Piden más de 13 años de prisión para una banda criminal que realizaba 'estafas nigerianas' en Granada

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en el «nivel superior de la estructura» de la banda estaban, junto con otros no identificados, dos varones nigerianos de 45 y 39 años, que, con la compañera sentimental de uno de ellos, una mujer keniata de 36 años, «lograban el acceso a los datos personales bancarios de las víctimas». Lo hacían mediante dispositivos de red como las denominadas tarjetas Alpha y programas capturadores instalados en sus portátiles.

En sus domicilios también fueron localizados «los programas para envío masivo de mensajes de correo, listados de nombres y etiquetas adhesivas para la realización de envíos postales masivos de presuntas comunicaciones por haber obtenido premios de lotería», en las conocidas como «estafas nigerianas», a ciudadanos, generalmente extranjeros.

También se valían de «contactos aparentemente profesionales con diversos motivos» como podían ser contratación de servicios turísticos, o la obtención de prestaciones económicas a cambio de la realización de transferencias previas.

El fiscal pide por todo ello a los dos principales cabecillas un total de 13 años y nueve meses de prisión y multas por un valor de 12.600 euros por la presunta comisión de delitos de integración en grupo criminal, continuado de estafa y descubrimiento y revelación de secretos agravado.

Por este último no responderán, en virtud de la acusación pública, la compañera sentimental de uno de ellos y los otros nueve acusados, todos varones nacidos en Granada, menos uno de ellos, de Alcantarilla (Murcia), para quienes el fiscal pide penas de diez años y medio, o de diez años de prisión, y el pago de multas por valor de 5.400 euros.

Uno de ellos se encargaba de la «recepción de las cantidades defraudadas, que eran previamente transferidas a personas bajo su control», las denominadas «mulas», operando con «teléfonos de seguridad», a los que derivaban las llamadas con contenidos «relacionados con sus actividades delictivas».

Cuando se realizaba un acto de estafa por medio de acceso telemático, era otro de los acusados el que proporcionaba los nombres de usuarios y contraseñas de la cuenta que se iba a emplear para recibir la transferencia.

Estas actuaciones no solo se circunscribían al territorio de Granada, sino que se extendían también a la zona de Levante, como puso de relieve una investigación del Juzgado de Primera Instancia 1 de Alcoy (Alicante).

Mientras tanto, otro procesado era el titular de diversas empresas cuyas cuentas bancarias eran empleadas para la recepción de las cantidades transferidas «de forma inconsentida desde las cuentas de las víctimas».

La negativa de uno de ellos, tras un primer ingreso de 3.000 euros, «a recibir más transferencias por sospechar de su licitud» desencadenó la investigación, con la pertinente denuncia por supuestas amenazas ante la Guardia Civil el 10 de marzo de 2015.

El grupo realizó múltiples operaciones de transferencias bancarias «ilícitas» siguiendo «siempre el mismo modo de ejecución», de tal modo que, por ejemplo, una empresa brasileña de la que era apoderado uno de los acusados, fue objeto de una de ellas en febrero de 2015 por valor de 57.292 euros, de las que se fueron sacando 25.000 euros en cajero u oficina bancaria.

En los registros domiciliarios también fueron hallados 14.542 euros en metálico. Está previsto que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada enjuicie los hechos el 30 de junio.