Reparos a solicitar la suspensión cautelar de la agencia de la IA
El Ayuntamiento de Granada considera que los trámites que el Gobierno ha puesto en marcha no están vinculados directamente con La Coruña, lo que no afectaría si el tribunal decide revertir el proceso selectivo
Las instituciones granadinas, al unísono, decidieron emprender acciones judiciales. Coincidieron en que la elección de la sede para la agencia de inteligencia artificial, un proceso ... al que concurrieron 16 ciudades, no cumplió con los estándares de transparencia y objetividad que el propio Gobierno estableció para sacar de Madrid los organismos de nueva creación. En ninguno de los documentos publicados por los gabinetes implicados aparecían las puntuaciones otorgadas a cada candidata, una evaluación numérica que habría justificado, sin margen a la duda, el dictamen a favor de La Coruña.
Estuvieron de acuerdo en elevar la reclamación al Supremo, pero hubo debate -político y técnico- sobre la posibilidad de pedir medidas cautelares. La Junta de Andalucía insistió por carta la semana pasada en esta vía: solicitar al tribunal que suspenda los actos administrativos relacionados con la creación de la agencia en La Coruña. En otras palabras, tratar de impedir que el Gobierno dé pasos hacia la inauguración del organismo. Así, no habría obstáculos para que la justicia ordene, llegado el caso, revertir el proceso y obligar al Ejecutivo a que convoque de nuevo el concurso.
Los asesores jurídicos del Ayuntamiento ya se pronunciaron en contra de este mecanismo a finales de 2022. Y ayer volvieron a descartar la solicitud de medidas cautelares. Justifica esta decisión un informe de la concejalía de Ciencia e Innovación que desgrana los trámites que ha emprendido el Gobierno en relación con la agencia. Este documento concluye que no hay iniciativas en marcha que tengan una vinculación directa con La Coruña, solo dos licitaciones de servicios.
Solo hay dos trámites administrativos relacionados con la agencia, y ninguno de ellos tiene vinculo directo con su ubicación
La primera es la contratación del servicio de elaboración de documentación para crear el 'sandbox', que será un instrumento de trabajo para la agencia, el entorno en el que se pondrán a prueba en situaciones de riesgo ético los mecanismos de inteligencia artificial. Ya está adjudicado a Deloitte y OdiseIA. La segunda es el desarrollo de planes de impacto de la IA y de un sello de IA. El procedimiento ya está cerrado.
Son los dos únicos trámites administrativos, y tendrán un periodo de ejecución de dos años. Sin el 'sandbox', la agencia no podrá desarrollar su trabajo, puesto que la regulación sobre el uso ético de las nuevas tecnologías necesita de este instrumento de auditoría de las máquinas que imitan el comportamiento humano. Por otro lado, el reglamento europeo —argumenta el informe al que ha tenido acceso IDEAL— no estará listo hasta 2024. «Se habla de periodos de tiempo que pueden ir más allá de tres años desde la fecha actual. Por tanto, el periodo de entrada en funcionamiento de la agencia tiene todavía un periodo de tiempo muy largo».
2024
Es el año en el que está previsto, según la Concejalía, que la agencia pueda empezar a funcionar
En definitiva: «Ninguna de estas actuaciones y licitaciones prevén decisiones en cuanto a la ubicación, por cuanto son licitaciones para empresas, y no suponen la irreversibilidad en el proceso de puesta en marcha de la agencia en cuanto a su ubicación».
Con este informe como base, el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Luis García-Travijano, concluyó en un documento firmado ayer que «no se ve viable jurídicamente la solicitud de medidas cautelares» , dado que no hay posibilidad de «pérdida de finalidad del recurso». Hoy, el alcalde, Paco Cuenca, compartirá esta decisión con los demás representantes institucionales de la capital.
El alcalde convoca hoy al Pacto de los Mártires
La decisión de no tomar medidas cautelares se debatirá este mismo martes en una reunión de las instituciones que forman parte del Pacto de los Mártires. Se tratará también el expediente con la información remitida por el Gobierno al Supremo -idéntico a los documentos ya aportados, sin nuevos datos sobre la elección de La Coruña- y los próximos pasos a dar en la demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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