El Ayuntamiento de Granada abrió siete expedientes para desalojar a los 'okupas' del Avellano

La cuestión, que en las últimas semanas ha enfrentado al Consistorio a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, se originó hace casi un año con una denuncia del Patronato de la Alhambra. La institución, entonces aún regida por Reynaldo Fernández Manzano, tuvo constancia de la ocupación de varias cuevas situadas en terrenos pertenecientes al monumento e inició un procedimiento judicial para sacar a los habitantes de la zona. Los responsables del monumento estaban preocupados por la seguridad y la salubridad en la zona.

Según explican desde el Ayuntamiento, el juzgado, tras revisar la denuncia de la Alhambra, instó al Consistorio a que hiciera el desalojo. Sin embargo, cuando los técnicos municipales se personaron en la zona advirtieron que los terrenos ocupados no pertenecían al patrimonio de la ciudad, lo que obligó a la concejalía a cancelar la operación.

Los técnicos identificaron al Patronato de la Alhambra y a la Confederación Hidrográfica como propietarias de una veintena de cuevas ocupadas situadas en la colina de la Fuente del Avellano. También localizó a A. L. R. M. y A. G. S., dueños de tres parcelas cercanas al cauce del Darro en las que se constató la presencia de un asentamiento ilegal. Asimismo trató de contactar infructuosamente con una cooperativa, La Colmena, que aparecía como titular catastral de otras seis cuevas en el camino de la Solana.

El área de Urbanismo y Medio Ambiente se reunió entonces –otoño del año pasado– con ellos para comunicarles su intención de abrir una serie de expedientes con los que dar cumplimiento al mandato judicial. «La mayoría, salvo la Alhambra, echó balones fuera porque no conocían el procedimiento ni tienen un cuerpo policial a su cargo», aseguran fuentes del Ayuntamiento.

Después de esperar respuesta por parte de los propietarios, la concejalía abrió siete expedientes informativos y les requirió que ejecutaran la petición de desalojo emitida por el juzgado. Lo hizo en varias ocasiones a través de una serie de decretos aprobados entre el 4 de octubre y el 26 de febrero pasado.

Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, los propietarios privados hicieron alegaciones a los decretos en las que justificaban que habían presentado ya demanda civil para proceder al desalojo, que fueron estimadas parcialmente.

Por su parte, el Patronato de la Alhambra procedió a tapiar inicialmente diez de las cuevas situadas en sus terrenos, pero no pudo hacerlo en otras once al constatar la presencia de moradores en algunas de ellas. Según explican desde el monumento, la institución no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, por lo que requieren la actuación de un cuerpo policial para proceder al desahucio. «En estos momentos estamos estudiando con el gabinete jurídico la acción judicial para poder instar al desalojo», aseguraron ayer fuentes del Patronato de la Alhambra

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respondió al expediente solicitando planos de ubicación de las cuevas ocupadas al comprobar que, según sus estudios, las cuevas estaban situadas fueras de dominio hidráulico. Esa información, como asegura el Consistorio, se le transmitió por correo electrónico el pasado 3 de diciembre.

En estos momentos, el proceso de desalojo de los 'okupas' se encuentra detenido a la espera de que el juzgado determine la forma de proceder.

Consultado por esta cuestión, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, mostró la «disponibilidad absoluta» del gobierno local para encontrar una solución al problema, aunque subrayó que corresponde a los propietarios sacar a los okupas del Avellano.

El edil reconoció que el Ayuntamiento podría actuar de forma subsidiaria, «aunque después tendríamos que pasar la factura de la operación a los dueños y denunciarlos». «Es algo que queremos evitar, preferimos estar abiertos a la colaboración», dijo.

Mientras tanto, los 'okupas' se mantienen en el asentamiento del Darro y las cuevas cercanas a la Fuente del Avellano. Con una población intermitente, en estos momentos no se puede precisar un número exacto de habitantes, aunque este periódico pudo constatar ayer la presencia de tres personas y seis tiendas de campaña junto al cauce del río.

Este periódico quiso conocer la opinión de los ocupantes, sin embargo, tras consultarles prefirieron no hacer declaraciones. «No queremos problemas ni con los vecinos, ni con la Policía. Sólo queremos vivir sin molestar a nadie en mitad de la naturaleza», fue el único mensaje que quisieron transmitir.

El proceso de un desalojo se inicia en un juzgado tras una denuncia y corresponde a la magistratura encargada del caso emitir la orden de ejecución. Son los agentes policiales los responsables de la actuación, aunque no hay un cuerpo concreto para este tipo de operaciones. «Puede ser llevado a cabo por la Policía Local, la Policía Autonómica o la Policía Nacional, siempre en función de las competencias de las administraciones que detenten las competencias –Ayuntamiento, Junta de Andalucía o Gobierno central–», explican fuentes policiales.

En el caso de Granada, en el que hay hasta siete expedientes abiertos, el proceso judicial no culminará hasta que los procedimientos administrativos se cierren. Eso ocurrirá una vez que se ejecute el desalojo y el Consistorio constate de manera oficial que los habitantes ya no se encuentran en la zona.