Los sindicatos piden la paralización de las pruebas de intendente de la Policía Local de Granada

Este periódico ha accedido al escrito remitido por UGT, que ha solicitado la paralización inmediata «hasta tanto no se aclaren las grabaciones difundidas, especialmente en relación a la plaza de intendente». El sindicato ya realizó una solicitud similar el pasado 5 de febrero, cuando empezaron a publicarse los audios. En esta ocasión, el sindicato ha expuesto la «gravedad» de las informaciones «en las que se escucha al jefe de la Policía Local y a su equipo más cercano en relación a tribunales de oposiciones y exámenes» así como «a uno de los aspirantes a intendente, mano derecha del jefe, cómo él mismo iba a preparar el examen de la plaza a la que aspira o cómo hablaban de sanciones disciplinarias a otro de los aspirantes para despejar el camino».

CSIF también ha remitido un escrito a la alcaldesa, Marifrán Carazo, en la que le reclaman medidas «de inmediato» ante la «gravedad» de los audios publicados en prensa y lamentan «la crisis sin precedentes en el cuerpo, dañando su imagen y afectando gravemente a la moral de sus agentes». El sindicato ha expresado en la carta que «no se puede mirar hacia otro lado» y ha recordado que «es responsabilidad, como máxima autoridad municipal, garantizar que el acceso a la Policía Local se realice con total transparencia»,

Sitag, por su parte, también se ha sumado a la petición de los otros grupos de representación. Lo hizo formalmente «de viva voz» a Recursos Humanos este lunes durante una reunión de la Mesa Delegada de Negociación.

Las peticiones llegaron este martes a las comisiones tanto de Personal como de Seguridad Ciudadana, que se celebraron en paralelo a los registros de la Policía Nacional en Mondragones y la Huerta del Rasillo. A preguntas del PSOE, que se interesó por la decisión del equipo de gobierno, tanto el edil de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, como la responsable de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, descartaron por ahora que se vayan a suspender las pruebas.

Ambos expresaron que las oposiciones se han retrasado «10 o 12 días» ante los hechos conocidos, pero recordaron que los aspirantes han abonado ya sus tasas y, por lo tanto, hay contraídos «derechos» que impiden, según expresó Agudo, que la prueba sea cancelada. La posición del equipo de gobierno, como transmitieron ambos, es que el Ayuntamiento «está obligado a continuar adelante con el proceso mientras la justicia no diga lo contrario».