La viuda del guardia civil Arcos batalla por la indemnización que Interior le niega

Arcos tenía 47 años, esposa y dos hijos –entonces tenían 22 y 25 años– que más de cinco años después no han sido resarcidos de ninguna manera y mantienen abierta una lucha judicial con el Estado para pelear por la indemnización que les niegan. En estos momentos están a la espera de una sentencia determinante, ya que marcará el camino para las familias de otros cinco guardia civiles fallecidos que están en la misma situación, por ser insolvente económicamente el responsable de sus muertes.

El primer capítulo judicial de este dramático caso se cerraba en enero de 2021, cuando la Audiencia Provincial de Granada declaraba firme la condena a 22 años y medio de prisión a Juan Antonio M. G., como autor del homicidio del agente de la Guardia Civil.

El homicida era insolvente, por lo que la familia se vio obligada a reclamar al Estado que asumiera la indemnización de 335.000 euros fijada en la sentencia. Una cantidad básica y objetiva calculada en función de los baremos de tráfico, sin incluir ningún tipo de daño psicológico, a la que, sin embargo el Gobierno se negó a hacerse cargo.

El argumento que el Ministerio del Interior aportó para rechazar el pago de la indemnización, por la vía administrativa, es que las ayudas por daños en acto de servicio van dirigidas a los agentes. Esto es, si bien hay ayudas para reparar los daños que sufren los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones cuando el delincuente que los ha causado no puede responder, «estas no se pueden aplicar en el caso de homicidios porque la víctima ha muerto». Un argumento que indigna a la familia y al letrado que les representa, el director de HispaColex Bufete Jurídico, Javier López y García de la Serrana. «Si un agente recibe un disparo y resulta herido se le indemniza si el responsable es insolvente, pero si da su vida en acto de servicio se le entierra y se deja tirada a la familia», recrimina López y García de la Serrana.

«Les da exactamente igual lo que dice el instructor, que entendió que sí había lugar a la indemnización, y se acogen a un supuesto informe de la Abogacía para ofrecer ese argumento tan peregrino de que como está muerto no les indemnizan», critica el jurista, al tiempo que advierte de que esa razón «es contraria a derecho y al propio sentido común».

La resolución del Gobierno es más dolorosa aún para la familia al incluir la coletilla de que los perjuicios de los familiares son «totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al Guardia Civil con la administración».

Que es lo mismo que decirle a la viuda, Raquel Pérez, que durante 26 años se recorrió todos los cuarteles de España con su marido y sus dos hijos, que no tienen nada que ver con el Cuerpo. Un mazazo emocional para una mujer que a raíz del shock de la muerte de su marido –que además era el sostén económico de la familia– sufre graves problemas de salud y se ve empujada a seguir una batalla en los tribunales que agrava su agonía y su sufrimiento, lo que le impide mejorar en su tratamiento psicológico.

Pero lejos de rendirse, la viuda de Arcos va «a por todas» de la mano de García de la Serrana, que presentó un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional frente a la denegación. El director de HispaColex Bufete Jurídico sustentó su solicitud al Gobierno de la nación en el principio de indemnidad que supone «que un funcionario público tiene que quedar indemne frente al daño que le cause un tercero en el ejercicio de su trabajo». El jurista explica así que en el caso de Arcos, por tanto, «no se trata de una responsabilidad patrimonial del Estado, porque no hubo un mal funcionamiento de la Administración».

En este punto, recalca que existen tres sentencias del Tribunal Supremo en las que se indemniza a las familias de agentes por las lesiones padecidas en acto de servicio cuyo responsable fue declarado insolvente y que abren la vía jurídica para formular reclamaciones basándose en este principio de indemnidad.

La primera de 8 de julio de 2020 se refiere a un mosso d' escuadra, la segunda de 15 de julio de 2020 a un guardia urbano de Barcelona y la tercera de 24 de junio de 2021 a un policía nacional. Los tres fueron indemnizados. La diferencia con el caso del agente Arcos es que los otros agentes resultaron heridos y a él le mataron.

Esto lleva al Ministerio del Interior a argumentar que «los demandantes como herederos del finado en acto de servicio, no tienen derecho a la indemnización porque no reclaman por derechos sufridos por ellos mismos como víctimas directas, que sería el principio de indemnidad referido».

Es decir, entiende que el principio de indemnidad no puede extenderse a los familiares de la víctima, lo que según García de la Serrana «es absolutamente ilógico y contrario a los más elementales principios del derecho resarcitorio de daños».

El juicio en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional quedó visto para sentencia el pasado 5 de octubre y el letrado ha elevado una petición solicitando que se adelante el fallo «por razones psicológicas y humanitarias» al estar afectando el retraso de forma muy especial a la viuda.

Será una sentencia muy esperada y no solo para la familia del guardia civil granadino, sino para los familiares de los otros cinco agentes que han fallecido en España desde que se fijó esta jurisprudencia del principio de indemnidad.

Se trata de los guardia civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados por el delincuente conocido como Igor El Ruso en Andorra, del teniente coronel Pedro Alfonso Casado que fue disparado en un pueblo de Valladolid por un delincuente atrincherado con un rehén y de los dos agentes fallecidos en la reciente tragedia de Barbate, David Pérez y Miguel Ángel González, que fueron arrollados por una narcolancha.

La viuda del agente Arcos fue la primera en presentar esta reclamación al Estado y va abriendo camino en la lucha por las indemnizaciones que también han reclamado las familias de otros agentes. La jurisprudencia que marque en este caso la Audiencia Nacional –aunque quedaría la útima posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo– será por tanto determinante para los demás.

Una circunstancia que da tanto al letrado como a la familia más fuerzas y esperanzas para llegar hasta el final.

«Negarte el derecho a ser resarcido es inflingirte un doble dolor, el de negarte un derecho y de decirte que no les importas. Qué falta de humanidad y de empatía la del ministro Marlaska que vino al funeral a la Catedral de Granada para decir que estaba al lado de las familias y luego negarles su derecho. No se puede ser más desleal con la Guardia Civil que siempre lo da todo», apunta. El director de HispaColex Bufete Jurídico confía en que la indemnización va a llegar. Pero ya llegará tarde. Era hace cinco años, cuando enterraron a su padre, cuando los hijos del agente, José Manuel y Raquel, de 25 y 22, necesitaban la seguridad económica para salir adelante y poder encauzar sus proyectos vitales. «La justicia lenta, no es justicia, pero si además se enlentece porque se te ponen trabas ilógicas y absurdas, entonces es una infamia», concluye el letrado.