La Junta ha cancelado 1.700 licencias de pisos turísticos en Granada por irregularidades desde 2024

En declaraciones a esta redacción, Baena señala que estas actuaciones de control se intensificarán con la puesta en marcha de los grupos Titán de la unidad de Policía Nacional adscrita a la administración autonómica. Estos grupos, que actuarán en todas las capitales andaluzas, contarán con agentes formados en normativa turística y de consumo y podrán proponer sanciones económicas, retirada de licencias e incluso clausura de inmuebles en caso de infracción.

La responsable de Ordenación Turística explica que la Consejería está «dando las últimas pinceladas» al protocolo con las principales directrices con las que trabajarán estos policías especializados, que «en breve» comenzarán su trabajo de vigilancia y control, tanto en las plataformas en las que se anuncian las viviendas turísticas como en las calles. «Habrá ciberpatrullas e inspecciones físicas», anunció.

En paralelo, la Junta continúa sus actuaciones de lucha contra la clandestinidad del alquiler turístico, protección de residentes y usuarios, y mejora de la calidad turística del destino Andalucía. «Estamos mejorando mucho nuestra capacidad de trabajo digital. Hemos firmado convenios con bastantes ciudades, entre ellas Granada, para poder coordinarnos y compartir datos con los ayuntamientos», indica.

Eso implica, por ejemplo, que un propietario que quiera dar de alta en el registro de instalaciones turísticas de Andalucía un piso en una zona clasificada como «tensionada» recibe un aviso automático de que puede ser sancionado si continúa el trámite.

Los motivos de la cancelación de viviendas son variados, explica Baena, y abarcan desde carencias formales o de tipo administrativo hasta incumplimientos de las normativas urbanísticas o turísticas, desde la superficie por huésped hasta el acceso a la vivienda o la obligatoriedad de contar con un botiquín de primeros auxilios.

Estas actuaciones de la Junta se desarrollan en paralelo a la puesta en marcha del nuevo registro único de alquiler turístico de ámbito nacional. Desde el 1 de julio los propietarios de viviendas turísticas que quieran alquilarlas a través de plataformas online –como Airbnb o Booking– están obligados a inscribirse en ese registro del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El mes de julio comenzó con 3.930 propiedades registradas –de ellas 275 destinadas a alquileres de temporada– en la provincia de Granada, tras una avalancha de peticiones de inscripción en los días anteriores en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y en los registros de la propiedad de los diferentes territorios. La cifra queda muy por debajo de las 9.548 viviendas turísticas inscritas en el registro andaluz.

Elena Baena recuerda que Andalucía ha presentado –al igual que otras regiones– un recurso contencioso administrativo contra el decreto 1312/2024, que regula ese registro. «Primero, porque creemos que se extralimita respecto a lo dispuesto en el reglamento europeo relativo a la transparencia y el intercambio de datos en los alquileres de corta duración, con el que sí estamos de acuerdo. Segundo, porque invade competencias transferidas a las comunidades autónomas, como las de vivienda y turismo. Y tercero, porque no tiene rango suficiente para sustituir normas superiores», enumera Baena, quien recuerda que el dictamen del Consejo de Estado ya apuntaba en esa dirección.

¿Y en la práctica, cumple el registro único su propósito?Aparte de denunciar el «caos» que el procedimiento de inscripción generó en los días previos a su entrada en vigor, la Junta lamenta la falta de transparencia del Ministerio. «A 30 de junio había 45.000 viviendas en Andalucía que habían solicitado su inscripción en el registro y a 5.500 se les había revocado la solicitud, pero no sabemos por qué», critica Baena.