La memoria de la Fiscalía de Granada incide en que los fallos de las pulseras provocan «muchas absoluciones»

En consecuencia, el PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mientras la titular culpa al Ministerio Fiscal de promover «una valoración sin datos que genera una alarma que no se corresponde con la realidad» en unas incidencias que, según el órgano, serían «puntuales». Sin embargo, un documento oficial de la fiscalía provincial de Granada al que ha tenido acceso este medio advierte que los problemas son persistentes y que no se extralimitan a un simple fallo por el cambio en la empresa adjudicataria y la migración de datos, iniciado en febrero de 2023 con un contrato superior a 13 millones de euros.

Son numerosas las «deficiencias y desajustes» por errores técnicos son recurrentes, como fallos de cobertura, ubicaciones incorrectas y dilaciones en la instalación de las pulseras, que han provocado «muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de pruebas» o sobreseimientos, lo que dificulta el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento. La memoria provincial de la fiscalía relata episodios concretos en los que incluso un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constató durante una intervención fallos en la geolocalización cuando el agresor y la víctima estaban en el mismo espacio. El escrito advierte de que en varias ocasiones tras darse cita ante el juzgado de guardia para la implantación del dispositivo al investigado y condenado, la instalación no ha podido llevarse a cabo «por problemas técnicos», siendo preciso citar nuevamente a agresores e investigados. Los juzgados han llegado a llamar más de una hora al Centro Cometa para que acusaran recibo del envío de la documentación y concertaron la hora de implantación del dispositivo al obligado sin respuesta y alargando la espera para los implicados.

Además, a raíz de una de las actualizaciones del servicio y de manera temporal no fue posible la realización de nuevas instalaciones ni sustituciones de dispositivos telemáticos. Este problema en concreto, detectado hace un año, duró varios días y se puso en conocimiento del Ministerio de Igualdad y otros organismos correspondientes.

De igual forma, tanto el informe como el testimonio de fuentes judiciales consultadas por este medio, exponen que hay constantes errores de falta de cobertura y de ubicación. Algunos casos se han podido resolver favorablemente para la víctima gracias a la presencia de un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que pudo constatar que el dispositivo del agresor daba otra localización.

Por otra parte, las incidencias que se reciben del Centro Cometa han llegado sin la posibilidad de conocer la identidad del técnico para que sea citado en el juicio a través de videoconferencia ni tampoco la del asesor jurídico, «por lo que se han producido muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de prueba».

En Granada, fuentes judiciales consideran que el problema ha afectado a la instrucción de numerosos casos. «No es un error puntual, son muchos», insisten. De hecho, anualmente mantienen encuentros con el observatorio estatal de la violencia de género donde se han expuesto sobradamente estas situaciones.

Agentes judiciales explican que los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y la Fiscalía reciben incluso varios meses después la incidencia de la ruptura de una pulsera. «Con la ausencia de ubicación exacta, los presuntos agresores son fácilmente impugnables. El respeto a la presunción de inocencia es fundamental y sin pruebas hay casos abocados a la absolución», explican.

Los fallos de Cometa provocan también la merma psicológica de las víctimas, que por las deficiencias en el servicio reciben también «constantemente alarmas aunque su agresor no esté cerca». Es más, los juzgados granadinos han constatado algún caso en el que el agresor o investigado llevaba dos dispositivos con el fin de paliar los fallos en la localización. A todos estos inconvenientes, se une que algunos hombres manipulan y logran zafarse de los dispositivos sin que se produzca una rápida notificación.

El propio centro de control Cometa ha admitido algunas de sus incidencias y ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información anterior al 20 de marzo de 2024. La justicia granadina reclama mejoras en el servicio para garantizar la plena protección de las víctimas y su tranquilidad.

Sobrecarga en los juzgados

La provincia tiene 412 localizadores activos, según los datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Granada lidera el uso de este dispositivo en Andalucía, que es la comunidad autónoma que más emplea la pulsera (1.658). En la capital se da la circunstancia añadida de que los juzgados de violencia sobre la Mujer están sobrecargados. En abril de 2024, se trasladaron las competencias en violencia de género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital. Los tribunales han aumentado desde entonces más de un 40% el trabajo. Entran casi 2.000 asuntos en cada uno de los dos juzgados, pese el umbral de 1.600 casos de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Además, en este 2025 las diligencias urgentes, los casos que necesitan una respuesta inmediata son un 43% más que en 2024.