Miles de ojos electrónicos observan a Granada

En Granada capital son más de 2.000 las cámaras de videovigilancia que controlan el tráfico, los accesos a edificios públicos o el patrimonio histórico. Y a todas ellas hay que sumar varios miles –precisar la cifra es casi imposible– ubicadas en las zonas privadas. Donde hace tres décadas había vigilantes, serenos, conserjes o policías, hoy en día proliferan modernas cámaras con capacidad para capturar en condiciones de luz ínfima, enmascarar al peatón ‘inocente’ y centrar la imagen en el culpable, o de avisar a las fuerzas de seguridad sin necesidad de que haya un humano ‘pegado’ a la pantalla para dar la voz de alarma.

Así son las últimas cámaras que se han sumado al vasto listado de la videovigilancia en Granada: las que tratan de aplacar el vandalismo en cinco enclaves del Albaicín. En 2011 ya se hablaba de colocar dispositivos para frenar la expansión del grafiti sobre zonas patrimoniales, en 2015 arrancaron los trámites y hasta hace algo más de una semana las cámaras no ofrecieron imágenes a la Policía. La demora no es casual. Este tipo de instalaciones en plena vía pública requiere la autorización de la comisión de garantías de la videovigilancia, un órgano colegiado presidido por el TSJA que autoriza la instalación y uso de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La comisión frenó en 2008 el proceso para colocar un sistema de videovigilancia en el centro al objeto de identificar a los ‘cacos’ que merodeaban por las calles comerciales. Consideró la comisión que la medida no era proporcional al menoscabo de la intimidad de los granadinos que aquel ‘gran hermano’ iba a suponer.

Sí se dio el visto bueno –no sin el requerimiento de algún informe ‘extra’ que alargó la senda burocrática– al circuito de vídeo del Albaicín. Las imágenes del arco de las Pesas, la puerta Monaita, el palacio de Dar al-Horra, el aljibe del Zenete y la puerta de Elvira son ya un ‘azulejo’ más en el mosaico de imágenes de toda la ciudad que se observa en dos salas del edificio de Huerta del Rasillo.

Hasta allí llega la señal de 279 cámaras que trasladan en tiempo real lo que ocurre en 27 centros de titularidad municipal, desde el teatro Isabel la Católica a los polideportivos, pasando por el propio Ayuntamiento. Y no son todas las cámaras de titularidad municipal: hay otras en circuito cerrado cuya señal no llega al Rasillo.

También allí comprueban las de tráfico en la capital, que doblan su señal y son también observables desde la sede del área de Movilidad en el edificio de Mondragones. Hay 91 cámaras de control de tráfico, de las cuales 60 ofrecen señal accesible a toda la ciudadanía en la página web de Movilidad . Estas imágenes no se graban, simplemente se transmiten para su comprobación en tiempo real. Con ellas, la Policía puede actuar en caso de accidente o para regular la circulación; los técnicos de Movilidad pueden ajustar algunos parámetros de la frecuencia semafórica. Esta matriz de cámaras se ha duplicado en una década. A ella hay que sumar unas 22 ‘ponemultas’ –que controlan carriles bus, semáforos y zonas de acceso restringido– y las instaladas por la Dirección General de Tráfico, que en la provincia son 37, tal y como aparece reflejado en su web. Es decir, más de un centenar de cámaras dedicadas al buen fluir sobre el asfalto.

La suma sigue por otras recién llegadas:las del Metro. Son más de 400, entre la infraestructura y los propios trenes. Sus capturas llegan al puesto de control central situado en el Cerrillo de Maracena. Desde que empezaran a funcionar, en paralelo a las pruebas del metro, durante el verano pasado, son un recurso más a disposición de la Policía, que con frecuencia acude a la centralita de imágenes del metro para tratar de resolver incidencias.

La Universidad de Granada (UGR) es también un ‘fortín’ en lo que tiene que ver con la vigilancia telemática. Son alrededor de 600 las videocámaras en los edificios de la institución académica. Impacta la cifra, pero cobra sentido al apuntar que la UGR es un compendio de 26 facultades, 20 centros de investigación, las zonas deportivas y ‘gigantes’ administrativos como el Hospital Real, la antigua Facultad de Medicina o el complejo Triunfo, entre otras infraestructuras. En este caso, una empresa privada se encarga de gestionar el control de las imágenes.

Con respecto a los hospitales granadinos, las dos zonas sanitarias se reparten el pastel de la videovigilancia casi a la par. El Parque Tecnológico de la Salud agrega a su centro de control el caudal electrónico procedente de 230 dispositivos. El Virgen de las Nieves –con el Materno, Traumatología y el hospital general– cuenta con un listado de 266 cámaras. Medio millar de dispositivos.

Es decir: los hospitales quintuplican el total de cámaras que había en la Alhambra en el año 2011, cuando estrenó el plan de autoprotección. Por aquel entonces eran 85 las videocámaras. La cifra ha crecido en estos siete años, pero el Patronato prefiere no aportar la cifra exacta, por motivos de seguridad. Las cámaras, no obstante, son bien visibles, como el ‘arbol’ que ilustra esta página. El mismo argumento, la seguridad, emplea la Guardia Civil para no precisar cuántas hay en el interior la comandancia. Las exteriores, como en la Alhambra, son de sobra perceptibles. Huelga decir que las comisarías de Policía Nacional y los enclaves del ejército son también lugares videovigilados.

Lo mismo sucede con los edificios en manos de las instituciones. En la Subdelegación del Gobierno hay 8 cámaras; en las sedes de la Junta de Andalucía, 90, y en el edificio de la Diputación de Granada, 94. En la provincia, los edificios de la Diputación suman 364 cámaras.

Los sistemas de videovigilancia fuera del ámbito doméstico que graben las imágenes –durante un periodo máximo de un mes– y en los que las personas sean identificables constituyen un tratamiento de datos personales sometido a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Las normativas que desarrollan la videovigilancia –en el caso de las fuerzas de seguridad hay leyes específicas– señalan que este método sólo debe utilizarse cuando sea imposible acudir a otros con menos impacto en la privacidad. De hecho, está prohibido captar la calle –salvo en casos de seguridad pública, como el del Albaicín–, o baños, vestuarios y espacios ajenos.

Para cada sistema –tenga una o varias cámaras– ha de crearse un fichero que queda en manos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entidad en la que se pueden ejercer los distintos derechos relacionados con la videovigilancia, entre otros datos personales.

Calcular cuántas cámaras se diseminan por tiendas, cocheras, comunidades de vecinos o empresas es casi imposible. Pero el número de ficheros activos inscritos en la AEPD da una idea del ‘boom’ que ha supuesto el abaratamiento y la mayor accesibilidad a la tecnología de los circuitos de vigilancia por imágenes. En enero de 2014 había en toda la provincia 4.004 ficheros privados y 35 de titularidad pública. En enero de 2018 hay 7.831 privados y 57 públicos. Casi se ha duplicado el número de ojos electrónicos que nos observan cuando salimos de casa. Granada es zona videovigilada.