La subida del IVA al 21% amenaza a cinco mil pisos turísticos en la provincia

Unas medidas que, en el caso de lograr los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, tendrían un fuerte impacto en la provincia de Granada donde este problema de estado ha adquirido mayor dimensión que nunca con los precios de la vivienda y el alquiler en máximos históricos, la oferta reducida allí donde está la demanda, frente a la Granada rural, y casuísticas particulares, como la tradición de los pisos de estudiantes que reducen la bolsa para el alquiler tradicional y la proliferación de viviendas turísticas.

En este último aspecto incide especialmente la proposición de ley presentada por el grupo socialista, que introduce como novedad el cobro del máximo impuesto al consumo previsto en la legislación, un 21%, a los apartamentos turísticos, que hasta ahora estaban exentos del IVA. El texto propone que los arrendamientos de corta duración (menos de 30 noches) tributen como cualquier actividad económica, siempre que se ubiquen en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que en el caso de Granada afecta al 70% total de los registrados. Según los últimos datos del INE, la provincia cuenta con 7.386 viviendas turísticas registradas, de las que 5.185 se encuentran municipios de más de diez mil habitantes. De hecho el 52% se concentran en la capital. «El alquiler turístico se encarece un 21% y salvo que el propietario logre repercutir el coste al cliente dejarán de ser tan competitivos como actualmente frente a los hoteles, que tributan al 10%», explica Joaquín García Aivar, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Economistas de Granada y experto del Grupo Consultor GSG. Las cuentas que hace son sencillas: Un propietario que ingrese mil euros al mes por un piso turístico tiene que descontar una comisión del 20% de la plataforma que lo comercializa, lo que rebaja el rendimiento a 800 euros. Si paga también el IVA, el rendimiento neto bajaría 600 euros.

Dar un tajo a la rentabilidad de estos negocios para tratar de que se transformen en viviendas de alquiler permanente es la filosofía de la propuesta del Gobierno, que el sector en Granada ve como un ataque sin justificación.

«Las administraciones nos han cogido como cabeza de turco y esto es una persecución continua. Están intentando eliminar a los apartamentos turísticos mientras dan licencias a las cadenas hoteleras para hacer grandes edificios de apartahoteles. Van a fastidiar al pequeño que es el que reparte el dinero y genera economía en Granada, frente a los grandes que se traen hasta los jabones de China», protesta Jorge Luque, propietario de un carmen del Realejo reconvertido en vivienda turística y portavoz de una comunidad de 306 propietarios granadinos que comparten grupo de whatsApp.

En la misma línea, el abogado que asesora a esta comunidad de anfitriones, Tomás Segura, opina que el Gobierno legisla desde el desconocimiento si cree que el alquiler turístico es un negocio de gran rentabilidad. «Eso era antes cuando éramos pocos, ahora se bajan precios para llenar», esgrime Segura, que advierte que la media de precios en Granada está muy por debajo de los 100 euros al día y que tampoco se llena todo el mes.

El letrado fue nombrado por Airbnb como líder de su comunidad en Granada, una especie de representante de los propietarios de los alojamientos que se ofertan en este portal de referencia, aunque no habla en nombre de Airbnb. Excell en mano, tiene sus cuentas reales perfectamente hechas y asegura que una vez descontados gastos de comercialización, de gestión, de mantenimiento, impuestos municipales, basura... los beneficios medios de un piso turístico se reducen a 501 euros al mes, que tributan según el tramo que les corresponda en el IRPF a su propietario. «Mientras el alquiler de larga duración está bonificado nosotros estamos perseguidos. Es mentira que es un negocio superrentable y que como nos estamos haciendo ricos este modelo lo aguanta todo. Están en la absoluta ignorancia», critica.