Vicente Fernández, un leal colaborador de Montero por dos veces investigado

La mina, tristemente famosa por el vertido de 1998, fue reabierta en 2015 por decisión del entonces Gobierno de Susana Díaz, en el que figuraba Montero como consejera de Hacienda. La adjudicación para la explotación, en la que Fernández jugó un papel protagonista, recayó en manos del conglomerado empresarial Minorbis-México, en detrimento de Emerita Forbes Manhattan (Emerita Resources España). Esta última emprendió entonces una dura batalla legal al considerar que se habían vulnerado las bases del concurso al presentar una oferta de mayor cuantía económica.

Tras un primer archivo de la causa, la juez Mercedes Alaya, la misma que instruyó los ERE fraudulentos, valoró para la reapertura de la investigación la existencia de un delito de prevaricación. La magistrada alegó también «los ascensos de personas relacionadas con el concurso», que «podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados».

Tras su imputación, ni siquiera su cercanía a la vicepresidenta pudo evitarle la salida de un Gobierno que en 2019 se proclamaba como la antítesis a la corrupción reinante durante la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa. Fernández fue finalmente exonerado de aquellos cargos.