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Domingo, 31 de marzo 2019, 01:54
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La formación de un nuevo gobierno supone siempre un difícil ejercicio de equilibrios. Si la estructura debe englobar a ocho provincias diferentes y contar además con las sensibilidades de dos partidos distintos, la cuestión se complica hasta límites insospechados. Es lo que está ocurriendo en Andalucía desde que el pasado 18 de enero el popular Juan Manuel Moreno tomara posesión de la presidencia de la Junta tras ser aupado a la misma por su propio partido, Ciudadanos y Vox.
Durante los dos últimos meses, los nombramientos se han ido sucediendo hasta alcanzar los 200 nuevos altos cargos, que son 143 si se excluyen delegados de gobierno y delegados territoriales, habitualmente apegados a las provincias que les corresponde. De esos 143, 16 proceden de Granada, lo que la convierte en la tercera con mayor representación en el Ejecutivo andaluz tras Sevilla y Málaga, que tienen 34 y 18 respectivamente.
De los dos partidos que comparten el Gobierno de la Junta de Andalucía, Ciudadanos es el que más altos cargos granadinos ha incorporado a la administración con ocho. Los nombramientos los ha repartido de manera equitativa hasta el punto de que ninguna de sus cinco consejerías -Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Educación y Deporte; Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; y Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local- carece de granadinos entre sus responsables.
Por su parte, el Partido Popular ha llevado a San Telmo a siete altos cargos vinculados a la provincia. La mayor parte de ellos, hasta cuatro, se concentran en Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, consejería liderada por Marifrán Carazo y llamada a ser el caballo de Troya de Granada en Sevilla. Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Cultura y Patrimonio Histórico son las otras dos carteras dependientes de los populares que cuentan con representación granadina.
Por contra, Presidencia, Administración Pública e Interior, Salud y Familias y Hacienda, Industria y Energía, consejerías dependientes del PP, no cuentan con presencia granadina entre sus altos cargos. Precisamente una de ellas, la dirigida por Alberto García Valera, tiene aún designaciones pendientes en entidades adscritas con una fuerte vinculación a la provincia como Cetursa Sierra Nevada, Apartahotel Trevenque y Promonevada, lo que puede derivar en un aumento de la cuota nazarí en el nuevo Ejecutivo andaluz.
Algo similar ocurre en Cultura y Patrimonio Histórico, donde se espera que Patricia del Pozo, que ya dio la dirección del Patronato de la Alhambra a hasta ahora edil popular Rocío Díez, anuncie pronto la dirección de la Fundación Legado Andalusí.
Una radiografía de los granadinos llamados a liderar la Junta de Andalucía refleja diferencias respecto a etapas anteriores, donde los altos cargos se ajustaban más a un perfil político.
Un 60% de los nuevos dirigentes proceden del funcionariado y, aunque algunos de ellos han ostentado cargo público en alguna institución, en sus trayectorias domina claramente su labor dentro de la administración. Aquí pueden encuadrarse 'fichajes' como los de María Inmaculada Ramos Tapia (Directora general de Universidades) y Fernando Delgado Ramos (Director General de Planificación y Recursos Hídricos), ambos con carrera dentro de la Universidad de Granada, o María Dolores Ortiz Sánchez (Secretaria General Técnica de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio), funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 2004.
Entre los nuevos nombramientos también hay figuras procedentes del sector privado. Es el caso de Joaquín José López-Sidro Gil (Director General de Administración Local) y Daniel Salvatierra (Director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas) que, aunque han estado ligado a alguna administración -el primero ha sido edil en Huétor Vega en los últimos cuatro años-, han desarrollado casi toda su carrera en el ámbito del Derecho y la Geriatría.
La presencia de perfiles políticos, aunque menor, permanece tanto entre los nombramientos que corresponden al Partido Popular como Ciudadanos. Es ahí donde se puede encuadrar a figuras como Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez (Secretario General de Turismo), José García Fuentes (Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril), Enrique Manuel Catalina Carmona (Director general de Infraestructuras) y Marifrán Carazo (Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio).
Aunque el proceso de formación de la nueva estructura de la Junta de Andalucía no ha concluido, sí se pueden extraer ya algunas conclusiones. El número de consejeros vinculados a la provincia se mantiene respecto al anterior Ejecutivo. La cuota nazarí representada por María José Sánchez Rubio, que estaba al frente de Igualdad y Políticas Sociales, se mantiene con la llegada de Marifrán Carazo. No obstante, más allá de este dato, lo cierto es que la provincia gana peso en San Telmo. La nueva responsable de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se ha rodeado de figuras vinculadas con Granada, que ocupan de manera mayoritaria una de las carteras más importantes y con mayor dotación del Gobierno andaluz.
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