La red granadina contrató obras con la trama Koldo con sobrecostes de más de siete millones

La Guardia Civil detectó conversaciones entre el conseguidor de Ábalos, los hermanos bastetanos y el cuñado donde se evidenciaba que se habrían propiciado modificaciones del presupuesto a petición de los empresarios para tratar de dirigir supuestamente los concursos. Tal y como adelantó este medio, la UCO investiga las adjudicaciones de la autovía A-63 de Asturias, el tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo. Los proyectos se desarrollaron entre 2018 y 2024. IDEAL ha analizado los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Dirección General de Carreteras. En dichas actuaciones, la empresa OPR, normalmente constituida en Unión Temporal de Empresas (UTE), presentó una oferta económica baja de forma que la administración resolvía a su favor. Sin embargo, posteriormente se tenían que modificar todos los contratos, incrementando el presupuesto.

En el caso de la A-63 en el proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada en el tramo Salas-La Espina en Asturias el sobrecoste asciende a 789.514 euros. En diciembre de 2018 la Dirección General de Carreteras hizo pública la licitación por un valor estimado de 7,5 millones. El 30 de abril de 2019 se procedió a la apertura de las ofertas. Se presentaron 21 empresas diferentes, entre ellas la UTE formada por Construcciones Perez Jiménez S. L., empresa granadina, y Obras Públicas de Regadios S.A. Su oferta económica ascendía a 6.102.423 euros, era una de las más bajas y obtuvo la puntación técnica más alta.

En segundo lugar, la UCO investiga la obra de la autovía A-32 (Linares-Albacete) y carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil, donde el sobrecoste es de cinco millones de euros. El exdirector general de carreteras, Javier Herrero, autorizó en octubre de 2019 la modificación del proyecto. El adjudicatario en solitario era OPR. El incremento líquido del coste ascendía en total a 5,8 millones de euros, lo que suponía un 8,07% de subida con respecto al proyecto de base. La obra total se calculaba en más de 75 millones de euros. La experiencia de OPR con esta carretera jienense no es nueva. En 2008 se le adjudicó ya ese tramo. La empresa presentó una oferta de unos 60 millones de euros cuando el presupuesto base de licitación eran 90. Esta carretera ha pasado por numerosas vicisitudes, ya que en mitad de la crisis económica se quedó sin fondos y se tuvieron que actualizar algunos de los proyectos y sus autorizaciones.

Sin embargo, la UCO hace hincapié en ese expediente de modificación de 2019 porque se incluyen los aspectos que le había destacado a Koldo F. M., el cuñado de los hermanos de Baza. Este sujeto fue interlocutor en defensa de los intereses de OPR. En concreto, la UCO encontró además en uno de los móviles de Koldo un mensaje que decía «Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR». Unos meses después, F.M., el cuñado, envió a Koldo una imagen del proyecto de modificación, acompañado de varias indicaciones; «Aprobar técnicamente en agosto y también la anualidad económica de 2019», se lee en el mensaje. Preguntado por este asunto tiempo después, Koldo aseguró que ya estaría «hecho». El cuñado llega incluso a quejarse al exasesor de que un funcionario le estaría pidiendo aclaraciones y le reclamaba a Koldo que no se olvidara del asunto. Así hasta que se produjo la modificación.

Por último, la tercera obra bajo sospecha corresponde a las actuaciones en la red ferroviaria entre Lugo y Monforte. En 2021, la ejecución de algunas obras del proyecto ferroviario, como puentes, túneles y explanaciones conllevaron la modificación de un contrato, que supuso un sobrecoste de 896.449 euros, cuando previamente se había adjudicado por 7,6. Cuatro años después, se iban a realizar obras de emergencia en la vía por la caída de un talud. D. F. M. contactó con Koldo para pedirle que la adjudicataria de la obra fuera OPR y que debían tener cuidado para que no se la adjudicasen a ninguna sociedad, dado que se les había «detraído 600.000 euros del expediente original, por lo que debía ayudarles».

El que fuera director de Carreteras le dijo a Koldo que estaban «enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de las licitaciones para tener más control», pero necesitaban «trabajarse» a los interventores y abogados del estado.