primera querella en Andalucía por 'mobbing' inmobiliario, impulsada por Stop Desahucios y el Movimiento 15-M. La casa estuvo habitada hasta 2017, aunque las okupaciones ilegales eran constantes. En 2019, una sentencia obligó a los propietarios a acondicionar la vivienda y mantener el contrato de alquiler con la hija del que fue el último inquilino, Manuel, que falleció en 2016. Las últimas noticias son de 2022 cuando, tras varios incendios, tapiaron los accesos al inmueble para evitar que continuara entrando gente.

En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, el problema de la okupación ilegal se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos, con denuncias constantes por suciedad, ruido y delincuencia. En el caso del Realejo, el problema lleva años agravándose. En julio de este año, por ejemplo, los vecinos pidieron el desalojo de un edificio okupado en la calle Santiago, un edificio que se quedó a medio construir con la crisis de principios del siglo y que, tras la pandemia, comenzó a ser pasto de los okupas. Pero son tantos los casos en el barrio, que merecerían una atención especial. Por poner algunos ejemplos, en 2022, los vecinos iniciaron una campaña de firmas como protesta. Había una fijación de los okupas por la calle Concepción, con varias viviendas intervenidas. En el 18 se escondió el presunto asesino del concejal granadino Castillo Higueras, el mismo día que fue desalojada, volvió a okuparse. El desalojo del número 21 de la calle Molinos, utilizado como local de fiestas nocturnas, se saldó con un par de detenidos y dos policías nacionales heridos y también fue llamativo el desahucio de casi un centenar de personas en el número 6 de la Cuesta del Pescado, un edificio que conocían el barrio como el ‘palacete’. En 2008 más de cien jóvenes se manifestaron por las calles del centro por el desalojo de un inmueble de la calle Damasqueros que conocían como el centro social ‘La Fábrica de los Sueños’.

Fue muy espectacular el desalojo de varias familias instaladas en la antigua sede de Emuvyssa en la calle Lepanto. Una era una pareja y sus cinco hijos, otra pareja con dos niños a su cargo aceptaron la propuesta de Servicios Sociales de buscarles un lugar donde vivir.

En mayo de 2011, hubo once detenidos y tres agentes heridos en el desalojo del Centro Social Okupado La Indiskreta, un edificio abandonado entre la calle Elvira y Gran Vía. Fue un caso muy parecido al de la calle Azacayas. Los jóvenes se negaban a abandonar el CSO y recibieron a los agentes lanzándoles aceite y pintura.

Zonas cuya urbanización ha estado mucho tiempo bloqueada han sido refugio para familias buscando un techo donde cobijarse. En las estructuras abandonadas de Villa Pineda, por ejemplo, vivían un centenar de familias. Stop Desahucios evitó en alguna ocasión el desalojo y la demolición de las ruinas que finalmente se llevó a cabo en 2021. En el Cortijo de los Cipreses ha habido inquilinos hasta 2023. En La Ponderosa, un solar abandonado entre el antiguo estadio de Los Cármenes y la vieja prisión donde hubo una comisaría, la policía desahució a siete personas en 2021. El mismo problema había en la Piscina Miami, un descampado lleno de broza ocupado por dos chabolas donde iba a construirse una macrourbanización, el cortijo de la Nocla, el cuartel de Automovilismo o el Estadio de la Juventud, residencia improvisada de varias familias de origen rumano hasta la remodelación de sus instalaciones, incluso la Azucarera de San Isidro, se llenó de la chatarra de la que vivían sus inquilinos. Al menos 25 personas llegaron a vivir en 2019 en este inmueble protegido como BIC y, entonces, abandonado.

Una docena de okupas de un edificio de la calle Azacayas de Granada se atrincheraron el lunes cuando una empresa de desalojo pretendía echarlos. Tenían la intención de montar un centro social. Estos disturbios se producen en medio de un intenso debate sobre el alto precio de la vivienda y cuando los desalojos están en mínimos, mientras vecinos y propietarios conviven con el miedo a que alguien se apropie de manera ilegal de un inmueble vacío. Atendiendo a datos históricos, este problema tiene protagonistas con situaciones muy distintas. En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, se ha convertido en un problema complicado. Estas son algunas de las okupaciones históricas.

De ocupación provisional a vivienda permanente. El Ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones el asentamiento de personas de manera ilegal en suelo público especialmente protegido. Aunque no todas las viviendas están ocupadas de manera fraudulenta, la policía ha realizado en varias ocasiones inspecciones para censar a los okupas, comprobar enganches ilegales y verificar el estado de la zona. La última redada tuvo lugar en junio de 2022 y se saldó con cuatro detenidos y cien okupas 'censados'. Entonces se contabilizaron un total de entre 70 y 75 cuevas, aunque no todas están okupadas de manera irregular. En los últimos quince años han sido frecuentes los intentos de desalojo. En 2007, dos semanas de trabajo de agentes de la Policía Local y técnicos se saldaron con doce cuevas tapiadas o selladas y 37 órdenes de desalojo para otros tantos okupas. En 2013, la presión social y la presencia de Stop Desahucios impidieron una anunciada operación de desalojo y en 2014, esta vez por sorpresa, la Policía se empleó a fondo para echar a los moradores de las viviendas.

En agosto de 2024 saltaron de nuevo las alarmas. El solar donde había estado el centro social de Ronda había sido okupado. El centro social okupa, Camino de Ronda, 190, se derribó en 2021. Las instalaciones fueron okupadas en 1990 y, además de servir de alojamiento, se celebraban diferentes actividades culturales. Allí funcionó una escuela de circo, se hacía teatro, conciertos, clases de música... La última etapa se creó la asociación CSO La Redonda, encargada de los talleres y actividades que allí se hacían, así como de oponerse en los tribunales al proceso de desahucio. En 2014 comenzó el proceso judicial para desalojar las instalaciones, que estaban ubicadas entre el manojo de vías de Andaluces y el aparcamiento de los ‘paseíllos’ universitarios. El expediente quedó resuelto cuatro años después. La Audiencia Provincial, avalada un par de años más tarde por el Supremo, obligó a dar portazo a la actividad -en ese espacio- de la asociación CSO La Redonda. En 2018, la propiedad del inmueble -el 55% privada, 44% de la Universidad y 0,7% del Ayuntamiento en ese momento- instó a ejecutar la sentencia de desahucio y el 24 de febrero de 2021 las máquinas arrasaron con la Redonda.

Lo llamaron 'El Laberinto', estaba en el privilegiado paseo del Avellano con vistas a la Abadía del Sacromonte y era residencia de un grupo de okupas que convirtieron uno de los tesoros de la ciudad en un estercolero. Estas cuevas han estado habitadas prácticamente toda la vida, pero la basura y varios conatos de incendio dieron la voz de alarma. En 2018, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de medio centenar de aquellas cuevas. Hubo un nuevo intento en 2019 y una orden del juzgado que llegó tras las peticiones del Patronato de la Alhambra con permiso de la CHG. Entonces, una veintena de cuevas estaban okupadas de manera ilegal en las inmediaciones del Camino del Avellano y Barranco Bermejo.

La Casa del Aire fue un símbolo del movimiento okupa. Construida en el siglo XVII, era un edificio con 12 viviendas habitadas. En junio de 2004, sus propietarios la vendieron a una inmobiliaria que comunicó a los vecinos que los desalojaría por riesgo de derrumbe. Un año más tarde, la vendió a Edivara y comenzó un nuevo intento de echar a los vecinos. A partir de ahí se sucedieron las protestas para pedir al Ayuntamiento que paralizara el expediente de ruina y permitiera a los vecinos continuar en sus casas. En 2011, medio centenar de policías la desalojaron, pero en un primer intento, una de sus inquilinas, Clara Martínez, se negó a abandonar el inmueble. A partir de ese momento, hubo un cruce de acusaciones, juicios y la primera querella en Andalucía por 'mobbing' inmobiliario, impulsada por Stop Desahucios y el Movimiento 15-M. La casa estuvo habitada hasta 2017, aunque las okupaciones ilegales eran constantes. En 2019, una sentencia obligó a los propietarios a acondicionar la vivienda y mantener el contrato de alquiler con la hija del que fue el último inquilino, Manuel, que falleció en 2016. Las últimas noticias son de 2022 cuando, tras varios incendios, tapiaron los accesos al inmueble para evitar que continuara entrando gente.

En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, el problema de la okupación ilegal se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos, con denuncias constantes por suciedad, ruido y delincuencia. En el caso del Realejo, el problema lleva años agravándose. En julio de este año, por ejemplo, los vecinos pidieron el desalojo de un edificio okupado en la calle Santiago, un edificio que se quedó a medio construir con la crisis de principios del siglo y que, tras la pandemia, comenzó a ser pasto de los okupas. Pero son tantos los casos en el barrio, que merecerían una atención especial. Por poner algunos ejemplos, en 2022, los vecinos iniciaron una campaña de firmas como protesta. Había una fijación de los okupas por la calle Concepción, con varias viviendas intervenidas. En el 18 se escondió el presunto asesino del concejal granadino Castillo Higueras, el mismo día que fue desalojada, volvió a okuparse. El desalojo del número 21 de la calle Molinos, utilizado como local de fiestas nocturnas, se saldó con un par de detenidos y dos policías nacionales heridos y también fue llamativo el desahucio de casi un centenar de personas en el número 6 de la Cuesta del Pescado, un edificio que conocían el barrio como el ‘palacete’. En 2008 más de cien jóvenes se manifestaron por las calles del centro por el desalojo de un inmueble de la calle Damasqueros que conocían como el centro social ‘La Fábrica de los Sueños’.

Fue muy espectacular el desalojo de varias familias instaladas en la antigua sede de Emuvyssa en la calle Lepanto. Una era una pareja y sus cinco hijos, otra pareja con dos niños a su cargo aceptaron la propuesta de Servicios Sociales de buscarles un lugar donde vivir.

En mayo de 2011, hubo once detenidos y tres agentes heridos en el desalojo del Centro Social Okupado La Indiskreta, un edificio abandonado entre la calle Elvira y Gran Vía. Fue un caso muy parecido al de la calle Azacayas. Los jóvenes se negaban a abandonar el CSO y recibieron a los agentes lanzándoles aceite y pintura.

Zonas cuya urbanización ha estado mucho tiempo bloqueada han sido refugio para familias buscando un techo donde cobijarse. En las estructuras abandonadas de Villa Pineda, por ejemplo, vivían un centenar de familias. Stop Desahucios evitó en alguna ocasión el desalojo y la demolición de las ruinas que finalmente se llevó a cabo en 2021. En el Cortijo de los Cipreses ha habido inquilinos hasta 2023. En La Ponderosa, un solar abandonado entre el antiguo estadio de Los Cármenes y la vieja prisión donde hubo una comisaría, la policía desahució a siete personas en 2021. El mismo problema había en la Piscina Miami, un descampado lleno de broza ocupado por dos chabolas donde iba a construirse una macrourbanización, el cortijo de la Nocla, el cuartel de Automovilismo o el Estadio de la Juventud, residencia improvisada de varias familias de origen rumano hasta la remodelación de sus instalaciones, incluso la Azucarera de San Isidro, se llenó de la chatarra de la que vivían sus inquilinos. Al menos 25 personas llegaron a vivir en 2019 en este inmueble protegido como BIC y, entonces, abandonado.

Una docena de okupas de un edificio de la calle Azacayas de Granada se atrincheraron el lunes cuando una empresa de desalojo pretendía echarlos. Tenían la intención de montar un centro social. Estos disturbios se producen en medio de un intenso debate sobre el alto precio de la vivienda y cuando los desalojos están en mínimos, mientras vecinos y propietarios conviven con el miedo a que alguien se apropie de manera ilegal de un inmueble vacío. Atendiendo a datos históricos, este problema tiene protagonistas con situaciones muy distintas. En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, se ha convertido en un problema complicado. Estas son algunas de las okupaciones históricas.

De ocupación provisional a vivienda permanente. El Ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones el asentamiento de personas de manera ilegal en suelo público especialmente protegido. Aunque no todas las viviendas están ocupadas de manera fraudulenta, la policía ha realizado en varias ocasiones inspecciones para censar a los okupas, comprobar enganches ilegales y verificar el estado de la zona. La última redada tuvo lugar en junio de 2022 y se saldó con cuatro detenidos y cien okupas 'censados'. Entonces se contabilizaron un total de entre 70 y 75 cuevas, aunque no todas están okupadas de manera irregular. En los últimos quince años han sido frecuentes los intentos de desalojo. En 2007, dos semanas de trabajo de agentes de la Policía Local y técnicos se saldaron con doce cuevas tapiadas o selladas y 37 órdenes de desalojo para otros tantos okupas. En 2013, la presión social y la presencia de Stop Desahucios impidieron una anunciada operación de desalojo y en 2014, esta vez por sorpresa, la Policía se empleó a fondo para echar a los moradores de las viviendas.

En agosto de 2024 saltaron de nuevo las alarmas. El solar donde había estado el centro social de Ronda había sido okupado. El centro social okupa, Camino de Ronda, 190, se derribó en 2021. Las instalaciones fueron okupadas en 1990 y, además de servir de alojamiento, se celebraban diferentes actividades culturales. Allí funcionó una escuela de circo, se hacía teatro, conciertos, clases de música... La última etapa se creó la asociación CSO La Redonda, encargada de los talleres y actividades que allí se hacían, así como de oponerse en los tribunales al proceso de desahucio. En 2014 comenzó el proceso judicial para desalojar las instalaciones, que estaban ubicadas entre el manojo de vías de Andaluces y el aparcamiento de los ‘paseíllos’ universitarios. El expediente quedó resuelto cuatro años después. La Audiencia Provincial, avalada un par de años más tarde por el Supremo, obligó a dar portazo a la actividad -en ese espacio- de la asociación CSO La Redonda. En 2018, la propiedad del inmueble -el 55% privada, 44% de la Universidad y 0,7% del Ayuntamiento en ese momento- instó a ejecutar la sentencia de desahucio y el 24 de febrero de 2021 las máquinas arrasaron con la Redonda.

Lo llamaron 'El Laberinto', estaba en el privilegiado paseo del Avellano con vistas a la Abadía del Sacromonte y era residencia de un grupo de okupas que convirtieron uno de los tesoros de la ciudad en un estercolero. Estas cuevas han estado habitadas prácticamente toda la vida, pero la basura y varios conatos de incendio dieron la voz de alarma. En 2018, el Ayuntamiento ordenó el desalojo de medio centenar de aquellas cuevas. Hubo un nuevo intento en 2019 y una orden del juzgado que llegó tras las peticiones del Patronato de la Alhambra con permiso de la CHG. Entonces, una veintena de cuevas estaban okupadas de manera ilegal en las inmediaciones del Camino del Avellano y Barranco Bermejo.

La Casa del Aire fue un símbolo del movimiento okupa. Construida en el siglo XVII, era un edificio con 12 viviendas habitadas. En junio de 2004, sus propietarios la vendieron a una inmobiliaria que comunicó a los vecinos que los desalojaría por riesgo de derrumbe. Un año más tarde, la vendió a Edivara y comenzó un nuevo intento de echar a los vecinos. A partir de ahí se sucedieron las protestas para pedir al Ayuntamiento que paralizara el expediente de ruina y permitiera a los vecinos continuar en sus casas. En 2011, medio centenar de policías la desalojaron, pero en un primer intento, una de sus inquilinas, Clara Martínez, se negó a abandonar el inmueble. A partir de ese momento, hubo un cruce de acusaciones, juicios y la primera querella en Andalucía por 'mobbing' inmobiliario, impulsada por Stop Desahucios y el Movimiento 15-M. La casa estuvo habitada hasta 2017, aunque las okupaciones ilegales eran constantes. En 2019, una sentencia obligó a los propietarios a acondicionar la vivienda y mantener el contrato de alquiler con la hija del que fue el último inquilino, Manuel, que falleció en 2016. Las últimas noticias son de 2022 cuando, tras varios incendios, tapiaron los accesos al inmueble para evitar que continuara entrando gente.

En barrios históricos como el Albaicín, el Realejo o San Ildefonso, el problema de la okupación ilegal se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos, con denuncias constantes por suciedad, ruido y delincuencia. En el caso del Realejo, el problema lleva años agravándose. En julio de este año, por ejemplo, los vecinos pidieron el desalojo de un edificio okupado en la calle Santiago, un edificio que se quedó a medio construir con la crisis de principios del siglo y que, tras la pandemia, comenzó a ser pasto de los okupas. Pero son tantos los casos en el barrio, que merecerían una atención especial. Por poner algunos ejemplos, en 2022, los vecinos iniciaron una campaña de firmas como protesta. Había una fijación de los okupas por la calle Concepción, con varias viviendas intervenidas. En el 18 se escondió el presunto asesino del concejal granadino Castillo Higueras, el mismo día que fue desalojada, volvió a okuparse. El desalojo del número 21 de la calle Molinos, utilizado como local de fiestas nocturnas, se saldó con un par de detenidos y dos policías nacionales heridos y también fue llamativo el desahucio de casi un centenar de personas en el número 6 de la Cuesta del Pescado, un edificio que conocían el barrio como el ‘palacete’. En 2008 más de cien jóvenes se manifestaron por las calles del centro por el desalojo de un inmueble de la calle Damasqueros que conocían como el centro social ‘La Fábrica de los Sueños’.

Fue muy espectacular el desalojo de varias familias instaladas en la antigua sede de Emuvyssa en la calle Lepanto. Una era una pareja y sus cinco hijos, otra pareja con dos niños a su cargo aceptaron la propuesta de Servicios Sociales de buscarles un lugar donde vivir.

En mayo de 2011, hubo once detenidos y tres agentes heridos en el desalojo del Centro Social Okupado La Indiskreta, un edificio abandonado entre la calle Elvira y Gran Vía. Fue un caso muy parecido al de la calle Azacayas. Los jóvenes se negaban a abandonar el CSO y recibieron a los agentes lanzándoles aceite y pintura.

Zonas cuya urbanización ha estado mucho tiempo bloqueada han sido refugio para familias buscando un techo donde cobijarse. En las estructuras abandonadas de Villa Pineda, por ejemplo, vivían un centenar de familias. Stop Desahucios evitó en alguna ocasión el desalojo y la demolición de las ruinas que finalmente se llevó a cabo en 2021. En el Cortijo de los Cipreses ha habido inquilinos hasta 2023. En La Ponderosa, un solar abandonado entre el antiguo estadio de Los Cármenes y la vieja prisión donde hubo una comisaría, la policía desahució a siete personas en 2021. El mismo problema había en la Piscina Miami, un descampado lleno de broza ocupado por dos chabolas donde iba a construirse una macrourbanización, el cortijo de la Nocla, el cuartel de Automovilismo o el Estadio de la Juventud, residencia improvisada de varias familias de origen rumano hasta la remodelación de sus instalaciones, incluso la Azucarera de San Isidro, se llenó de la chatarra de la que vivían sus inquilinos. Al menos 25 personas llegaron a vivir en 2019 en este inmueble protegido como BIC y, entonces, abandonado.