El Gobierno agiliza la agencia de IA mientras niega que haya puntuaciones a las candidatas
Argumenta que el mecanismo para la elección de la sede no obligaba a poner nota a las candidatas, pese a que en el dictamen había tablas de baremación
A un mes y diez días para las elecciones generales y a las puertas de los plenos de investidura -la capital cambia de manos este ... sábado-, la actividad de los partidos bulle mientras la administrativa permanece 'en funciones', reducida a lo indispensable. De ahí que cualquier trámite que escape de lo rutinario se preste a lecturas en clave política. En este contexto se han cruzado dos noticias con un mismo protagonista. Por un lado, el Gobierno niega ante el Supremo la existencia de documentos con puntuaciones a las candidatas a acoger la agencia de IA. Por otro, ha declarado 'de urgencia' dos trámites relacionados directamente con este organismo y sus primeros pasos en La Coruña, mientras el Alto Tribunal analiza dos recursos contra el proceso de designación de la sede.
En Granada, ambos se interpretaron ayer como un movimiento del Gobierno para agilizar la creación del organismo y taponar un hipotético revés judicial. La inauguración de la sede podría impedir una posible marcha atrás si el Supremo se pronuncia a favor de las instituciones granadinas, representadas por el Ayuntamiento, y la asociación civil Juntos por Granada. Ambos presentaron sendos recursos ante el Alto Tribunal al considerar que la elección de La Coruña, por delante de Alicante y Granada, no estuvo debidamente justificada con una tabla de puntuaciones dentro del mecanismo de concurso público para determinar la ubicación de la entidad.
Sin puntuaciones
Para comprender la polémica de las puntuaciones hay que volver a finales de 2022. La comisión consultiva que decidió ubicar la sede de la agencia de supervisión de la inteligencia artificial en La Coruña había establecido unos criterios de evaluación numérica. Por ejemplo, otorgaba un máximo de 9 a cada localidad si contaba con una «amplia red de acceso a medios de transporte público». Con la suma de las notas asignadas en 21 apartados a cada una de las 16 candidatas, el grupo de trabajo destacó la posición de tres de ellas: Granada, Alicante y La Coruña -aparecen en este orden en todos los documentos oficiales-. Sin embargo, en ningún papel figuran los resultados finales.
Juntos por Granada ha recibido una nueva contestación del Gobierno, firmada el 6 de junio, que deja claro que no hubo «valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente». Esto, a pesar de que la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, sí incluía unas tablas de baremación y argumentaba que estas fueron la base de la selección de Granada, Alicante y La Coruña como aspirantes «de excelencia».
El Gobierno argumenta que no dispone de la documentación solicitada por Juntos Por Granada. El decreto que regula la elección de la sede de la agencia, un trámite que el Ejecutivo calificó como objetivo y transparente, «no prescribe una metodología concreta para la elaboración del informe ni del dictamen de la comisión consultiva, que goza de libertad para ello y los ha realizado cumpliendo el tenor literal del artículo 6 del citado Real Decreto (el que regula la elección), por lo que no ha lugar la exigencia de una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, como solicita la parte recurrente», reza la contestación enviada a la asociación.
La comisión utilizó la tabla para seleccionar a las tres mejores candidatas, pero no ofreció el resultado final de la valoración
Pese a que no era exigible, la comisión sí se sirvió de la citada tabla de puntuaciones para seleccionar a las tres mejores candidatas, como demuestra la resolución que se publicó en el BOE el 6 de diciembre. De ahí en adelante, para determinar cuál de las tres debía ser la elegida, la comisión consultiva no pone nota a cada criterio, sino que hace un análisis punto por punto comparando a cada una de ellas.
Hubo un informe que fue determinante en la elección de La Coruña, que en la documentación remitida al Supremo aparece firmado mes y medio después de la adjudicación, discordancia de fechas que el Gobierno atribuyó a un «simple error». En él aparecen dos de los motivos que perjudicaron a Granada en su carrera por ser sede de la entidad: el aeropuerto, con menos conexiones que el de La Coruña, y las ayudas a funcionarios, menos precisas en el caso de Granada.
Trámite urgente
El segundo movimiento llegó el martes. El Consejo de Ministros aprobó tramitar de forma urgente la agencia y la redacción de sus estatutos. También opta por esta vía para la creación del entorno controlado de pruebas, que será una de las funciones principales del organismo. Será una especie de 'laboratorio' en el que se pondrá a prueba el uso ético de los algoritmos, siguiendo las leyes y normativas europeas.
Precisamente ayer, la Eurocámara anunció que está lista para negociar la primera ley sobre inteligencia artificial. El Parlamento hablará con los estados miembros de la Unión Europea para confeccionar el reglamento marco que servirá, a su vez, para que cada país desarrolle sus normas. Toda la tramitación se puede extender durante alrededor de dos años en los que la agencia, según fuentes de la candidatura de Granada, no tendría apenas funciones.
Según la ley, la tramitación por la vía de urgencia reduce a la mitad los trámites necesarios para hacer efectivo el decreto. El Consejo de Ministros tendrá que argumentar por qué agiliza el procedimiento. Hay dos opciones: que lo exija una normativa comunitaria -no es el caso, puesto que la ley europea no está aún aprobada-, o que «concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma». IDEAL preguntó ayer al Ministerio de Política Territorial por estos motivos, pero no obtuvo respuesta. Hoy, previsiblemente, se publicarán en el BOE.
Tras la respuesta remitida por la secretaria de la comisión consultiva al Gobierno y el anuncio de que el Ejecutivo tramitará por la vía de urgencia la creación del organismo, Juntos por Granada ha solicitado una ampliación de su recurso. Considera que lo anunciado ayer en el Consejo de Ministros es un hecho conexo, una adenda y un remedo del acuerdo originalmente impugnado.
El alcalde en funciones, Paco Cuenca, no se pronunció sobre estas noticias. Sí reaccionó el concejal electo de la capital y secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra. Lamentó «la consumación del engaño y la humillación» que supondrá el trámite de urgencia «a sabiendas de que la candidatura de Granada era la mejor valorada para acoger el ente».
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, afirmó ayer que la Junta de Andalucía «va a pelear hasta sus últimas consecuencias» en los tribunales, y junto con el Ayuntamiento de Granada, para que la decisión sobre la ubicación de la sede «sea justa y se atenga al cumplimiento» de la normativa. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro indicó ayer que el proyecto de la agencia «sigue su procedimiento lógico».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión