El edificio de Santa Ana: doce años de okupaciones y graves incendios

El informe se realiza al hilo de los acontecimientos de este lunes, cuando pasadas las doce y media del mediodía una vivienda comenzaba a arder cerca de Plaza Nueva. El intenso fuego provocó que hasta el lugar de los hechos se trasladaran bomberos de los dos parques de la ciudad, tanto Sur como Norte, así como miembros del Plan Infoca, junto a Policía Nacional, Local y servicios sanitarios del 061. A lo largo de la jornada de ayer aún se pudieron ver efectivos del servicio de extinción refrescando lo que quedaba del inmueble. Las llamas se veían el lunes desde todo el centro de Granada y los que menos parecieron sorprenderse fueron los vecinos de la zona, que aseguraron que llevaban tiempo siendo conscientes de la situación del edificio. La rápida actuación evitó que se produjeran daños personales y protegió la iglesia ubicada junto a la vivienda. Tras la actuación inicial, tocaba analizar los daños. Los técnicos visitaron la zona y desde el Consistorio se recabaron todos los datos que había sobre este inmueble. Y la información es extensa.

Entre 2013, cuando se produjo el primero fuego, y el siniestro del lunes, el inmueble cambió de propietario e incluso se llegó a pedir una licencia de rehabilitación, que se concedió, pero no se llevó a la práctica precisamente por la okupación ilegal. A lo largo de estos doce años a los que se remonta el expediente, desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo requerimientos para la realización de informes de evaluación del edificio y se han realizado numerosas intervenciones mediante órdenes de ejecución y declaraciones de ruina física inminente parcial. La última actuación que se recoge en este estudio de situación se fecha en hace solo dos meses. En concreto, el 8 de abril se visitó el edificio y se advirtió «que persisten las condiciones de abandono y de incumplimiento del deber de conservación, así como la posible presencia de okupas».

El primer expediente se abre en enero de 2013, tras un incendio, los entonces propietarios solicitan una visita y una declaración de ruina. Dos meses después, se decreta esta ruina parcial y se ordenan medidas urgentes de seguridad y demolición que se ejecutan. En mayo de 2014 se hace un informe favorable.

Tres años después del archivo de ese expediente se abre otro por otro incendio. El fuego se produce el 21 de febrero de 2017 y vuelve a decretarse la ruina parcial y a reclamarse la adopción de medidas urgentes. En octubre del mismo año se archiva porque los técnicos indican que se han realizado las obras para garantizar la seguridad.

Paralelamente hay otro expediente abierto en el que se reclama la presentación de un informe de evaluación, una petición que vuelve a notificarse, porque el edificio cambia de propietario. Los nuevos dueños no presentan este informe porque comunican que han solicitado un permiso para rehabilitar el inmueble y hacer un cambio de uso. La notificación de la petición de licencia para estas obras de mejora es de enero del 2018 y no es hasta casi dos años después, a final de 2019, cuando se da luz verde. Sin embargo, de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso IDEAL, meses después, a principios de 2020, tanto la Policía como la propiedad denuncian la okupación ilegal de las viviendas y la rehabilitación no llega a llevarse a cabo.

A partir de ese momento, en varias ocasiones se emiten informes en los que se constata que sigue habiendo ocupantes ilegales. En concreto, en agosto de 2021 un documento de inspección propone que ante la reiterada okupación y la consiguiente no rehabilitación se proceda a la caducidad de la licencia para el arreglo del inmueble y de esta forma se vuelva a pedir el informe de evaluación del edificio a los dueños. En febrero de 2023 se vuelve a dar traslado a la Dirección General de Licencias y Disciplina de otro informe en el que se insiste en el mal estado del edificio, la no iniciación de obras de rehabilitación y la okupación ilegal.

Ante este nuevo informe, en junio de ese mismo año 2023 se declara la caducidad de la licencia de cambio de uso. En ese mismo mes, se incluye en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas por incumplimiento del deber de conservación. En noviembre de 2024 se emite un nuevo informe técnico en el que se indica que habiendo caducado esa licencia, que nunca llegó a ejecutarse, los dueños del edificio tienen la obligación de presentar el informe de evaluación del edificio.

En el expediente del edificio de la calle Santa Ana se apunta, asimismo, que con fecha de abril de 2025, y después de haber concluido los plazos y haber resueltos las alegaciones presentadas por los propietarios, el inmueble está «en situación legal de ejecución por sustitución». Indica, además, que hay otros dos expedientes sobre el mismo inmueble que aún se encuentran en proceso de tramitación. Ahora y tras la última visita de los inspectores de Urbanismo, tras el fuego que arrasó el edificio, se emitirá una nueva orden de ejecución de medidas urgentes al propietario que incluya demolición de elementos susceptibles de caer, colocación de andamio de protección y desescombro.