El Ayuntamiento de Granada deja en suspenso 2.800 multas a Uber tras el ultimátum del juzgado

Fuentes del anterior equipo de gobierno concretan esta cifra de sanciones; el director jurídico de Unauto VTC Andalucía, José Andrés Díez, rebaja el dato a «más de mil». De acuerdo con la ordenanza reguladora de las zonas de acceso restringido y carriles protegidos, las sanciones leves por pasar frente a las cámaras que controlan estos puntos son de 100 euros. Es decir, han quedado 'congelados' 280.000 euros que irían a parar a las arcas municipales.

Las penalizaciones no están anuladas ni han prescrito, por lo que el Ayuntamiento podría reclamarlas en el caso de que el juez le dé finalmente la razón en el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Granada. La empresa llegó a la ciudad de la Alhambra el pasado 22 de enero, pero el conflicto Uber-Granada se remonta a noviembre de 2018. Fue entonces cuando el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la instrucción acerca de los trámites para que los conductores obtuvieran permiso para pasar por el control de accesos de VTC.

Esta precisaba que no se autorizaría el paso de VTC por los carriles especialmente protegidos, salvo en los casos estrictamente necesarios por razón del origen o destino del servicio a realizar. El protocolo para obtener estos permisos era incompatible con la actividad de Uber.

Unauto VTCAndalucía pidió suspender esta instrucción y el juez le dio la razón a la empresa el pasado 19 de diciembre. El dictamen consideraba que el Ayuntamiento podría vulnerar las normas de defensa de la competencia al impedir que los VTC circularan por las mismas zonas por las que sí podían transitar otros servicios de transporte público. La norma local quedó cautelarmente fuera de vigencia, por lo que los vehículos podrían circular libremente por los espacios protegidos de la capital.

El 5 de febrero pasado, un edicto dejó sin efecto la instrucción de noviembre, pero advirtiendo de que seguían vigentes las obligaciones derivadas de la normativa nacional:los Uber deben cumplimentar un contrato previo a al prestación de servicio y rellenar una hoja de ruta por cada viaje.

La empresa pidió al juez incluir ese segundo edicto en el procedimiento al considerarlo una extensión de la normativa ya suspendida en diciembre. Y así lo hizo, ampliando la suspensión cautelar también al edicto publicado en el BOP en febrero.

A finales de abril, Unauto VTC Andalucía advirtió de que las multas por acceder a perímetro restringido de Centro, Albaicín y Realejo seguían llegando a la empresa. Fue entonces cuando el juzgado lanzó la advertencia que terminó finalmente con las multas. Reclamó al Ayuntamiento que cumpliera con el auto de medidas cautelares «bajo apercibimiento de desobediencia». En paralelo, el director jurídico anunció que se querellaría con la responsable de Movilidad, Raquel Ruz, si no hacía caso a lo dictado por el juzgado.

Fue entonces cuando las sanciones quedaron suspendidas, a la espera de que el dictamen, recurrido por el Ayuntamiento, sea firme. El anterior equipo de gobierno defendió que era potestad del Ayuntamiento definir los lugares por los que podían circular los vehículos. Por ejemplo, los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano sólo están autorizados a hacer parada en las dársenas destinadas para ello, y no podrían acceder, por ejemplo, al Paseo de los Tristes.

El 'veto' a Uber a través de la normativa que impedía su paso por el Centro quedó sin efecto con las medidas cautelares. Las cámaras de control anotan la matrícula de los vehículos, pero no se tramita ninguna denuncia. Con la normativa local y las denuncias suspendidas, queda en manos del nuevo equipo de gobierno la regulación a nivel local de la actividad de los VTC.

El PP dijo en marzo que no toleraría «el intrusismo en el sector del taxi». Sebastián Pérez, candidato a las elecciones, mostró entonces su apoyo al sector del taxi y apostó por buscar una fórmula «más adecuada» para la ordenación del servicio desde una «regulación nacional». El portavoz César Díaz anunció que, si gobernaba el PP –lo hace de la mano de Cs– crearía una autorización urbana para que los VTCcumplieran los mismos requisitos que los taxis. «El PP velará por que en Granada, en todo momento, los vehículos VTC puedan prestar servicio mediante contrato, no pudiendo hacerlo mano en alto, ni circular vacíos, ni realizando la parada ni la recogida de potenciales clientes y, por supuesto, con conocimiento municipal».

En Granada, el último episodio del conflicto Uber-taxi fue la supuesta agresión de un conductor de Uber a un taxista que le llamó la atención el pasado sábado por estar detenido captando clientes en la calle Joaquina Eguaras, según relató el herido. «Hemos estado evitando ese tipo problemas y hemos evitado la violencia, se avisa y se comenta, pero sin actuar con violencia, el caso es que tiene un dedo partido», dijo ayer Manuel Fernández, de la directiva de la gremial, acerca de su compañero.

A la espera de sentencia definitiva, siguen en un cajón 2.800 sanciones a los VTC por pasar por lugares prohibidos.