El olivar de Granada busca diez mil trabajadores para una campaña que duplicará la del año anterior

En 2023, con una campaña mermada, se consiguió reunir a duras penas a cerca de 10.000 jornaleros, con agricultores de provincias vecinas como Jaén, donde la cosecha fue escasa, y se pudieron solapar los trabajos en una u otra finca durante la maduración de la aceituna. Costó entonces encontrar mano de obra y, con unas perspectivas halagüeñas en esta temporada, será aún más difícil cubrir toda la producción. De momento solo se ha conseguido asegurar a la mitad de la mano de obra necesaria esta campaña.

En la provincia, el olivar es un cultivo muy extendido que ocupa unas 200.000 hectáreas en prácticamente todas las comarcas. Para esta temporada, ASAJA estima que se superará el umbral de las 120.000 toneladas de aceite, alcanzando la normalidad, frente a la campaña «irrisoria» de 2023 que dejó solo 60.000 toneladas. El campo cruza los dedos para que no cambie el escenario. El viento sopla a favor, hay agua para el riego y se mantendrán unos precios a gusto de casi todos.

Se prevé una bajada para el inicio de la temporada que hará que el valor de las cosechas se sitúe en seis euros por litro, un coste que a juicio de las organizaciones «es justo», pese a que vienen de una cosecha donde el litro de aceite de oliva ha superado los 9,30 euros. El precio beneficia a los agricultores, que hace un par de años vieron también cómo regalaba el sudor de su trabajo cuando se desplomó incluso a los dos euros el litro el valor del cultivo. Vendrá bien también al bolsillo del consumidor, de muchas familias que agradecerán la bajada de precios y dejarán el aceite de girasol en los estantes del supermercado. El verdadero reto con todo a favor es encontrar esas manos que labren la tierra. «Hay paro, pero no hay quien quiera trabajar en el campo», resume Manuel del Pino, secretario general de ASAJA.

La cifra de demandantes de empleo en el sector agrario ha alcanzado este año los niveles más bajos desde 2008, con 5.434 desempleados inscritos en el mes de julio y más de 7.000 que perciben el subsidio. Aún así la falta de profesionales es generalizada. La sequía había enmascarado el problema con uno mayor; el desplome de la producción. Con la sed del campo un poco saciada, la lluvia ha dejado al descubierto de nuevo el mal de la falta de mano de obra.

A las asociaciones agrarias se les acaban ya las ideas, el problema del campo es estructural. Manuel del Pino, secretario general de ASAJA, apunta que será necesario agilizar la contratación de personas migrantes en origen o mediante la regularización de aquellos que habitan en Granada y que, normalmente, acuden de forma clandestina al rescate de muchas producciones.

Nicolás Chica considera que las contrataciones en origen no son la solución para el campo, ya que para los empresarios agrarios supone un auténtico desembolso y una inversión en tiempo para la gestión de visados y permisos que no siempre garantiza resultados. El secretario general de UPA cuenta que en la pasada campaña trajeron personal marroquí para que interviniera de forma temporal en la recogida de espárragos y muchos de ellos, aprovecharon el permiso temporal para entrar en España y abandonaron las producciones para continuar con su ruta migratoria.

Miguel Monferrer, secretario general de COAG Granada, considera que es una incongruencia y una «hipocresía» traer a extranjeros de origen cuando en las plazas de cada municipio hay personas en situación irregular deseosas de tener una oportunidad y son encima los que sacan las cosechas adelante, en la sombra, cuando los agricultores se ven apurados. Ante la desesperación de no encontrar mano de obra, hay quien cruza la raya de la legalidad, aún a riesgo de ser sancionado.

«Están en nuestras plazas y vienen a España a trabajar, pero su situación es difícil», comenta Monferrer. COAG, que trabajaba con empresas en origen de Rumania y Marruecos, dejó en 2008 de traer personal. Requería contactar con empresas, acudir al país de origen, verificar que eran fiables, fletar los viajes, gestionar los permisos, garantizar el alojamiento y para los pequeños e incluso medianos agricultores no era factible tal desembolso.

Monferrer considera que son necesarios cambios normativos que faciliten la contratación por temporadas de personas que quieren regularizar su situación en el país. El jornal diario de un agricultor dedicado al olivar ronda de media los 60 euros, según UPA. Además, el sueldo de un peón agrícola ronda los 1.157 euros mensuales. «No es una cuestión de remuneración, el trabajo en el campo está bien pagado. Es cuestión de ganas, la gente busca más estabilidad», sentencia Chica.

Recientemente, la agricultura puso sobre la mesa la necesidad de regularizar migrantes que ya viven aquí para lograr mano de obra. La Subdelegación del Gobierno se mostró receptiva a abordar el problema, acordó con las cooperativas la redacción de un plan de trabajo con medidas concretas para lograr un aumento de las contrataciones tanto en los almacenes de manipulado de frutas y verduras durante los picos de campaña como, sobre todo, en las fincas. Sin embargo, es un asunto complejo de abordar y es más fácil la contratación temporal de los extranjeros en origen.

Pero, ¿se puede regularizar a extranjeros que residen en Granada para la recogida de la aceituna? Para Vicente Marín, abogado especializado en derecho de extranjería, existen fórmulas para regularizar a las personas migrantes que residen en las comarcas granadinas, pero la naturaleza del sector agrícola, donde los contratos son temporales, lo dificulta .

La principal vía para conseguir una residencia legal en España es el arraigo social y es la autorización que tramitan todos aquellos extranjeros que llevan al menos tres años en nuestro país y no cuentan con un permiso de residencia. Para regularizar migrantes, entre otros requisitos, es necesario que las personas acrediten un contratos indefinido o concatenen los contratos durante todo un año, lo que resulta muy difícil en un sector estacional como la agricultura. La ley se va a reformar para poder reducir de tres a dos años la acreditación de la residencia.