Seis meses del apagón aún sin culpable

La cuestión clave es quién fue el culpable del apagón. Incluso si ha habido un culpable. La determinación de responsabilidades permitirá a los damnificados reclamar las compensaciones pertinentes, pero los expertos dudan de que se vaya a poder llegar a este punto y menos a corto plazo. «No creo que ningún informe técnico señale a un único autor como responsable, otra cosa es que en el futuro se diga de forma oficial qué agente tuvo más o menos responsabilidad penal o económica», explica a este periódico el doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III (UC3M), Marcial González.

Por el momento, los agentes del sector implicados aguardan a conocer los resultados de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Es deber de un regulador dar respuestas al público sobre un suceso de tal gravedad. Sin embargo, dudo que la CNMC disponga de todos los datos necesarios para extraer conclusiones irrefutables sobre las causas fundamentales del apagón y los responsables que deben rendir cuentas», se lamenta Jonathan Bruegel, analista del sector eléctrico del equipo europeo de IEEFA.

Por su parte, el profesor de la UC3M indica que el último reporte factual de Entso-e se limitó a enumerar qué ocurrió el 28 de abril, mientras que el segundo -que se publicará en el primer trimestre de 2026- estudiará cómo se estaba realizando el control de tensión, irá a la raíz de los problemas detallados y dará propuestas de cambio. El control de la tensión lo efectúan los generadores, pero como los episodios de sobretensión eran «continuos y frecuentes» antes del corte eléctrico, podría decirse que la responsabilidad es del operador del sistema (Red Eléctrica) que estaba permitiendo que eso fuera así: «Claramente hay una responsabilidad compartida, falta saber por qué se hicieron las cosas así», indica González.

El especialista cree, además, que hay que diferenciar los tipos de culpa: la técnica -que puede no recaer en un único responsable-, la jurídica -que según fuentes del sector eléctrico podría tardar en resolverse hasta diez años- y la social, las cuales, en cierta medida, pueden ir de la mano. El profesor explica que todo apunta a que será un juez quien determine las responsabilidades económicas, y eso no se materializará a través de una explicación técnica. Por ello, la imagen mediática y social es igual de importante porque va a afectar a la preconcepción con la que los tribunales lleguen al enfrentarse al caso. Y esta es la razón por la que, según el experto de la UC3M, se está produciendo una «guerra mediática» entre las compañías y Red Eléctrica.

De hecho, lo complicado para la compañía que preside Beatriz Corredor ahora es mejorar su imagen pública. Su intención en las últimas semanas ha sido la de escudarse en el argumento de que si las cosas salen mal es porque normativamente no se le ofrecen todas las armas para trabajar, indican los analistas consultados. Pero la realidad es que REE tiene potestad total para operar la red y garantizar que no haya riesgo de otro apagón: «Es como si un árbitro de fútbol se queja de que en el partido están sacando muchas tarjetas amarillas, cuando es él el responsable», argumentan.

El abogado de Legálitas Francisco Tébar constata que miles de familias ya han liquidado sus averías de electrodomésticos o la pérdida de alimentos con sus seguros. Señala que en algunos casos las aseguradoras ponían complicaciones para resolver el caso porque aludían a un problema de «fuerza mayor». Sin embargo, en esta firma explican que es «público y notorio» que había varios avisos de que podía pasar algo así, por lo que era previsible y se debe compensar a los asegurados: «Si se dice durante una semana que va a caer un meteorito, es responsabilidad del Gobierno evacuar a la población de la zona antes de que caiga ese meteorito», ilustra.

Más allá del suceso de abril, REE ha alertado en octubre de «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico pese al modo reforzado en el que lleva operando desde el día después del apagón. «Hasta el primer trimestre de 2026 no vamos a estar tranquilos», advierte José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Pontificia de Comillas. Será cuando la entrada en vigor del procedimiento aprobado en junio permita también que las energías renovables realicen un control dinámico de tensión.

Mientras tanto, la sensación entre los expertos es que las soluciones están siendo, en cierta forma, parches. El citado P.0. 7.4 llevaba años en la mesa de la CNMC. No obstante, «se trataba de un documento inicial con unas condiciones de red y una integración de renovables que es diferente a la actual, por lo que han pedido modificaciones sobre la misma», afirma José Luis Domínguez García, responsable del Departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia en el Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC).

Por otro lado, estas medidas técnicas tienen sus plazos de ejecución, por lo que la clave es seguir actuando en varios frentes. «Probablemente eso sea una de las causas que salve al menos temporalmente a la central nuclear de Almaraz dos o tres años más hasta que el resto de medidas impulsadas empiecen a ser viables», señala Linares. Además del control de tensión, la IEEFA ya ha recomendado una revisión exhaustiva del dimensionamiento y la capacidad de respuesta de las reservas de control de frecuencia no solo en España, sino en toda la Unión Europea.

Desde un enfoque económico, Mar Reguant, investigadora del Instituto de Análisis Económico (IAE-CSIC) cree que las iniciativas propuestas van en dirección opuesta a lo que sería necesario para aprovechar la energía barata que se puede producir en España a partir de flexibilización con baterías o hibridación.

El modo reforzado está suponiendo desde mayo un sobrecoste de casi dos millones diarios al consumidor y el precio de la luz casi se ha triplicado desde abril. Para Reguant, «hay soluciones a problemas técnicos que se están implantando en otros países y que probablemente nos cuesten menos dinero a medio plazo».