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Inés Gallastegui
Granada
Viernes, 31 de enero 2025
El diputado provincial de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, reconoce que la situación de Campotéjar, donde una inspección de la red de ... abastecimiento de agua potable está detectando numerosos casos de fraude, no es única en la provincia de Granada. «Hay municipios en condiciones similares e incluso peores», admite.
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El diputado y alcalde de Los Guájares explica que, según un estudio de su delegación realizado en 2023, el 68% del agua en los municipios con gestión propia se pierde por fugas, consumos legales pero no contabilizados –como los de edificios municipales– o enganches ilegales. Este análisis, sin embargo, no especifica cuántas pérdidas se deben a fallos en los depósitos y las conducciones y cuántas a la manipulación de contadores o la instalación de dispositivos para engancharse a la red por parte de usuarios desaprensivos.
En la provincia hay 118 municipios que gestionan su propio abastecimiento de agua potable, es decir, que no están integrados en las tres compañías comarcales que operan en la provincia: Emasagra, Aguasvira y Aguas y Servicios de la Costa Tropical.
De ellos, más de cien se han mostrado dispuestos a sumarse al futuro Servicio Provincial del Agua, que ofrecerá una gestión profesionalizada de todo el ciclo integral de abastecimiento y saneamiento y permitirá a los pueblos más pequeños afrontar una mejora de sus infraestructuras que con sus propios medios no podrían abordar.
El primer paso, resalta Mancilla, es realizar un diagnóstico preciso de la situación, aunque el estudio preliminar ya indicaba que el 45% de los municipios con gestión propia –en los que vive el 21% de la población de la provincia– presentan un estado regular, malo o muy malo de las infraestructuras, lo que se deriva, por un lado, en el derroche de un bien escaso –y más en época de sequía como la actual– y, por otro lado, en un mal servicio, con riesgo de cortes de suministro por la baja calidad o la insuficiente cantidad de agua.
Para ello, ya está en licitación un contrato de estudios técnicos para evaluar las necesidades de la primera tanda de municipios. «La casuística es muy amplia –revela Mancilla–. Unos se abastecen de sondeos y otros de manantiales; unos cerca y otros lejos; unos consumen más y otros menos... Habrá que ver qué necesidades tienen: arreglar un depósito o las tuberías, instalar contadores...». El servicio provincial se hará cargo de financiar las obras, que cada población irá pagando a través de un canon en el recibo de los usuarios. Mancilla subraya que algunos ayuntamientos ya han realizado obras de modernización en los últimos años, por lo que el canon será más bajo. Además, habrá bonificaciones, por ejemplo, para los pueblos con riesgo de despoblación.
Además de reparar infraestructuras antiguas o dañadas, los municipios contarán con sistemas inteligentes que permitirán detectar en tiempo real averías y fraudes. Así, una de las ventajas de que la gestión se realice bajo el paraguas de la Diputación, apunta Mancilla, es que la competencia sancionadora también será del ente provincial o de la empresa externa con la que se contrate el servicio. «Para los alcaldes, sobre todo en pueblos pequeños, es complicado mandarles a sus vecinos un equipo de inspección y aflorar todos esos fraudes», reconoce el diputado.
La alcaldesa de Campotéjar, María Dolores Fernández (IU), se mostró el miércoles muy molesta por que se hiciera público el resultado de la inspección realizada en su municipio. Mientras según ella solo se detectaron «casos aislados» de fraude, un concejal del PSOE aseguró que se habían encontrado «infinidad» de enganches y «medio pueblo» estaba afectado. Otras fuentes municipales también corroboraron esta última impresión, aunque nadie ha facilitado datos concretos. Según fuentes vecinales, entre los usuarios enganchados ilegalmente hay particulares y empresas, incluso explotaciones agrarias que riegan con agua potable.
El diputado Antonio Mancilla recuerda que al inicio de la legislatura había cinco pueblos de la provincia sin contadores de agua, donde los vecinos pagan una tarifa plana independiente de su consumo. En uno de ellos, Lanteira, es inminente la instalación de los aparatos de medición en los domicilios, gracias a una subvención de la Diputación. Cuando no hay registro del consumo –bien porque no hay contadores, bien porque se burla su control–, se hacen «barbaridades». Paradójicamente, los pueblos que más problemas de escasez suelen tener son los de las faldas de Sierra Nevada. «Si no hay control, aunque pongas el río Genil en el depósito siempre te va a faltar agua», apunta.
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