La Audiencia libra a Ledesma de afrontar la fianza de 2 millones de euros del caso Serrallo

El edil se ha visto envuelto en esta causa, que ya ha aterrizado en la Audiencia y está pendiente de que se fijen las fechas de las sesiones del juicio, porque era miembro de la Junta de Gobierno Local que votó a favor de los horarios y usos complementarios de la polémica discoteca que hay junto al Centro Comercial Serrallo de la capital.

En su auto, al que ha tenido acceso IDEAL, la Audiencia Provincial estima de este modo el recurso que María José Arcas-Sariot, la abogada de este acusado en el proceso -hay un total de 17 encausados, entre los que está el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP)-, interpuso contra la elevada fianza fijada.

Se da la circunstancia de que el recurso de Ledesma tuvo varias adhesiones. Entre ellas la del interventor o las de los también concejales del PP Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz y María Francés. Sin embargo, la jueza las «rechaza», de modo que los efectos de su resolución sólo alcanzan al concejal al que da la razón.

El recurso de Ledesma estaba dirigido contra un auto dictado el 21 de mayo del año pasado por la jueza María Ángeles Jiménez, que es la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde también se investiga el caso Nazarí (la otra gran causa de presunta corrupción urbanística de Granada). En ese auto se acordó la apertura de juicio oral y se fijó la citada fianza.

El motivo de la estimación de su recurso, según consta en la resolución, es que «no se dirige contra él pretensión alguna de índole civil por parte acusadora legitimada para ello, toda vez que la acsuación popular no lo está para el ejercicio de la acción civil». Y es a que este edil sólo le reclamaba el pago de una indemnización -que elevaba a tres millones de euros- la acusación popular que ejerce VOX, cuyo abogado es Jorge Fernández.

Ni el ministerio fiscal, ni el Ayuntamiento de Granada ni la acusación que mantienen Abel Pizarro y Sky Club Serrallo Plaza SL formularon cargos contra él, mientras que la empresa de Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) sí lo acusó pero no reclamó que abonara indemnización alguna. De igual modo lo acusó Juan S. P., un particular también personado en la causa, pero tampoco lo consideró responsable en el ámbito civil.

La Audiencia deja claro en este sentido que «la acusación popular no ostenta nunca legitimación para ejercitar la acción civil -reclamar indemnizaciones- dimanante de un delito».