La UGR presenta el recurso y descarta el grado en IA para septiembre

La institución universitaria granadina confirma que las universidades coordinadoras de los otros dos títulos con resoluciones desfavorables, el máster universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a Ciencias de la Salud (título conjunto con la Universidad Internacional de Andalucía) y el programa de doctorado en Arquitectura (título conjunto con la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga), han presentado también la correspondiente reclamación ante el Consejo de Universidades.

En lo que atañe al grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, en el recurso presentado la UGR reitera la corresponsabilidad, que se cuestiona en el informe negativo, de los centros implicados en su impartición, la Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Informática y de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, con los efectos recogidos en la normativa universitaria. La oferta era de setenta plazas en Granada y otras setenta plazas en Melilla. La institución aclara ahora que en septiembre de 2024 realizó una consulta expresa al Servicio de Verificación del Ministerio de Universidades, la cual sirvió para confirmar la validez de la justificación presentada por ambos centros como responsables del título.

Asimismo, indica la UGR que desde la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía se corroboró dicha interpretación en diversas conversaciones telefónicas mantenidas durante el mismo mes, así como en una reunión presencial mantenida en enero de 2025 en la que participaron responsables académicos de la entidad granadina, el entonces director de ACCUA, que dimitió en marzo, la coordinadora del área de evaluación y acreditación de enseñanzas superiores y personal técnico de la agencia.

En la reclamación, la UGR insiste de nuevo en la extensa trayectoria que tiene en títulos impartidos de forma coordinada en sus campus de Granada, Ceuta y Melilla, como los grados de Ingeniería Informática, Enfermería, Fisioterapia, Administración y Dirección de Empresas o Educación.

En relación con otro de los aspectos señalados en el informe de ACCUA, referido al calendario de contratación de profesorado, la memoria presentada por la UGR, dicen que recogía una tabla con las necesidades de contratación para impartir el grado (diecisiete profesores a incorporar progresivamente en cuatro años) y se trasladaba la previsión necesaria incluyendo un compromiso expreso del rector para llevar a cabo dichas contrataciones mediante las figuras y mecanismos habituales previstos en la normativa vigente, así como un convenio con la ciudad Autónoma de Melilla para sufragar los gastos en los primeros cuatro años de implantación.

En el caso del título de grado en Ingeniería Biomédica, el informe señalaba la cuestión relativa a la mención dual, exigiendo que los mecanismos de evaluación se incluyan en los convenios firmados con las empresas o instituciones donde se llevaría a cabo esta formación. A este respecto, la UGR aclarar que esa información, «tal y como establece el Protocolo de Evaluación de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), debe recogerse en el proyecto formativo que cada curso debe acordarse con las entidades colaboradoras».

Otro de los aspectos recogidos como no solventados en el informe final de ACCUA consistía en asegurar que las empresas o instituciones colaboradoras «cuentan con los recursos necesarios para garantizar la formación», aspecto que también quedó explicado, según la UGR, en la respuesta al informe provisional puesto que la cláusula quinta del convenio suscrito con esas empresas establece de manera explícita esa garantía. A este respecto, señala la institución granadina que es importante señalar que las instituciones firmantes radican en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, son líderes en su campo y vienen trabajando con la Universidad de Granada desde hace años.

Motivos para descaretar septiembre

Por primera vez, la Universidad granadina, alude negro sobre blanco, al «ruido mediático y la politización de los asuntos académicos que se está produciendo en la última semana». Añadiendo, que tras las afirmaciones vertidas en el Parlamento andaluz en el día de ayer, jueves día 10 de julio, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha declarado que «tenemos que actuar con seriedad y rigor, poniendo el foco en los estudiantes y en sus familias para despejar incertidumbres o generar falsas expectativas, porque es a ellos a quien nos debemos como institución académica. La Universidad de Granada seguirá trabajando lealmente por sus campus de Granada, Ceuta y Melilla, y por el sistema universitario andaluz, sin más interés que el servicio público a la comunidad universitaria y a la sociedad».

Una vez presentadas las reclamaciones, advierte en el comunicado que «se abre un escenario que no es controlado ni por la Universidad de Granada ni por la Junta de Andalucía». La reclamación será estudiada por la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en un proceso que puede tardar de 1 a 3 meses. En caso de estimar la procedencia de la reclamación, este órgano puede solicitar a ACCUA la emisión de otro informe.

Ponen un ejemplo ya vivido, una reclamación formulada hace tan solo dos años ante la misma comisión de reclamaciones por la denegación de un segundo grupo para el grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la UGR, apuntando que este tipo de procesos suele agotar todos sus plazos. En ese caso, tras recibir el informe definitivo de ACCUA el 7 de julio de 2023 y presentar la reclamación el 21 de julio de ese mismo mes, la Universidad de Granada recibió una notificación el 12 de septiembre de 2023 en la que se aceptaba esa reclamación y se pedía un nuevo informe a las agencia andaluza de evaluación, para finalmente recibir la resolución de la reclamación por parte del Consejo de Universidades el 6 de noviembre de 2023. Todo este proceso se alargó más de tres meses.

Tras esta exposición, expone que a la UGR «se le presentan serias dudas sobre la viabilidad de la implantación del proyecto educativo para el curso 2025-2026 en caso de recibir una resolución favorable a la reclamación, pues en ese momento (que es incierto) no contaríamos ni con estudiantado ni con profesorado, y habría que habilitar procesos extraordinarios nunca antes explorados en el sistema universitario andaluz».

En relación con el estudiantado, existen dudas, según expresan, sobre los procesos de preinscripción y matriculación. «No sabemos si se habilitaría un proceso extraordinario de preinscripción desde el Distrito Único Andaluz; si se permitiría al estudiantado anular la matrícula de sus actuales estudios en diversas universidades y matricularse en estos grados; qué pasaría con las plazas que quedaran vacantes; si se habilitaría también un proceso extraordinario de resultas que afectaría a decenas de estudiantes en todo el territorio nacional o cómo afectaría al estudiantado la búsqueda de alojamiento en otras ciudades con el curso ya comenzado», describe la UGR.

En cuanto al profesorado, reseña que «hasta que no haya resolución de la reclamación no es posible iniciar los procesos de contratación, procesos garantistas con tiempos determinados por normativa y que, en el mejor de los casos, requerirían alrededor de dos meses para culminarlos».

En un párrafo final la UGR subraya: «Trasladamos que técnicamente es imposible empezar el 15 de septiembre la impartición de estos títulos sin estos procesos de preinscripción y adjudicación previos y sin los procesos de contratación de profesorado. Responsablemente, como institución, estaremos preparados para planificar la implantación en el curso 2026-2027 con el convencimiento de la resolución favorable de la reclamación». Avanza la UGR, como lo ha hecho estos días, que si esta reclamación que han presentado este viernes no se resolviera antes del 30 de septiembre, «iniciaríamos un nuevo proceso de verificación de los títulos con la esperanza de que se aborde una reforma profunda de la estructura, procedimientos y funcionamiento de ACCUA, como hemos trasladado reiteradamente en los últimos días».