El veto al puenting dura ya dos años y causa pérdidas de tres millones en la Alpujarra y Lecrín

La medida causó enfado e indignación por tres motivos. Primero porque los niveles de siniestralidad del puenting son bajos. Segundo porque la Ley del Turismo de Andalucía ya regula el 'salto desde el puente'. Y tercero porque se trata de un deporte que atrae a muchísimos visitantes a una zona como la Alpujarra y el Valle de Lecrín, necesitada precisamente de estímulos. Según los cálculos estimativos que realizan los empresarios y entidades como la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Alpujarra, el veto al puenting durante estos dos años ha supuesto un quebranto de unos tres millones de euros.

Cálculos aproximados, pero que nos sitúan ante la relevancia económica de esta actividad. Y es que sólo en Tablate operaban cinco empresas que precisaban un mínimo de diez personas. Cada una de ellas realizaba un promedio de quince saltos diarios los viernes, los sábados y los domingos. Por cada uno de ellos cobraban treinta euros. Cada fin de semana venían unas trescientas personas entre saltadores y acompañantes que gastaban una media de cincuenta euros por cabeza entre comida, alojamiento y productos típicos. Estamos hablando de 60.000 euros mensuales, 720.000 euros anuales o 1,5 millones de euros si acotamos el referido periodo de dos años. Cantidades que posiblemente se podrían multiplicar por dos si sumamos el resto de la semana, las temporadas de vacaciones y los puentes. Mucho dinero.

Antes del verano

Por todo ello, tanto empresarios como instituciones como la Mancomunidad de la Alpujarra instan a la Junta a que la nueva normativa, que tendrá un carácter pionero en España, esté aprobada para antes del verano. Una petición que parece factible si tenemos en cuenta que el 27 de septiembre el Partido Socialista defendió un una proposición no de ley en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía y que se aprobó por la unanimidad de todos los grupos políticos. En este documento, la cámara andaluza insta al Consejo de Gobierno a normalizar, en un plazo no superior a los seis meses -en teoría era antes de finales de marzo-, el uso especial de infraestructuras de la Junta para la práctica del puenting y que se estudien de forma pormenorizada las solicitudes que cursen las empresas de turismo activo de Andalucía. El objetivo es el establecimiento de un marco jurídico garantista que compatibilice dicha práctica con el uso general -o sea, el tráfico de vehículos-.

«Han pasado ya seis meses; entendemos que se está trabajando y que se pueden retrasar los plazos legales para su aprobación, pero pedimos que se dé la máxima prioridad porque hay mucha demanda y por la incertidumbre empresarial respecto a lo que está pasando», señalan desde la Mancomunidad de la Comarca de la Alpujarra. ¿Qué pasos se han dado desde la Junta? En octubre se redactó un texto justificativo. En noviembre se requirió la participación de las instancias interesadas. El vicepresidente de la Mancomunidad, Raúl Ruiz, mantuvo reuniones con empresas, colectivos y alcaldes para trasladar en bloque todas las sugerencias a la Consejería. En diciembre se llevó a cabo el informe de evaluación de género y las memorias de cargas administrativas y financiera.

El borrador de decreto, que pasará por el órgano consultivo competente, saldrá adelante porque, en principio, no cuenta con ningún tipo de oposición. «Lo que solicitamos -indican desde la Mancomunidad- es que el proceso se haga con la mayor celeridad posible, ya que el puenting es un elemento de desarrollo para los municipios de entornos rurales como la Alpujarra y el Valle de Lecrín, que además se enfrenan al reto de la despoblación».