El TSJA pide implicación para que la mayor reforma judicial en 40 años no sea «cosmética»

El presidente aseveró que para que sea «una transformación relevante, que de verdad avance en modernización de una justicia más eficiente», los profesionales deben poner su granito de arena sin «constituirse en pesos muertos incapaces de adaptarnos con esmero a lo que legítimamente se nos reclama». «El horizonte se presenta lleno de inquietud e inseguridad, que rivaliza con las expectativas puestas en el nuevo modelo organizativo. Todas las instituciones y profesionales debemos estar a la altura de lo que supone este reto transformador; sin duda, lo peor que puede suceder es que haya un cambio sólo cosmético», declaró en relación a la reestructuración, que se instaura por fases y cuya aplicación concluirá a final de año.

Del Río demanda a los profesionales que las comunicaciones entre la oficina judicial y los jueces sea fluida, mientras que reclama a la consejería de Justicia «la plena digitalización de la justicia y su correcto desarrollo tecnológico, lo que exige la mejora de los sistemas informáticos actuales».

Durante su discurso, hizo especial mención al «nuevo camino que les espera a los juzgados de Violencia Sobre la Mujer», que asumirán a partir de octubre la instrucción procesos para exigir responsabilidad penal por delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Además, valoró la ampliación de las plazas judiciales en estos órganos, pero advirtió que se prestará especial atención a las necesidades reales porque hay casi unanimidad en un posible colapso y el fin de la protección real a las víctimas.

Para concluir, el magistrado lamentó que la crisis del poder judicial y la falta de consenso político estuviera en «permanente actualidad». «La división entre los partidos se sigue trasladando al ámbito de la justicia y dificulta la perspectiva de acuerdo para aprobar legislativamente reformas todavía pendientes en materia de justicia, que permitan su modernización y ejecución sin excesivas demoras», dijo al respecto. De igual forma, hizo mención a la preocupación que ha suscitado en jueces y fiscales la reforma de acceso a la carrera iniciada por el Ejecutivo, que ha desembocado en protestas y varias convocatorias de huelga. «No debemos hacer oídos sordos a las quejas de nuestros compañeros, aunque discrepemos a título individual de la forma de expresarlo mediante la convocatoria de una huelga que tanto deteriora nuestra imagen», indicó. «Es plenamente legítimo que el Gobierno promueva reformas legislativas, del mismo modo que es lógico reclamar que medidas de esta naturaleza, que afectan a la configuración de un poder del Estado, no se tramiten por la vía de urgencia y cuenten con un amplio consenso», criticó en relación a la propuesta de reforma.

En la misma línea, denunció que la esfera política señale a profesionales con «el coste que supone para la credibilidad y confianza en la justicia». «Las injustificadas declaraciones públicas de responsables institucionales con amplia repercusión mediática, claramente impropias de un Estado de Derecho avanzado, en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo», criticó.

Como antídoto a la desconfianza, Del Río insiste en «humanizar la justicia», por lo que pide una buena actitud en los actos judiciales, el trato y contacto con las personas y profesionales que acuden a los tribunales, así como la priorización de procedimientos sensibles. «Lo que legitima a la justicia es precisamente su capacidad de incidencia en la realidad social, su capacidad para garantizar el máximo de satisfacción del sistema social. Y en ello debemos poner todo nuestro empeño», concluyó.