Les piden ocho años de prisión por estafar en la venta de dos viviendas que no podían construir en Granada

Los hechos se remontan a 2003, cuando estos dos promotores, que son matrimonio, tenía en propiedad un solar en Monachil y a través de su empresa promovieron la construcción de 14 viviendas familiares, de acuerdo al proyecto básico redactado por el arquitecto también procesado en esta causa, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los promotores solicitaron licencia de obras al Ayuntamiento de Monachil, pero mientras estaba en tramitación el expediente urbanístico, y antes de que el consistorio se pronunciara, iniciaron los trámites para la construcción y venta de las viviendas. Entre ellos, la escritura pública sobre la cesión de estos terrenos para el proyecto, para lo que aportaron una licencia de obra correspondiente a otra promoción.

También aportaron un certificado de obra nueva falso firmado por el arquitecto acusado, que hizo constar que la escritura se adecuaba al proyecto redactado por él y contaba con licencia de edificación, lo cual no era cierto.

Con el objetivo de conseguir el préstamo para la construcción de las viviendas, los acusados presentaron una licencia urbanística de otro proyecto, algo que los empleados del banco «con toda negligencia« no comprobaron, con lo que consiguieron el dinero.

El Ayuntamiento de Monachil solo les dio licencia de obras para construir algunas de las viviendas que habían solicitado, pero con la ayuda de un teniente de Alcalde ya fallecido consiguieron un documento falso en el que se exponía que se habían subsanado los problemas y que finalmente habían conseguido licencia para construirlas todas, con lo que pudieran realizar las escrituras públicas.

Con estos antecedentes, los acusados comenzaron a construir las viviendas y «a sabiendas de que no tenían licencia de obras« vendieron dos de ellas a un particular por 195.197 euros cada una. Esto es, un total de 417.723 euros.

Transcurrido el tiempo, en marzo de 2009, el comprador exigió que se las entregaran, si bien estaban sin terminar y los acusados le daban largas. Fue él quien al ir a informarse al Ayuntamiento de Monachil comprobó que no tenían licencia de obras, por lo que «no estaban terminadas y nunca podría obtener licencia de primera ocupación. Dándose cuenta del engaño, el hombre dejó de pagar la hipoteca con lo que el banco inició el procedimiento judicial contra él.

La Fiscalía considera que los hechos integran los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento oficial y estafa, por los que además de las penas de cárcel, pide que los acusados indemnicen a la víctima con los 417.723 euros que costaron las dos viviendas. También reclama que el banco y los empleados que intervinieron en los trámites le indemnicen en otros 346.616 euros y la nulidad de las escrituras públicas de compraventa y de las hipotecas que subrogó el afectado. El juicio está señalado del 4 al 8 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.