La Junta reparte a 726 funcionarios antes de que acabe el año para cumplir con la reforma judicial

En líneas generales, la planta judicial en la capital se condensará en tres grandes tribunales: un nuevo tribunal de instancia–donde antes se integraban los juzgados–, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. Desaparecen los juzgados con funcionarios estanco y cambian por completo los servicios internos, que algunos pasan a ser comunes entre estos tres grandes órganos.

Anteriormente, los juzgados de la Capital se componían de 55 órganos unipersonales. A partir de ahora, se suprimen los juzgados cerrados, que se agruparán por especialidad, y se cuenta con cuerpos comunes de funcionarios. En La Caleta, Plaza Nueva y en los Juzgados de Menores se disuelven las fronteras entre juzgados y los magistrados se integran en una única sección basada en su especialidad. El nuevo Tribunal de Instancia en Granada estará agrupado por especialidades. En concreto, se crean las secciones Civil, Instrucción, Familia, que incluye también infancia y capacidad, Mercantil, Violencia Sobre la Mujer, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Social y Contencioso-Administrativo. Habrá un presidente para todo el tribunal de instancia, lo que anteriormente se conocía como juez decano, además de tres presidentes que dirigirán la sección Civil, Instrucción y Social.

La Audiencia Provincial, que ya funciona como un órgano colegiado, mantendrá sus secciones, al igual que el Tribunal Superior de Justicia. En este modelo, cada órgano, tanto el Tribunal de Instancia de nueva creación como la Audiencia Provincial y el TSJA tendrán un servicio común de tramitación, que es propio para cada uno. Es el elemento organizativo básico de la nueva oficina judicial y se encargan de la gestión y tramitación de los procedimientos a su llegada. Sin embargo, compartirán un servicio común general y un servicio de ejecución.

El servicio común general se encarga del registro y reparto de asuntos, expenden diligencias, recibos de presentación y personación, asumen también la tramitación de auxilio judicial, de la atención a la ciudadanía y a los profesionales, así como de la gestión del archivo, de las listas de peritos y del apoyo a las actividades gubernativas y estadísticas, asegurando que todos los órganos judiciales tengan acceso a estos servicios comunes.

Por último, el Servicio Común de Ejecución (SCEJ), se especializa en la fase final del proceso judicial, gestionando la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales. Sus funciones abarcan desde la tramitación de incidencias procesales, la realización de averiguaciones patrimoniales, la adopción de medidas alternativas a la subasta, el control de plazos o la gestión de depósitos. En resumen, se encarga de hacer cumplir las resoluciones judiciales.

En las nuevas RPT la Junta de Andalucía ha creado 31 nuevos puestos de jefatura entre los funcionarios, un cargo que no existía antes y que llevan un complemento específico. Estos funcionarios asumirán ahora tareas de gestión de los equipos. Cabe destacar que la sección de violencia sobre la mujer contará con tres plazas genéricas más dentro del cuerpo de tramitación para ampliar la plantilla de esta jurisdicción al incrementarse sus competencias, dado que desde octubre asumen los delitos sexuales.

De estos 726 funcionarios, 36 darán servicio en las Oficinas de Justicia Municipales, los antiguos juzgados de Paz. La administración andaluza ha creado especificamente una plaza más de tramitador para Armilla.

Por su parte, los ocho juzgados de Motril pasarán a integrar un mismo Tribunal de Instancia con servicios comunes general, tramitación y ejecución, que suman 78 funcionarios. Se han creado cinco puestos de jefatura con complemento específico para los funcionarios que las ocupen. En total, la Junta ha incrementado en 220.000 euros su inversión en personal de justicia. El fin de la ley es descongestionar la Justicia, dado que ahora más funcionarios podrán conocer un determinado expediente al acabar con las fronteras entre juzgados y regrupar a los profesionales en cuerpos comunes. De acuerdo con el balance de 2024, el volumen anual de asuntos registrados en Granada y Motril fue de 117.013 asuntos, una cifra que no es baladí. Sin embargo, tanto la administración andaluza como los sindicatos se han mostrado críticos con la ley porque no llega dotada de recursos por parte del Minsiterio de Justicia y tampoco ha accedido a una moratoria en su implantación.