Las oposiciones de la Policía Local ya fueron denunciadas en 2021 por «presunto amaño»

Como informó este periódico, los investigadores hicieron copia de diferentes dispositivos electrónicos y recogieron información vinculada con el expediente de contratación de un psicólogo cuya labor era valorar la aptitud de los aspirantes en la oposición.

El registro de la UDEF era el último paso de una investigación que, como contó IDEAL el pasado 7 de febrero, arrancó en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada tras el verano de 2023. Entonces, como parte de una denuncia que el sindicato SIPLG puso contra uno de sus representantes, la magistrada que llevaba el caso tuvo acceso a unas pruebas de las que, a su juicio, se desprendía un «presunto fraude» en los procesos selectivos, motivo por el que recomendaba la investigación de los hechos «por si pudieran ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, extorsión, cohecho y prevaricación».

La decisión puso el foco sobre la convocatoria de 2019. Sin embargo, como ha podido saber este periódico, ya estuvo en el disparadero dos años antes. En el verano de 2021, un funcionario municipal remitió a la fiscalía provincial un escrito en el que solicitaba que se analizaran las oposiciones ante la sospecha de que pudiesen estar amañadas para facilitar la entrada de familiares de policías.

«Ese niño tiene que entrar»

Este periódico ha podido acceder al documento, que guarda el relato del denunciante. La persona comunica que fue a principios de 2020, apenas unos meses después de que se convocaran las pruebas, cuando tuvo conocimiento de un presunto amaño en el que podrían estar implicados, a su parecer, algunos policías locales de la ciudad, al menos uno de los cuales está siendo investigado en la actualidad por la UDEF.

Apoyado en unas grabaciones, como refleja el escrito, el denunciante traslada unas conversaciones con mandos del cuerpo en los que estos afirmaban «que en Granada debían aprobar algunos hijos de policía, entre ocho o diez». Asimismo, apuntaban, según aparece en la denuncia, que el sistema de selección se llevaría a cabo «bien facilitando a los elegidos el supuesto práctico y las preguntas, bien a través de la prueba psicológica».

El denunciante refiere que precisamente la figura de los psicólogos se seleccionaría «a través de un contrato menor igualmente amañado tras la presentación de tres presupuestos para finalmente elegir a quien habría de seguir las órdenes necesarias para el fin perseguido». La idea era que hiciesen «la oportuna criba» para que «efectivamente pudieran aprobar determinados hijos de policías locales, excluyéndose aquellos que, a pesar de haber superado las correspondientes pruebas, no contaban con el favor de los denunciados».

El escrito recoge además cómo en las grabaciones aportadas quedaba de manifiesto que el hijo de uno de los mandos debía superar la prueba y citaba textualmente que «ese niño tiene que entrar en estas y punto, digan lo que digan».

El funcionario municipal alertaba a la fiscalía, además, sobre la curiosa capacidad de acierto de un centro de formación que vinculaba a un sindicato policial. Según apuntaba, dicha academia había logrado una tasa del 100% de éxito en la convocatoria bajo sospecha al conseguir para sus alumnos 19 de las 40 plazas que se ofertaban de libre acceso.

La denuncia, que advertía del presunto amaño de las pruebas ahora en cuestión, recogía el nombre de al menos uno de los investigados por la UDEF y llamaba la atención al mismo contrato del psicólogo que los agentes reclamaron la semana pasada. Fue descartada por la fiscalía, que, según las fuentes consultadas, no vio indicios suficientes.