La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
La presa, condenada a 20 años de cárcel, ha salido este martes del centro penitenciario once años después del crimen en León
Olaya Suárez y Mateo Balín
Gijón
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:03
A las 11 en punto ponía un pie fuera de la prisión de Asturias para disfrutar de su primer permiso penitenciario. Triana Martínez, condenada ... a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación de León, abandonaba en la mañana de este martes el penal asturiano once años después del crimen de la política leonesa que hizo enmudecer a todo el país. Dentro de la cárcel quedaba su madre, Monserrat, condenada a 22 años de prisión como autora material del asesinato y a quien aún no le ha sido concedido ningún permiso. A Triana la esperaba fuera en el aparcamiento un allegado de la familia a bordo de un coche Mercedes. Deberá regresar a prisión dentro de tres días.
La jueza de vigilancia de Oviedo decretó la autorización para este permiso, que contó con el respaldo de la Fiscalía y de los integrantes de la Junta de Tratamiento, en este caso por unanimidad.
La resolución fechada a 18 de noviembre incluye tres condiciones para el permiso: la presentación diaria ante la policía, la recogida y acompañamiento por un familiar o persona allegada y la prohibición de comunicarse y/o acercarse a familiares de Carrasco o a «lugares determinados», según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico.
La jueza María Elvira Gutiérrez, encargada de supervisar el control de las penas de todos los reclusos de Villabona (unos 1.300 en la actualidad), de supervisar la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y de dar amparo a los derechos de los internos, ha cambiado de opinión con respecto a Triana Martínez, de 45 años. Tras 14 negativas a concederle la primera salida, justifica ahora que cumple con los requisitos dispuestos por la ley penitenciaria. Esto es, estar clasificados en segundo grado, haber extinguido más de la cuarta parte de su condena (en su caso más de la mitad en concreto) y no observar mala conducta.
En el caso de su madre Montserrat González, castigada a 22 años de reclusión como ejecutora del plan criminal, que tuvo lugar en mayo de 2014 en León y que causó una gran conmoción en la opinión pública y en la clase política nacional, no se ha beneficiado por ahora de ninguna salida. La tercera condenada a 14 años como encubridora fue la policía local Raquel Gago, que ya está en tercer grado (semilibertad) desde septiembre de 2023.
Discrepancias y carta de perdón
La reiterada petición de la defensa de Triana Martínez, ejercida por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, al final ha tenido éxito. La cesión de la jueza de Oviedo llega tres años después de que la misma Junta de Tratamiento de Villabona, compuesta por profesionales del centro que tratan a diario con los presos, hubiera accedido por unanimidad a su salida temporal desde noviembre de 2022 hasta ahora. Sin embargo, el juzgado denegó las 14 solicitudes registradas por el celo a que dos profesionales de su confianza elaborasen un informe alternativo a los múltiples del grupo multidisciplinar de la prisión.
Esta discrepancia llevó al letrado a pedir en marzo pasado la recusación de la magistrada por su apariencia de «parcialidad». «Existe un uso con Triana Martínez del denominado derecho penal de autor. Supone que por ser quién es, el delito por el que fue condenada, circunstancias que 'se nos escapan' y otros motivos 'buscados' por la jueza se le deniega de forma sistemática sus salidas», justificó en su escrito.
Aunque no afectara directamente a la concesión de los permisos (Triana podrá disfrutar a partir de ahora de hasta 36 días de libertad al año si cumple con la condiciones exigidas), tampoco se puso en valor la carta pública de perdón «por el dolor causado» a la familia de Isabel Carrasco, difundida en diciembre de 2024 y adelantada por este periódico.
Una misiva de arrepentimiento «sincero y pleno» que llegó una década después del mediático crimen de León y la promesa de que su comportamiento futuro «nunca jamás será doloroso» para los allegados de la víctima. A esto se suma el abono ya de las responsabilidades civiles derivadas de la sentencia: 150.000 euros.
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