El Ayuntamiento pide al juez la ejecución de la sentencia que le devolvió Casa Ágreda
El instructor de la causa penal por la cesión frustrada del palacete a una ONG insta el «urgente cumplimiento» de la tasación encargada
Mientras Casa Ágreda, el palacete del siglo XVI ubicado en la cuesta de Santa Inés del Albaicín, sigue cerrada a cal y canto, los dos ... frentes judiciales que giran en torno a ella en las vías civil y penal siguen abiertos. En el primero de ellos, un juez resolvió el contrato mediante el que el Ayuntamiento de Granada cedió, con derecho a compra, el histórico edificio a una oenegé con sede en París. El efecto de aquella decisión era la devolución del inmueble a la ciudad, algo que aún no ha sucedido y que el Consistorio acaba de pedir.
En concreto, lo que el Ayuntamiento que preside el socialista Paco Cuenca ha instado es la ejecución provisional de la sentencia que dictó en marzo pasado el juez Santiago Ibáñez, que es titular del Juzgado de Primera Instancia 13 de la capital. Así consta en el escrito remitido por el Consistorio a ese órgano, una demanda en la que solicita al magistrado que despache «la ejecución por la cual el Ayuntamiento de Granada recupere la posesión y plena disposición de la Casa Ágreda».
Al mismo tiempo, si el juez accede, el Ayuntamiento deberá devolver a la oenegé de la cesión finalmente frustrada, AIDE Federation, 314.000 euros, la suma que entregó en su día, más los intereses legales. Esa devolución también fue ordenada en la sentencia de este proceso judicial, la cual fue recurrida por la oenegé ante la Audiencia Provincial de Granada, que, según se desprende del escrito, aún no se ha pronunciado.
El Ayuntamiento justifica su petición en el «lamentable» abandono del palacete, que requiere «una intervención a la mayor brevedad posible». Así, anuncia su intención de llevar a cabo «de forma inmediata y urgente» las obras de mantenimiento y reparación imprescindibles para frenar su progresivo deterioro.
Recientemente ha habido asimismo novedades en la causa penal de Casa Ágreda, que es el otro frente judicial abierto en torno a este controvertido edificio, de cuyo deterioro ha venido alertando también de forma insistente 'Vamos, Granada', a través de la edil Marta Gutiérrez, candidata a la alcaldía. La causa, en la que Gutiérrez es una de las acusaciones populares –otra la ejerce el empresario Ramón Arenas–, se investiga en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, que ha rechazado que vuelvan ser interrogados como investigados el exalcalde José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Esas nuevas declaraciones habían sido propuestas precisamente por 'Vamos, Granada', que asimismo pedía que se realizase ya la tasación del inmueble.
Lo que exactamente pidió 'Vamos, Granada' era, aparte de la nueva comparecencia del exregidor y la exedil –en la causa también están siendo investigados ex altos cargos de Urbanismo y una persona vinculada a AIDE en España–, que se acordase de una vez «un equipo multidisciplinar para la valoración» de Casa Ágreda. Además, solicitaba al juez que pidiera al Ayuntamiento que remitiera una certificación del valor asignado al palacete en el inventario municipal de inmuebles. Y a lo que ha accedido el juez que lleva el proceso penal, José Luis Ruiz Martínez, es al «urgente cumplimiento del informe pericial encomendado a Taxo Valoración», en el que se deberá determinar por expertos el valor histórico-artístico del palacete. Así lo ha dispuesto en un auto fechado el 15 de mayo, también consultado por IDEAL.
Con ese informe pericial se culminará previsiblemente la instrucción del caso, uno de los asuntos de presunta corrupción urbanística que salpicaron al anterior gobierno municipal. Los otros dos son el caso Serrallo, que será enjuiciado el año que viene, y el caso Nazarí, que está pendiente de la apertura de varias piezas separadas que dividirán las ocho operaciones bajo sospecha.
La causa penal de Casa Ágreda se inició en 2016 a raíz de una denuncia de la fiscalía. Se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación presuntamente irregular de este edificio a AIDE Federation, que pretendía rehabilitar el edificio y darle un uso social. El caso fue archivado y luego reabierto por orden de la Audiencia.
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