Empresarios y Ayuntamiento redoblan la presión para que el Gobierno paralice la AESIA

La Confederación Granadina de Empresarios pidió ayer que la creación de la AESIA, entidad por la que competían Granada, Alicante y otras 14 ciudades, se quede sobre la mesa «por limpieza democrática». En esos términos lo trasladaron un día antes, el lunes, a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, durante una reunión en la sede de Gran Vía. En ella estuvo presente el presidente de la CGE y de Cámara Granada, Gerardo Cuerva. «No es lógico ejecutar por urgencia un proceso que no está claro y está recurrido», señaló. «Por limpieza democrática, creemos que el Real Decreto debe quedarse encima de la mesa hasta después de las elecciones. Cualquier otra cosa sería incomprensible»

En el encuentro, los empresarios transmitieron también el «hartazgo» por las deficiencias de la provincia en cuanto a conexiones y el atraso en infraestructuras clave. «No somos competitivos, mientras nuestras provincias vecinas mejoran», dijo Cuerva, que estuvo acompañado en la reunión por un nutrido grupo de empresarios de distintos sectores.

A la petición de los empresarios en la reunión y en un comunicado remitido a los medios se sumará hoy el primer movimiento 'oficial' de la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, con respecto a la agencia. Había anunciado que una de sus primeras acciones tras tomar el bastón de mando sería pedir por carta al presidente, Pedro Sánchez, que empiece de cero el procedimiento para la determinación de la sede del organismo. Este mismo miércoles hará público el contenido de esa misiva. Irá en la misma línea de lo defendido por la Junta, que considera que el concurso no fue objetivo y cree que la decisión de llevar la agencia a La Coruña fue política y no técnica.

A esta sospecha han contribuido -así lo han afirmado en las últimas semanas representantes de la administración autonómica- las respuestas del Gobierno a los medios y al Supremo. La asociación civil Juntos por Granada y el Ayuntamiento -en nombre de las instituciones granadinas-, recurrieron el procedimiento ante el Alto Tribunal. El Supremo ha requerido en varias ocasiones la información solicitada por los recurrentes, una tabla de puntuaciones que justifique la decisión. La propia resolución del Gobierno incluía un listado de la nota máxima que podía otorgar a cada elemento evaluado. Ese análisis numérico permitió seleccionar a las tres mejores propuestas: Granada, Alicante y La Coruña. Sin embargo, no figuran en el informe las notas a cada una de ellas.

En la última respuesta del Gobierno ante el Supremo, señala que «no prescribe una metodología concreta para la elaboración del informe ni del dictamen de la comisión consultiva, que goza de libertad para ello y los ha realizado cumpliendo el tenor literal del artículo 6 del citado Real Decreto (el que regula la elección), por lo que no ha lugar la exigencia de una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente (Juntos por Granada)».

IDEAL ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio de Política Territorial los motivos por los que se ha decidido tramitar por la vía de urgencia el real decreto para la creación de la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial, pero no ha recibido respuesta. Desde la Subdelegación trasladan que es un asunto que depende de ella.

Está por ver si cambiará la estrategia del Ayuntamiento después de este movimiento -y del cambio de mando en la Plaza del Carmen-. La Junta de Andalucía había insistido en pedir medidas cautelares, instar al Supremo a paralizar la tramitación de la agencia para facilitar una hipotética reversión del procedimiento si, finalmente, el tribunal se pronuncia a favor de Granada y decide dejar en suspenso el dictamen. Sin embargo, los servicios jurídicos del consistorio, habían defendido que no era necesaria esta solicitud porque no había ningún acto administrativo en marcha que estuviese directamente relacionado con la AESIA. Ya sí lo hay: la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto por el que se crea la agencia y se aprueban sus estatutos.