Colegios e institutos se preparan para la nueva ley de Educación con la petición de más recursos

La reforma da más autonomía a los docentes a la hora de evaluar, algo que tienen sus ventajas y a lo que también se le ponen reparos. José Madero, representante de la asociación de directores de instituto (Adián) en Granada y director del IES Arjé de Chauchina, piensa que la ley incurre en el error de dejarlo todo en manos de los equipos directivos: la promoción y la titulación de los alumnos sin establecer una norma concreta.

Ahora no se determina con cuántos suspensos no se debería pasar de curso pero Madero confía en que los equipos directivos apliquen un mismo criterio que sería no pasar con más de dos asignaturas cateadas. Por eso considera que no se generará desigualdad, ya que entiende que el criterio de los docentes será similar y responsable.

La gran preocupación de José Madero y también de los expertos, es lectura que las familias están haciendo de la parte que conocen de la nueva ley, que es la que se transmite por los medios de comunicación. «Se quedan con los titulares y eso genera confusión. Dan a entender que todo va a ser más fácil» y no es así. En esto también están todos de acuerdo. No es más sencillo ni se pasa la mano, es diferente. De hecho, el gran peligro de esta reforma es que deje de tener sentido el valor del esfuerzo, según teme este director de instituto. Las notas numéricas desaparecen. «No es lo mismo un 9 que un 10, ni un 7 que un 8, y así no valoras al que se esfuerza más». «Nuestro objetivo es y siempre será que los chavales tiren para adelante», expresa este director de instituto que resalta el «hastío» y el cansancio ante una nueva ley de educación ya que estas cambian «cada dos o tres años». Además expresa que tiene que haber un equilibrio entre la adquisición de competencias de manera divertida y sencilla y el aprendizaje de conocimientos. «La ideología de esta nueva ley es esa, aprender sin esfuerzo y luego esos alumnos se van a enfrentar a la selectividad o a una carrera», resume Madero que entiende que deberían tener en cuenta a la hora de elaborar la normativa, los conocimientos de los docentes y que serán una equivocación siempre que no contemplen «una bajada de ratio», algo que también demandan todos. Los docentes ven una aplicación apresurada de este cambio legislativo. «Comenzaremos el curso sin normativa, tan solo con unas instrucciones porque ahora la comunidad autónoma tiene aprobar decreto y órdenes», dice el director del Arjé.

Que las leyes educativas estén vinculadas a los gobierno es un lastre que observan los técnicos. Fernando Trujillo es profesor titular del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UGR considera que la LOMLOE tiene dos lecturas distintas, la política (también mediática) y la técnica. Sobre la política, dice que al estar tan polarizada se llegan a enfatizar aspectos de la ley, cuando los técnicos consideran que era necesaria ya que actualiza una «pieza fundamental» del sistema social. «A pesar del ruido que se ha generado, lo que hace es actualizar y adaptar la legislación a normativas europeas de 2018». Según Trujillo llegamos casi 20 años tarde por ejemplo a las llamadas competencias, que consiste en «no quedarse con incorporar datos sino cómo puedes resolver los problemas con esos conocimientos. Queremos que nuestros jóvenes cuando acaben esta etapa puedan comprender el mundo, que sean ciudadanos activos».

Este profesor de la UGR apunta que también era necesario actualizar el currículo e introducir, por ejemplo, a la mujer en la historia. Esta reforma era «precisa» porque debía corregir los problemas técnicos que tenía la antigua ley, la LOMCE, con aspectos que no se pudieron aplicar. Por eso señala Trujillo, que es muy simplista centrar el debate en el modelo de evaluación, algo que considera que los docentes ya hacían de manera continua y en el seno de un claustro. «Evaluar no es castigar, ni es algo solitario de un examen al trimestre», por eso entiende el profesor que la ley no cambia tanto el sistema actual.

Que la escuela necesitaba una adaptación a los tiempos actuales también es algo que reconocen estos miembros de la comunidad educativa.

Rosa Funes, presidenta de FAMPA Alhambra, explica que la escuela no pude quedarse fuera de juego ante las grandes transformaciones sociales y que la enseñanza debe preparar a los estudiantes para el futuro. Para Funes la ley ayudará a eliminar el mismo modelo de enseñanza que en el había en el siglo pasado, «en la que el profesorado habla y el alumnado escucha, cuya finalidad es el examen». Funes alaba que la novedad de la norma sea «su apuesta decidida por la inclusión». «La apuesta por la educación por competencias, bien entendida, proporciona al alumnado propuestas didácticas en las que cada uno puede participar en función de sus capacidades y de sus características personales y socioculturales. Es una ley más igualitaria e inclusiva, que contempla una educación en valores que creemos necesaria, que incluye la coeducación, que da importancia a la educación emocional , que incluye la educación en las nuevas tecnologías, fomenta el aprendizaje cooperativo… Por eso creemos que prepara mejor a nuestros hijos».

Lo que piden las familias, en todo caso, es que la ley «se cumpla. Porque si se hubiera cumplido lo que se ha escrito en las leyes anteriores, no supondría tanto escalón», apunta Rosa Funes, que no le da mayor importancia al sistema evaluador. «Confiamos en la profesionalidad del profesorado. Promocionar con suspensos no es ninguna novedad. De siempre se ha podido por lo menos con dos asignaturas suspensas. Y desde el momento en que solo se puede repetir una vez en la etapa...», apunta la presidenta de FAMPA Alhambra.

Lo que quieren es que la ley tenga una aplicación y palie los problemas históricos de la educación. Emilia Santos García, responsable del sector de Educación de CSIF Granada y profesora de Griego apunta que este texto viene a modificar la LOE que a su vez ya fue modificada por la LOMCE, que deja en manos de las comunidades cuestiones importantes, «lo que va a traer más diferencias educativas entre las comunidades autónomas, y esto es una barbaridad». Por eso, desde este sindicato insisten en la necesidad «de alcanzar un Pacto de Estado, ahora más necesario que nunca para evitar las diferencias actuales de niveles y los continuos cambios legislativos».

Según entiende Santos, la reforma reducirá los niveles de exigencia entre el alumnado para lograr las titulaciones y esto «perjudicará» a la educación pública en su conjunto. «Nuestro sindicato considera que el nuevo currículo de Bachillerato –que permitirá obtener el título con una asignatura pendiente– no va a mejorar ni solucionar los problemas reales de la educación de los últimos 30 años y que siguen sin resolverse: escasa inversión, paro juvenil, abandono escolar y diferencias entre CCAA... Con estas medidas, desde el Ejecutivo Central se pretende distorsionar estadísticas reduciendo tasas de repetición y aumentando la tasa de titulación, pero no se solucionarán los problemas endémicos».

Por su parte, la secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO de Granada, Mercedes González, explica que la incertidumbre ante la llegada de la nueva ley es lógica pero que los cambios no son tan profundos. Opina que si se desarrolla bien aumentará las competencias del alumnado porque «no se trata de medir con exámenes ni memorística sino por las capacidades», como llevan años haciendo, por ejemplo, en países nórdicos. «Es muy necesario este debate para adaptar los nuevos tiempos a la sociedad pero si no hay suficientes recursos, la ley se convierte en papel mojado». Mercedes González insiste en la necesidad de bajar la ratio y aumentar el personal. «Del espíritu de la norma a la realidad se pasa con medios y financiación», resalta.

Para la representante de Comisiones Obreras se «está entendiendo mal el espíritu de la ley porque no se debería estar debatiendo sobre los suspensos sino valorar que ahora lo que se prima es la madurez y las competencias del alumno». «Con los nuevos tiempos, llega la nueva metodología para la educación obligatoria. Para Bachillerato no hay tanta flexibilidad porque ahí hay que prepararse para selectividad», manifiesta. «No tendrá una exigencia diferente sino que preparará a los alumnos para ser adultos versátiles», dice.

Desde la escuela habla Luis Pinto, director del colegio Fuentenueva, señala que la ley está creando «muchísima incertidumbre» porque creen que empezarán el curso con instrucciones vagas y libros de texto desfasados. Para él, el modelo tiene que ser pausado y pautado en el tiempo. «Hay que hacerlo al contrario, de la práctica hay que llevárselo a la norma. Que la norma acoja todo lo que estamos haciendo nuevo en los colegios, innovador y adaptado».

«Lo que desmotiva realmente es no sentir que tu avance es reconocido y el enfoque de la evaluación debe ser más profundo que una mera calificación. Tenemos que hablar de bajada de ratio, de recursos, de inversión y cuando todo eso se dé tendremos la forma de abordar la problemática», coincide Pinto con otras opiniones. Para este director el sistema debe ser justo y ecuánime y «poco permisivo porque tiene que encontrar personas válidos para los distintos caminos vitales que se presentan». «Lo más importante es la inversión en docentes y bajada de ratio, eso sí sería poder adaptarse a cada uno de los niños». Luis Pinto considera que esto trae un cambio de paradigmas pero que no bajará el nivel. «El sistema de competencias se enmascara en una farragosa estructura y estaremos más preocupados por cómo rellenar el documento», apunta este docente que valorar el papel de sus compañeros.