La Patronal clama contra las 37,5 horas: «En hostelería nos costaría 69 millones»
Las empresas granadinas destacan el gran perjuicio que supondría la propuesta de PSOE y Sumar y lamentan la «falta de respeto» al diálogo social
El clamor de la Patronal nacional y granadina contra las medidas económicas, en especial la jornada laboral de 37,5 horas semanales, planteada por PSOE ... y Sumar en el acuerdo de investidura quedaba patente la pasada semana en el encuentro de directivos que reunía en el palacio de Congreso de Granada a la cúpula empresarial del país.
El cabreo es máximo y los dirigentes de la Patronal no se esforzaron por ocultarlo. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de la Patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, Gerardo Cuerva, calificaron de «populismo» e «intervencionismo» la medida que choca frontalmente con el «cuidado a la empresa» que reivindican. «Si tuviera que resumir la propuesta programática de PSOE y Sumar lo haría como una persecución en toda regla al empresario», llegó a decir el líder de las organizaciones empresariales granadinas, Gerardo Cuerva. Además incidió en el «desprecio» que supone al diálogo social y a las miles de mesas en las que sindicatos y empresarios han venido negociando durante los últimos 45 años.
El perjuicio para las empresas de la provincia, con fuerte peso de la hostelería, sería tremendo, según incide el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García. Los primeros cálculos que han realizado basándose en las cifras de su convenio, al que estaban acogidos 32.228 trabajadores según las últimas cifras de afiliación, supondría un coste anual de más de 69 millones de euros para sus empresas. «Es una falta de respeto y un desprecio a las mesas de negociación colectiva provinciales», protesta García.
Retrasos
En la misma línea, el gerente de la Asociación de Constructores y Promotores, Francisco Martínez Cañavate, pone el foco en la cadena de consecuencias negativas que tendría en su sector «Supondría una reducción de la productividad y un incremento de costes laborales que, sumado al que llevamos soportando en los últimos años, haría de España un país menos competitivo», critica. En la construcción provocaría, a su juicio, un claro incremento del precio de la vivienda, de la inflación y de los plazos de entrega de las obras civiles y privadas. «Es meter más palos en las ruedas de las empresas y los trabajadores, dificultando ejercer la actividad económica y generando inseguridad jurídica», lamenta.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
