Ciencia

Investigadores de Granada se quedan sin financiación por el tamaño de un pie de foto

Antonio Acosta Vigil, Francisca Martínez Ruiz y Elena Gómez Díaz, tres investigadores del CSIC afectados en Granada. / RAMÓN L. PÉREZ

Profesionales del CSIC en la capital granadina denuncian la suspensión de sus ayudas por «un criterio ridículo e inaudito»

José Ignacio Cejudo
JOSÉ IGNACIO CEJUDOGRANADA

Es difícil de creer pero está ocurriendo. Científicos españoles se han quedado sin financiación pública para sus proyectos por un defecto de forma tan absurdo en sus solicitudes como el tamaño de un pie de foto. La situación, ya surrealista de por sí, se volvió esperpéntica poco después de notificarse dicho defecto: subsanado el error, la Agencia Estatal de Investigación alude la ausencia de una supuesta firma en los nuevos documentos que los directivos y representantes de los centros pertinentes niegan haber omitido y que tampoco han tenido la oportunidad de enmendar al no haber recibido aviso alguno. Muchos siguen sin respuesta tras haber presentado sus recursos.

Elena Gómez Díaz, Francisca Martínez Ruiz y Antonio Acosta Vigil son tres de los investigadores del CSIC afectados. Hacen su día a día en Granada. Denuncian a IDEAL lo mismo que denunciaron primero en EL PAÍS: «El tamaño de un pie de foto es una causa ridícula para excluir un proyecto, es llevar la burocracia a un extremo límite». Lo único que piden es un poco de sentido común, por más que ya se hayan resignado a la pérdida de esos miles de euros fundamentales en sus investigaciones.

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Fue en enero cuando recibieron una comunicación en sus respectivas sedes electrónicas por las que se les pedía una subsanación ante un defecto concreto: ciertos fragmentos de sus solicitudes no respetaban las exigencias de un tipo de letra Times New Roman con tamaño 11, algo obligatorio para evitar que se sume información adicional al límite de veinte páginas de las solicitudes. «No lo podíamos entender, y a los pocos días me hablaron del pie de una figura. No daba crédito», cuenta Francisca Martínez Ruiz, investigadora en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra como Antonio Acosta Vigil.

«Lo subsanamos y un mes más tarde, cuando creíamos todo resuelto, nos llegó una carta por la que se excluían nuestros proyectos al no haber presentado la subsanación. Teníamos el justificante del registro electrónico y nos dijeron que el problema era la firma del representante legal, el director de los centros», cuenta, todavía desconcertada, Francisca Martínez Ruiz. «No se lo habían notificado y nunca aparecieron las firmas pendientes. Los representantes defienden que no había nada que firmar, así que presentamos un recurso de reposición», concluye la investigadora, que sigue esperando respuesta mientras desde el Ministerio de Ciencia le piden paciencia.

Duele en especial el caso de Elena Gómez Díaz, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, experta en el parásito de la malaria que afecta a 200 millones de personas y que cada año se lleva por delante a medio millón. «Esta exclusión implica que estaremos un año y medio sin financiación y que no podremos continuar desarrollando las líneas de trabajo y los experimentos que teníamos planificados. Muchas cosas que hacíamos se quedarán a mitad», concreta Gómez Díaz, que tendrá que buscarse la vida con 200.000 euros menos.

«Somos de los pocos grupos en España en malaria humana porque el país está a la cola en su investigación. Es un varapalo, nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado», lamenta la investigadora, que además ve comprometidas sus opciones para estabilizar su trayectoria personal. «No queremos que nos regalen el dinero, sólo pedimos que nuestros proyectos sean evaluados por su calidad científica. El error fue ajeno a nuestra responsabilidad», insiste.

Indignados

«Son investigaciones con impacto directo en nuestra sociedad. Hay gente que muere por causas como la de Elena (Díaz Gómez)», alude Francisca Martínez Ruiz, indignada como Antonio Acosta Vigil, de su mismo centro, a quien lo excluyeron por mezclar dos tipos de letra idénticos en su curriculum, de tres páginas y media de una forma o de otra dentro del límite de cuatro. «Esto es un tiro en el pie. Podemos vivir de las rentas de colaboradores y demás, apretaremos para seguir intentando que nos ayuden a financiarnos, pero esto ya implica un año con un freno que no tendría por qué haber», añade el geólogo.

Lo más parecido a una respuesta que han obtenido en los últimos seis meses son las declaraciones de Enrique Payán, director de la Agencia Estatal de Investigación, en el reportaje del diario EL PAÍS, donde insinúa un despiste de los investigadores y les reta a probar el error del organismo que dirige. «Siguen en sus trece», asegura Antonio Acosta Vigil. «Estamos totalmente en contra de la imagen que se quiere dar de los científicos como personas que intentan aprovecharse y engañar. Hacemos ciencia en condiciones muy precarias y no es justo», alude Elena Díaz Gómez.

«El problema es doble. Por un lado el sistema científico español está anclado en el pasado en cuanto a su estructura y mecanismos de gestión, con metodologías desfasadas, y por otro lado los escasos recursos con los que se cuenta dejan fuera a muchas personas de manera injusta», cuenta Elena Díaz Gómez. «Los procedimientos del Estado no son aplicables en Ciencia», ratifica. A los investigadores no les queda más que vociferar en la prensa y escribir cartas de súplica a quienes mandan, o a quien sea que las atienda.