Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados

Anticorrupción, en estas nuevas diligencias, acusa a Díez y Fernández de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los efectivos policiales, que también realizaron varios registros, tienen previstas otras detenciones en el marco de este operativo.

Vicente Fernández era uno de los más estrechos colaboradores de la vicepresidenta María Jesús Montero. Fue ella quien lo nombró al frente de la SEPI en el verano de 2018 al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa.

Sin embargo, dejó el cargo meses después de forma abrupta al tener que afrontar una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros por su papel en el caso de la mina de Aznalcóllar. Posteriormente, pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo para la constructora navarra Servinabar, de la que en secreto Santos Cerdán tenía ya por entonces casi la mitad de la propiedad y otro tanto su amigo y también imputado en el 'caso Koldo', el empresario guipuzcoano Antxon Alonso.

Según fuentes de la investigación, Fernández Guerrero habría operado como supuesto testaferro de Cerdán para recibir las mordidas de diversas adjudicaciones, incluidas las obras públicas amañadas de la red que investiga en el Supremo el juez Leopoldo Puente. Un dinero negro este último -siempre según estas fuentes- que Fernández «habría ayudado a canalizar» para hacérselo llegar al exsecretario de Organización del PSOE y que éste, al menos en parte, repartía supuestamente con José Luis Ábalos y Koldo García.

El exmano derecha de Montero trabajó entre 2021 y 2023 en Servinabar. De hecho, en el listado que mandó al Supremo la Hacienda Foral de Navarra sobre Servinabar, constaban pagos en esos tres años, que son, entre otros, en los que tiene puesto el foco la UCO.

Servinabar pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra constató en la información que remitió al Tribunal Supremo que la constructora de Alonso y Cerdán le retuvo 40.800 euros en 2022, pero el organismo foral no concretó a cuánto ascendió su sueldo en ese ejercicio.

Los agentes bajo el mando del teniente Antonio Balas, que estaban detrás de esta 'derivada' del 'caso Koldo' desde antes que estallara esa causa en febrero de 2024, sospechan que Cerdán podría haber recibido dinero a través de la nómina que el exdirector de la SEPI cobraba de la empresa de la que tenía el 45% de participaciones en secreto.

La investigación conocida hoy -explican estas mimas fuentes- también está relacionada con el paso de Leire Díez como consejera entre 2021 y 2023 en la empresa Cistec Technology, una firma de tecnología de la información con sedes en Navarra y Bilbao.

Siempre según mandos de las investigación, la relación entre Fernández y la 'fontanera', que luego fraguó en esta supuesta trama de cobro de mordidas por amaños, nació cuando la exmilitante socialista vizcaína fue nombrada responsable de comunicación de Enusa (Empresa Nacional del Uranio), que es una compañía pública participada por la SEPI y que se encarga de la gestión del suministro de combustible nuclear y de los residuos nucleares. Se da la circunstancia que Enusa, en la actualidad, está presidida con un sueldo de 475.00 euros por el exgerente del PSOE Mariano Moreno, quien ya ha declarado en la causa por los pagos opacos a Ábalos y Koldo.

Díez fue la jefa de prensa de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Y de allí recaló brevemente en la SEPI a las órdenes de Fernández antes de acabar en la dirección de Relaciones Institucionales en Correos (2022-2023).

Díez, al margen de esta nueva investigación, también está encausada en el sumario abierto por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, por sus supuestas maniobras para coaccionar o sobornar a jueces, fiscales y agentes que investigan las causas que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez Díez, en esta última causa, está imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.