Starmer prepara el traslado de los inmigrantes alojados en hoteles a antiguos cuarteles

Según cifras oficiales, 32.059 personas en espera de asilo viven en hoteles del Reino Unido mientras otros 74.000 residen en pisos de alquiler financiados por las arcas públicas. El coste de todos esos arrendamientos supondrá 17.000 millones de euros en una década, lo que ha llevado al Ejecutivo a buscar alternativas eminentemente más baratas de alojamiento.

Pero más allá del dinero, a Downing Street le inquieta la movilización en contra de los propios establecimientos, que ha puesto a la Policía en jaque y sembrado un fuerte descontento ciudadano por la tensión en las calles. De los 400 hoteles que dan techo a los solicitantes de asilo, muchos se enfrentan frecuentemente a manifestaciones e intentos de asalto, lo que ocasiona a su vez las quejas de los vecinos ante la Policía. Cientos de propietarios se han negado a vender terrenos al Gobierno para crear módulos de acogida y decenas de ayuntamientos han rechazado proyectos similares.

Las protestas han crecido al calor de los mensajes populistas y de organizaciones ultras como 'Britain First'. un remedo de la trumpista 'América primero', así como por una activa acción en redes sociales; un medio donde se propagan ideas como que los migrantes son los causantes de la delincuencia o que viven en residencias «de lujo» a costa del ciudadano. Beben del malestar de la población afectada por un elevado coste de la vida y el aumento de los delitos menores, una plaga en el área metropolitana londinense.

Solo entre el 1 de junio y finales de agosto se han registrado 3.081 manifestaciones, que en algunos casos derivaron en estallidos de violencia. Este pasado fin de semana se desarrollaron otras treinta. De una manera ya habitual, las autoridades recurren a agentes de barrio para controlar a los manifestantes y los diferentes cuerpos de Policía se intercambian efectivos, de modo que poblaciones que registran menos movilizaciones ceden recursos a aquellas donde se han programado más protestas.

En localidades como Epping se producen marchas cotidianas desde julio contra un hotel-albergue. Cientos de agentes deben intervenir en cada ocasión para separar a los grupos anti-inmigrantes de los defensores de los derechos civiles. Una brigada de élite combate además en Internet los mensajes de odio y las llamadas a concentraciones ilegales. Gavin Stephens, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía, ha subrayado en la BBC que las fuerzas de seguridad en todo el país viven una «presión crónica» y ha solicitado a los líderes políticos que se esfuercen en «disipar la tensión y no sembrar división».

El secretario de Defensa, John Healey, admitió el domingo que el gabinete considera «el posible uso de instalaciones militares y no militares para el alojamiento temporal de las personas que llegan en estas pequeñas embarcaciones», en alusión a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Healey añadió que serán refugios provisionales mientras las autoridades deciden «si deben quedarse o si los deportamos». Ya hay consultas con el Ministerio de Defensa para examinar varios inmuebles en desuso.

En la actualidad, dos antiguas bases, MDP Wethersfield y Napier Barracks, alojan a peticionarios de asilo. El Gobierno de Starmer las heredó de Rishi Sunak como un regalo envenenado. Comparados con cárceles por el activismo social, estos cuarteles nunca ha sido del gusto de los laboristas, que en 2023 manifestaron que representaban el «fracaso de las políticas» de Sunak, en palabras de Yvette Cooper, entonces dirigente de la oposición y que el viernes pasado fue despojada de su cargo de ministra del Interior en medio de la radical reforma gubernamental ejecutada por el 'premier' tras la caída de su vice primera ministra. Rachel Reeves, por un escándalo fiscal.

A su sucesora, Shabana Mahmood, le ha dado licencia para intensificar la lucha contra el tráfico de personas en el Canal. De origen musulmán y exsecretaria de Estado de Justicia, prepara un convenio con Berlín parecido al suscrito hace semanas con Francia, que permitirá agilizar el retorno a Alemania de los migrantes que viajan desde allí a las costas británicas. Solo el sábado, primer día en el cargo de Mahmood, mil personas desembarcaron en las playas del Reino Unido.

Todo ello ha servido al populista Nigel Farage -y en menor medida a los conservadores- para que su partido, Reform UK, haya ascendido hasta convertirse en el rival inmediato del laborismo. A todas las izquierdas europeas la posición sobre la inmigración les resulta compleja y costosa, con importantes divisiones internas. Al Ejecutivo británico, la presión de la derecha le impele ahora al debate. Algunos países lo han resuelto como en el caso de Dinamarca argumentado que no se trata de criminalizar a los inmigrantes sino de proteger el Estado de Bienestar, conservar la unión social y prevenir el colapso de los servicios públicos. Starmer parece ir por ese mismo camino. De momento, ha ordenado ampliar la capacidad de la base de RAF Wethersfield y renovar el usufructo sobre la de Napier, que debía cerras este mes.