Así operaban 'los Gallos', la familia de la droga en Granada: lenguaje en clave para mover marihuana y cocaína

Siete de ellos, miembros de un mismo clan familiar y «unidos con el único propósito de ilícito enriquecimiento», al menos entre agosto de 2021 y mayo de 2023, se habrían integrado «de forma estable y permanente en una trama» para el cultivo, elaboración y distribución de marihuana y dedicada también a la adquisición de cocaína en esta provincia andaluza.

En su escrito de conclusiones provisionales de este caso cuyo juicio será señalado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, el fiscal detalla que para ello hacían uso de diferentes vehículos con «contacto frecuente entre ellos».

Base operativa y comunicación críptica

La base eran diversos domicilios en Valle del Zalabí, Benalúa de Guadix y la propia capital de la comarca accitana y también se comunicaban «por vía telefónica con transmisión de la información en lenguaje naturalmente críptico» usando además aplicaciones a fin de «eludir posibles interceptaciones».

Habrían dispuesto de «puntos de vigilancia para evitar ser descubiertos, los cuales se encontraban situados alrededor de los denominados barrios de la droga» que habrían sido «de difícil acceso» para agentes de la Guardia Civil y los propios vecinos.

La actividad relativa al cultivo y distribución de marihuana «no sólo se llevaba a cabo a través de plantaciones» en los citados domicilios sino también «mediante alquiler o uso de infraestructuras tales como naves o garajes». Para habilitar las acometidas supuestamente ilícitas se contó con electricistas que están también entre los procesados.

Según los niveles de participación en el entramado, la Fiscalía interesa penas de 18 años de prisión para los siete principales acusados, trece y medio para uno, nueve y medio para otro, cinco para tres, y cuatro y medio para cinco, mientras que los dos últimos sólo se exponen a multa de 4.320 euros.

Las peticiones de multa van desde las que se piden a estos dos últimos hasta los 256.320 euros que habrían de afrontar los siete principales procesados si fueran condenados por todos los cargos por los que se les acusa.