Un nuevo informe de 'la Nazarí' cree que no debió darse la licencia de uso al edificio Progreso por la supresión de unos ascensores

En este caso, el nuevo informe, que ya se ha unido a la causa, está basado en la documentación que entregó la UDEF a los inspectores de este departamento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se trata de un «peritaje» sobre determinados aspectos controvertidos de esta obra -su propietario es actualmente el promotor Garía Arrabal-en el barrio del Zadín, una construcción levantada en un solar de la calle Circunvalación y que cuenta con tres partes: un edificio de oficinas y dos de apartamentos turísticos.

Los referidos ascensores que se suprimieron eran exteriores y estaban inicialmente previstos en el proyecto de obras del edificio de oficinas. Iban en su fachada trasera y estaban autorizados en la licencia que se concedió. Eran cuatro y de tipo panorámico.

Para los inspectores de la Junta, «la supresión de los ascensores debe entenderse no amparada por licencia ni legalizable, por lo que debía haberse denegado el otorgamiento de licencia de utilización hasta que se hubiera ajustado lo construido a lo autorizado originalmente».

Y es que, según los expertos, hubo varias solicitudes del promotor para suprimir esos elevadores panorámicos -una en octubre de 2007, otra en octubre de 2010 y otra de marzo de 2011-, pero «no consta en el expediente respuesta a dichas consultas». Es más, el informe subraya que no consta que por parte del Ayuntamiento de Granada se haya aprobado la modificación de la licencia original en lo que respecta al número de ascensores previstos.

El Ayuntamiento de Granada concedió a la empresa promotora la licencia el 1 de agosto de 2006 y, en el marco de la operación, se realizó un estudio de detalle -un instrumento de planeamiento urbanístico- para dar un uso de alojamiento hotelero a esta parcela, uso que el informe técnico del Servicio de Licencias consideró que estaba «permitido».

Los inspectores de la Junta, que giraron una visita de inspección a la edificación el 8 de febrero de 2017, destacan que hubo un informe de febrero de 2005 del jefe de la Unidad Técnica del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aunque observó varios «incumplimientos» en ese estudio de detalle los consideró «como admisibles o aceptables».

Por ejemplo, resaltan que en el estudio de detalle «se establece una longitud máxima para el edificio de 85 metros», longitud que excedía lo dispuesto en los planes urbanísticos de aplicación.

También resaltan los técnicos que se otorgó el 26 de mayo de 2006 la licencia para la cimentación y los muros de contención de la futura edificación «antes de que el proyecto de reparcelación adquiriese firmeza en vía administrativa». Y esto «resultaría contrario» a lo dispuesto en la normativa andaluza (LOUA).

Sobre este punto, en cualquier caso, los técnicos introducen un matiz: que no consta en el expediente administrativo que el proyecto de reparcelación fuese recurrido, por lo que, en consecuencia, «hubiese ganado firmeza en vía administrativa poco tiempo después de haberse otorgado la licencia de obras». Esta circunstancia cambiaría las cosas y, por eso, concluyen que sería »un vicio de anulabilidad susceptible de subsanación«.

El otro informe que ha recibido la jueza instructora, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, contiene una serie de aclaraciones en contestación a varios interrogantes planteados por una de las defensas de la quincena de investigados en la causa. Se trata así de un informe complementario al ya emitido sobre las obras realizadas en un local de la calle Tórtola para albergar las oficinas de un registrador de la porpiedad. Entre otras consideraciones, el documento ratifica que la escalera que se construyó en el patio era sancionable por que no es un elemento movible, sino que «se ha anclado a la pared».

En el caso Nazarí se investiga si hubo una trama de presunta corrupción urbanística para beneficiar a determinados constructores de la ciudad siendo alcalde José Torres Hurtado (PP). La causa toma el nombre de la operación policial que llenó las calles de Granada de agentes y vehículos policiales el 13 de abril de 2016. Las detenciones y los registros que se practicaron precipitaron la dimisión del exregidor y el cambio de color político en el Ayuntamiento de Granada, donde actualmente gobierna el socialista Francisco Cuenca.