La penúltima batalla legal en Cármenes del Mar

Claudio solo tuvo en su hogar dos años tranquilos antes de que dos fases de Cármenes del Mar se vinieran abajo. La urbanización se construyó en 1990 en el pago de Cerro Gordo y en el 2000 se entregaron las primeras llaves. El promotor de este complejo residencial, que en su día fue de alto standing, operó bajo dos figuras societarias, Cerro Gordo S.L (Comarex) y Leibi Global, levantó hasta 415 casas en esta ladera inestable que sufre desprendimientos continuos.

El constructor, los profesionales y las empresas encargadas de los estudios técnicos y el diseño de la urbanización –Bética de Ingeniería y Control, Vorsevi S.A. y Fundación Universidad Empresa –eran conocedores de la inestabilidad del terreno. Quienes gobernaban entonces el Ayuntamiento de Almuñécar dieron su beneplácito e impulsaron, a través de un plan parcial, la conversión de un solar rústico en urbano.

Para salvar el obstáculo de la inestabilidad del terreno, el promotor presentó un informe pericial que aseguraba que se estabilizaría la ladera mientras se construía. Ese proyecto de estabilización se empezó a ejecutar en el 2007 y se abandonó solo con el 10% terminado. Desde entonces, se han tenido que desalojar multitud de viviendas, aunque hay quien todavía vive allí. A finales de 2024, el Ayuntamiento de Almuñécar tuvo que volver a precintar cerca de una veintena de viviendas. Los técnicos hacen inspección continua y la Policía Local elabora informes que se trasladan a las autoridades competentes. En el último, se han vuelto a ampliar las zonas afectadas. Los deslizamientos de la ladera en un gran barranco donde el agua provoca movimientos ponen en riesgo a un centenar de viviendas.

Por esta catástrofe urbanística, tanto la promotora como el resto de las empresas implicadas fueron condenadas solidariamente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 12 de Granada a reponer la urbanización en su estado original y estabilizar la ladera, sentencia ratificada por la Audiencia Provincial en 2027. El procedimiento se agotó hasta el final con un recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la promotora se declaró en quiebra y entró en concurso de acreedores. Los vecinos abrieron de forma paralela un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Los consideraban responsables subsidiarios de lo ocurrido. La Junta se libró porque en la época en la que se aprobó el plan que permitió la construcción del residencial había transferido las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Y como el Ayuntamiento dio licencia para las obras, la posterior estabilización y había dado licencia de ocupación sin haber recepcionado la urbanización porque los técnicos municipales la rechazaron por los defectos, en 2020 el TSJA le condena a reparar Cármenes del Mar en sustitución del promotor.

Hace un año reclamaron la ejecución de esa sentencia, pero el Ayuntamiento de Almuñécar alegó que no podía afrontar la obra millonaria. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció la incapacidad del municipio sexitano de estabilizar Cerro Gordo. Las obras para frenar los derrumbes de esta promoción de viviendas se han estimado entre 50 y 80 millones de euros, una cantidad inasumible para la administración pública.

El abogado de los afectados, Hilario Aranda, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sala tercera de lo Contencioso-administrativo. Un magistrado deberá exponer los hechos ante el resto del tribunal para que deliberen si admiten o no a trámite la petición.

El defensor expone en su escrito ante el Supremo que en sentencia firme sí se contemplaba como obligación subsidiaria de la administración local la reposición de la zona. A juicio de los demandantes, el auto del TSJA infringe preceptos al considerar la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución por el alto coste de las obras y que el proyecto de estabilización es diferente, superior al que había que ejecutar en 2007. Para los afectados y su defensa que el coste y la complejidad de las reparaciones sea superior «no son causa suficiente para afirmar que la sentencia sea de imposible cumplimiento», una cuestión que ya fue objeto de debate jurídico en el proceso principal. El auto de imposibilidad material de ejecución, supone «el incumplimiento total y no parcial de la sentencia dictada en su momento en este proceso, al dejar a criterio discrecional de la administración condenada las medidas de conservación y mantenimiento a las que venía condenada».

En 2007, la promotora estimó que el arreglo con 52 pilotes de la ladera costaría 3,6 millones. Desde entonces, se han realizado cerca de cinco estudios adicionales que han valorado las obras en 15, 26 y 44 millones de euros. El pasado año, tras un nuevo análisis la estabilización de la ladera y del residencial se valoró entre 50 y 80 millones de euros.

El alcalde de Almuñécar, JuanJosé Ruiz Joya, reitera que el arreglo de la ladera es «una cuestión que se escapa de las manos». De acuerdo con el regidor, por ahora solo pueden monitorizar los deslizamientos de tierra para prevenir riesgos. «Hemos pedido ayuda a todas las administraciones y nadie nos la ha prestado. La sentencia era inejecutable porque supone la ruina de todo el municipio. Tendríamos que destinar varios años de presupuesto municipal para arreglar la urbanización», insiste. Destaca que actúan en la urbanización dentro de sus posibilidades. En enero concluyó la obra del nuevo acceso a Cármenes del Mar, ya que el otro está en riesgo de colapso. El vial tiene una longitud de unos 200 metros lineales. «Actuaremos y cerraremos las calles que tengamos que cerrar si hace falta por seguridad. El control es constante», dice.

El regidor mantiene que a raíz de una moción aprobada en el pleno intentaron que el Gobierno central declarara el área como zona catastrófica de Protección Civil para acceder a las ayudas. De igual forma, solicitó a la Junta que ejerza sus competencias y declare la zona de interés general de Andalucía, para poder así optar a ayudas. Ninguna de las propuestas ha dado resultado. En 2015 ya se intentó e incluso se propulsó una proposición no de ley en el parlamento andaluz. En 2016, las administraciones públicas constituyeron además una mesa técnica y otra política para tratar el tema de los deslizamientos de la urbanización, pero no se hizo nada más.

Por otra parte, los vecinos cruzan los dedos para que dé frutos una alternativa legal que tienen abierta. Reclamaron en los tribunales el dinero de los seguros de responsabilidad civil de empresas y sus profesionales que fueron condenados. 90 familias afectadas de las fases Atarazanas y Pueblo denunciaron a varias aseguradoras en el juzgado de primera instancia número 33 de Madrid, pero todavía no han logrado ver «ni un euro». Estas son las salidas que le quedan a los vecinos después de dos décadas de batalla legal.