Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso

En el primer documento, de 21 páginas, el abogado de Cerdán reclama de nuevo su puesta en libertad porque los investigadores policiales -la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- no han hallado hasta la fecha indicios concluyentes sobre la gestión o la recepción de mordidas por parte del acusado de manos de las empresas adjudicatarias. Esto es, de los cinco constructores imputados en la causa que han negado además en sus declaraciones judiciales el presunto cohecho.

En el segundo documento remitido al juez, de 41 folios, la defensa reclama una batería de diligencias de investigación para tratar de rebatir el fondo mismo de la causa. Un asunto que se inició como un presunto fraude de compraventa de mascarillas en plena pandemia y ha derivado en la implicación de dos exdirigentes del PSOE, mano derecha del secretario general y presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el presunto cobro de mordidas por el amaño de contratos estatales. Además, se solicita la testifical de un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil vinculados directamente con la investigación en el Supremo, que considera un desglose de otros casos que ha vulnerado las normas procedimentales.

Uno de los asuntos más relevantes de este escrito pone en entredicho un auto del juez del pasado 4 de febrero. La misma resolución en la que Leopoldo Puente avanzó que el objeto de la causa iba más allá de los contratos de mascarillas, ya que alcanzaba a varias licitaciones de obra pública de ADIF y Carreteras, organismos dependiente de Transportes.

En uno de los párrafos de este auto, el instructor encargó a la UCO un informe efectuado a partir de las comunicaciones intervenidas a José Luis Ábalos, su asesor en Transportes Koldo García y el presunto «conseguidor» de la red Víctor de Aldama. «Con especial referencia a los mensajes que pudieran haber intercambiado» este empresario «con José Luis Ábalos, su hijo Víctor, el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo».

Una genérica referencia, la de identificar las comunicaciones «con cualquier otra persona aforada», que según la defensa supone una clara vulneración del principio de inmunidad parlamentaria, consagrado en el artículo 71 de la Constitución para garantizar el derecho a la participación pública. El motivo a su juicio es que se estaría permitiendo a la UCO investigar a parlamentarios sin la obligatoria autorización de la cámara a través del suplicatorio.

Una circunstancia, por otra parte, que también fue soslayada por el juez Puente cuando en ese mismo auto de febrero modificó el objeto de la causa sin la pertinente exposición razonada del órgano que inició el caso, el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, o con la «pesquisa general» autorizada hace siete meses que afectaría a otros aforados no identificados hasta la fecha. Ello pese a la prerrogativa de la inmunidad que les asiste y que solo podrían ser investigados con el aval de la cámara, algo que no habría ocurrido en esta causa, según sostiene la defensa.

Por todo ello, entre las 11 diligencias reclamadas por los abogados de Cerdán existen dos que abordan este asunto. En una pide al juez requerir expresamente a la UCO para que identifique a los diputados aforados que están siendo investigados y suspendan dichas pesquisas hasta que no se dé cumplimiento a los establecido por el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el punto 12 del Reglamento del Congreso.

Del mismo modo, solicita que se ponga en conocimiento de la cámara que un «número indeterminado» de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el suplicatorio, por lo que urge a que se les informe individualmente de esta grave situación.

En otra petición de diligencias, reclama la totalidad de las actuaciones que se tramitan en el juzgado de la Audiencia Nacional por existir «cierto vínculo» con las del Supremo, según admitió el instructor en un auto de julio. Una resolución, no obstante, en la que luego añadió que la seguida contra Cerdán y Ábalos «tiene un objeto distinto», lo que vulnera a juicio de la defensa «todas las normas procedimentales». Para ello ponen como ejemplo que la declaración incriminatoria de Aldama en el primer juzgado de la Audiencia (noviembre de 2024) debió de continuar con la apertura de un nuevo procedimiento en ese órgano al tratarse de hechos nuevos. Una circunstancia, por lo tanto, que debería de haber conllevado una exposición razonada contra Cerdán, algo que no se produjo.

El escrito también requiere al juez que pida a la UCO la aportación inmediata de todos los informes pendientes sobre el exdirigente socialista, concretamente el informe patrimonial. Además del material «expurgado» y declarado «secreto» que posee la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil. Del mismo modo, se reclama solicitar a los investigadores cuál es el motivo de la existencia del chat «K fontanería», según el sumario, por parte de integrantes del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente del comandante Rubén Villalba, imputado en la causa de la Audiencia Nacional.

Quieren saber los abogados defensores quién creó ese chat, con qué miembros, identificar a «K» y a qué actividad se refieren con «fontanería» y si manipularon a Koldo para sus fines. Están convencidos de que Villalba facilitó al exasesor de Ábalos los teléfonos móviles con los que se grabó a Cerdán, aunque por ahora éste niega su autoría.

Sobre la declaración de Aldama de noviembre pasado que supuso su excarcelación, en la que apuntó por vez primera al exdiputado preso, la defensa reclama una copia para rebatir las acusaciones. Mantienen la tesis, en contra de lo que dijo el empresario, que parte del dinero del fraude con hidrocarburos lo utilizó para tratar de sobornar a Ábalos con el objetivo de influir para que el Gobierno cambiara su posición con respecto a Juan Guaidó, líder opositor venezolano, en 2019.

«Ni fraude en la contratación (de obra pública) ni Delcygate, sino fraude del IVA del petróleo y Guaidó, las verdaderas razones por la que Aldama pretende disfrazar el origen ilícito de su dinero para eludir las consecuencias que le llevan a prisión y que con sus falsarias declaraciones dieron lugar a este procedimiento», señala el escrito, que reclama la lista de visitas que recibió Aldama durante el mes que estuvo preso «al objeto de determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas para dirigir su declaración».

Sobre la comparecencia de testigos, piden la presencia de los dos guardias civiles que firmaron el informe de 5 de junio que incriminó por primera vez a Cerdán; al comandante Villalba por su relación con Aldama y Koldo, sus informantes; al jefe de este oficial, el general Gregorio Pérez Turiel, que fue informado por su subordinado de su detención; a los 14 agentes del chat «K fontanería», dos de los cuales compraron y entregaron móviles seguros a los investigados; y, por último, al jefe de la investigación policial, el teniente coronel Antonio Balas, para conocer qué otros procedimientos revisó para nutrir el informe de junio sobre las ocho grabaciones de Koldo a Cerdán.