Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada

Los empresarios granadinos y hermanos bastetanos que ocuparon puestos de responsabilidad en OPR declararon en julio en calidad de investigados por el presunto pago de mordidas a cambio de contrataciones públicas, en el marco de la causa instruida por el Tribunal Supremo.

El 6 de agosto, justo un mes después, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores por «su estado de insolvencia actual». En un auto, en poder de este medio, el Juzgado de lo Mercantil Número 7 de Madrid designó un administrador concursal para la empresa y ordenó la publicación de la propuesta anticipada de venta de la unidad productiva. Es decir, la empresa negocia su propia venta.

La Subdelegación del Gobierno reconoce que la quiebra de OPR «está dificultando» el desarrollo de la obra. Sin embargo, no será necesario volver a licitar la ejecución porque al estar integrada en una Unión Temporal de Empresas (UTE) la otra mercantil debe responder. «Hay diversas opciones pues se trata de una UTE, no es una única empresa la adjudicataria», añade el organismo sin aportar más detalles.

Se desconoce, por el momento, cuándo volverán a reanudarse los trabajos. Subdelegación manifiesta que se realizaron los «reconocimientos geotécnicos», los estudios previos al inicio de la obra. La adjudicación de la construcción de la pasarela, proyecto que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se produjo a principios de año, en enero, con un plazo de ejecución de diez meses.

Este proyecto se declaró de urgencia en diciembre de 2023 con objeto de agilizar una intervención que cuenta con un presupuesto de 2,37 millones de euros. El Gobierno licitó en agosto de 2024 la pasarela para conectar peatonalmente Peligros y Albolote. Entre estos dos municipios hay una distancia corta, pero les separa la carretera GR-30 y el único camino habilitado es un puente para tráfico rodado. Los vecinos arriesgaban su vida para algo tan sencillo como coger el metro en el polígono de Albolote.

La pasarela peatonal entre Peligros y Albolote no es la única obra en desarrollo que mantenía OPR. Una empresa granadina ya ha presentado oferta y su declaración económica para quedarse con la unidad productiva de la mercantil. En el plan de viabilidad, incluyen 20 contratos que integran en la actualidad la unidad productiva por todo el país y uno de ellos en Armenia. En concreto, son cinco obras actualmente en ejecución o por empezar que afectan a la provincia.

Los contratos, que suman más de 18 millones de euros, incluyen el desdoblamiento de la VAU-10 en el acceso a La Zubia, por valor de 5,5 millones de euros y financiado con fondos europeos Next Generation; la obra de agrupación de los vertidos de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Íllora y Alomartes, donde trabaja en UTE con otra empresa y el contrato alcanza los 7,6 millones de euros; un contrato de servicio y mantenimiento para la GR-03, A-44 y la GR-14; el ensache y la mejora de la A-338, la carretera de la Citai, adjudicado por 2,9 millones y las obras de la circunvalación Sur de Motril estimadas en 2,2 millones de euros. Cabe destacar que entre las adjudicaciones que prevé asumir la empresa que ha presentado oferta para adquirir la producción de OPR figuran también el proyecto de adaptación de la calzada de la A-63 en el tramo entre Salas- La Espina de Asturias. Es una de las tres obras señaladas por la UCO como sospechosas, junto con las obras del tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo.

La web de la empresa no está ya operativa. Por ahora, se desconocen las causas de la caída en picado de una mercantil que en la última década había comenzado a explotar el sector público. OPR inició su andadura mercantil en julio de 2004 y no se sumergió en la contratación pública hasta el año 2015. Este medio se ha puesto en contacto con la representación legal de los hermanos y empresarios granadinos para conocer su versión de los hechos y espera respuesta.

El 17 de febrero de este año Daniel F. M. fue cesado como consejero, aunque continuaba vinculado como apoderado solidario. De igual forma, el empresario bastetano figuró en la directiva Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). En marzo de este 2025 fue nombrado vicepresidente, pero ya no figura en el organigrama.

Por su parte, Antonio, 'Toño', F. M. ostentó el cargo de asesor de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde abril de 2021 hasta octubre de 2022. El ingeniero es apoderado de OPR y también ocupó puestos de responsabilidad en Construcciones Pérez Jiménez.

Las autoridades investigan si utilizaron la mercantil Obras Públicas y Regadíos SA como vehículo para sus propios fines después de detectar conversaciones donde se habrían propiciado presuntamente modificaciones del presupuesto en adjudicaciones a petición de los empresarios, que, supuestamente, querían dirigir los concursos públicos.

Esta mediana empresa, que ha desarrollado su labor mayormente en la iniciativa privada, tiene su sede social en la calle Boix y Morer 5 de Madrid. Se fundó en Castilla la Mancha para posteriormente ampliar su ámbito de actuación al resto del Estado. Hasta la fecha, OPR contaba con oficinas en León, Toledo y Granada. En el año 2021, logró un importe contratado de 40,16 millones de euros dependientes del Ministerio de Transportes, tanto de Adif como de la Dirección General de Carreteras. Los vínculos con la cúpula del ministerio las desarrolló con ahínco el cuñado de los bastetanos, quien, según apuntan los investigadores, se valió también supuestamente de su puesto directivo en Acciona para introducir a su familia política en la trama.