Irene Lanzaco

Directora general de la Asociación de Medios de Información

«En el juicio tenían más abogados que empleados en España»

-¿Qué valoración hace de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid?

-Estamos enormemente satisfechos. El magistrado ha estimado prácticamente en su totalidad la demanda interpuesta por los medios de AMI contra Meta, declarando que el comportamiento de la compañía ha consistido en la venta de publicidad segmentada sin disponer de una base legítima de consentimiento. Es un acto de competencia desleal que ha privado a los medios de información españoles de unos ingresos necesarios para que podamos cumplir con nuestra labor y misión pública de informar a la sociedad de los temas que realmente importan.

-El juez estima la demanda parcialmente, ¿qué ha quedado fuera?

-Bueno, prácticamente nada. Realmente, cuando realizamos la estimación de los daños, omitimos consignar unos gastos que mejoraban la base sobre la cual habíamos efectuado el cálculo de los daños producidos. Simplemente eso.

-Meta ha dicho que va a recurrir y que es una demanda infundada, carente de pruebas, y que son transparentes…

-Bueno, aquí está la prueba de que lo que dicen simplemente no es verdad. Además, están todas las resoluciones dictadas por el Comité Europeo de Protección de Datos que, por cierto, son decisiones vinculantes para las autoridades nacionales. Es evidente que han incumplido todas las resoluciones y son frecuentes las multas por incumplir sus obligaciones. Pero estas no tienen en consideración el daño que se genera a los competidores, que es lo que hemos conocido hoy. La invasión de la privacidad de los usuarios supone un ilícito normativo en materia de privacidad, pero tiene unos efectos en los competidores: en este caso, los medios nos hemos visto privados de unos ingresos publicitarios que deberían haber estado a nuestra disposición. ¿Transparentes? No es verdad. En sede judicial tuvimos la ocasión de escuchar a todos los representantes de Meta decir ante su señoría que desconocían cuáles eran los ingresos publicitarios de la compañía en España, que desconocían cuál era el número de cuentas en España y que desconocían también cuál era su cuota en el mercado publicitario. Meta tiene una actitud absolutamente oscurantista.

-¿Cree que esta sentencia reabre ese debate sobre la obligación de contribuir y responder ante los países donde se genera el negocio?

-Por supuesto que sí. Realmente, lo que estamos viviendo con las grandes compañías tecnológicas es una situación nueva, sin precedentes, donde vemos cómo grandes multinacionales establecen sus domicilios en seudoparaísos fiscales o normativos, como es el caso de Irlanda. No es producto de la casualidad que todas las grandes compañías tecnológicas tengan su domicilio en Irlanda. El comportamiento de estas compañías está afectando a los mercados locales. Está teniendo un impacto muy directo en las cuentas de resultados de nuestras empresas nacionales y en los puestos de trabajo de los diferentes Estados miembros que se ven afectados por su comportamiento. Fue también muy curioso que Meta tuviera más abogados en España que empleados, porque realmente todas las operaciones se realizan desde más allá de nuestras fronteras. Y este comportamiento está causando también un perjuicio para las arcas públicas del Estado, que se ven imposibilitadas de acceder a unos impuestos que deberían estar siendo satisfechos por esta compañía para sufragar los servicios públicos que reciben los ciudadanos españoles. Estamos viendo cómo la privacidad de los españoles se ve explotada. Bajo el capitalismo de vigilancia desarrollado desde Irlanda, se produce la invasión en la intimidad de las personas.

-Habla de tecnológicas y gigantes en plural, ¿van a actuar también contra otras compañías?

-Esta demanda se despliega contra Meta por unos hechos muy concretos que han sido analizados por la Junta Directiva y los equipos jurídicos de los medios de información que pertenecen a la AMI, porque aquí existía un caso muy claro. Es evidente que hay otro tipo de compañías que también desarrollan actuaciones que tienen un impacto muy directo en la sostenibilidad de los medios y en el aprovechamiento de los contenidos que generan nuestros periodistas con el esfuerzo inversor de los editores. Estoy hablando también de todo el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que tiene su base en el aprovechamiento indebido de todo el contenido previo elaborado por los periodistas y por los editores. Este tipo de explotación se está produciendo sin ningún tipo de compensación a los editores. Aprovecho la ventana que me brinda esta entrevista para ofrecer a las compañías tecnológicas nuestra puerta abierta para iniciar los diálogos y ver cómo se materializan esos acuerdos que deberían existir.

-La sentencia impone una sanción de 429 millones más 60 de intereses, más la parte que le corresponde a Europa Press y a Radio Blanca, que son 542 millones. ¿Están satisfechos con esa cifra?

-Responde a una estimación prácticamente en su totalidad de la cantidad solicitada por AMI en su demanda, que debe ser abonada no como multa, sino como indemnización. Cuando pusimos la demanda realizamos los cálculos según nuestra mejor estimación, pero, ante la falta de datos, seguramente nos hayamos quedado cortos con una empresa que gana miles de millones al trimestre y con ingresos de decenas de miles de millones. Parece que este tipo de resoluciones judiciales o de multas administrativas no tienen mella sobre su cuenta de resultados ni sobre su cotización bursátil. Más allá de las cifras, hay que dejar claro que el periodismo es necesario para poder vivir en libertad. Es esencial protegerlo.