Prisiones advierte de medidas penales si las bajas médicas en las cárceles son una huelga encubierta

Así lo ha advertido el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en declaraciones a Onda Cero, donde ha asegurado que su departamento está comprobando esos partes de baja de tres días para depurar responsabilidades que podrían ser penales si se constata que se trata de ausencias «masivas», «premeditadas» y «organizadas».

Ortiz ha señalado que los sindicatos ya anunciaron el 29 de noviembre que durante el mes de diciembre, además de la manifestación celebrada el día 11, promoverían una «semana de la salud» para denunciar el estrés que sufren los trabajadores y los problemas médicos derivados del «abandono» por parte de los responsables de Interior.

«La presentación de estas bajas médicas es muy desigual y varía mucho en función de los centros», ha asegurado Ortiz antes de detallar que en los últimos días estas ausencias han llegado a ser del 40 por ciento en algunas cárceles, lo que supone que el resto de funcionarios tengan que asumir más trabajo.

Fuentes penitenciarias han explicado a Efe que, por el momento, las bajas presentadas son de tres días para las que, en el caso de los funcionarios, solo se exige el justificante médico, por lo que se está «monitorizando» la evolución de esas bajas.

La situación empezó a finales de la semana pasada en las cárceles de Castellón y Archidona (Málaga) donde 16 de los 20 funcionarios del cuerpo de vigilantes presentaron baja el domingo.

El lunes, la ausencia de funcionarios se produjo de forma masiva en otras prisiones como las alicantinas de Fontcalent y Villena, la de Arrecife o la de A Lama, en Pontevedra, donde faltó más de la mitad de la plantilla.

Ayer fue la cárcel de Albolete (Granada) la que vivió esta situación con la baja de 39 de los 42 funcionarios encargados de la vigilancia, lo que, según las fuentes consultadas, puede suponer un riesgo para la seguridad del resto de empleados y los propios reclusos.