'Liberan' a 54 personas por falta de plazas en los centros de acogida

En la planta superior de la estación de autobuses, trabajadores y voluntarios de Cruz Roja, Médicos del Mundo y de otras entidades sociales atendían ayer por la tarde a los 54 hombres. Desde la Subdelegación del Gobierno se informó a IDEAL de que «desde el minuto uno se contactó con oenegés para que atendieran a estas 54 personas y nadie respondió».

Los voluntarios acarreaban agua, latas y otros alimentos para repartirlos entre estas personas que tras reponerse tenían una prioridad: avisar a sus familias de que se encontraban bien. La última vez que algunos hablaron con padres, hermanos o abuelos fue hace seis días y tienen que avisar de que están a salvo. Las conversaciones de estos hombres, que según explicaron, proceden de Mali, se entremezclaban con las de los voluntarios de diferentes plataformas como Pro Derechos Humanos de Andalucía o la coordinadora granadina de oenegés, que buscaban alojamiento para estas personas ante la posibilidad de que el autobús con destino a Irún que el Ayuntamiento de Granada gestionó no partiese ayer desde la ciudad. Al cierre de esta edición, según informan desde las entidades sociales, se consiguió fletar el vehículo hacia el País Vasco cuya salida estaba prevista en la madrugada.

Este destino se decidió porque la mayoría de los inmigrantes comunicó a los trabajadores sociales y a los voluntarios que querían llegar a Francia; otros quisieron marchar ayer por la tarde a Almería, Barcelona o Sevilla, donde tienen a familiares o a amigos, según señalaron fuentes municipales y de las oenegés que consiguieron los billetes para esos viajes.

El Ayuntamiento de Granada y la Subdelegación del Gobierno se acusaron mutuamente de no asistir de forma digna a estas personas. «El Consistorio está atendiéndoles y gracias a la colaboración de las entidades sociales se les está haciendo una primera revisión médica; han estado cuatro días sin comer, algunos han llegado en unas condiciones preocupantes», dijo la responsable de Derechos Sociales. Mientras, desde la Subdelegación del Gobierno explicaron que se cumplió con la Constitución Española que estipula que «ninguna persona puede estar retenida más de 72 horas para ser documentada, por eso han sido liberadas». Además, la administración estatal recordó que «las competencias autonómicas y transferencias en materia de asuntos sociales son del Ayuntamiento de Granada, a menos que sean menores o mujeres que han sido víctima de malos tratos, porque en ese caso son de la Junta de Andalucía», puntualizaron las mismas fuentes.

Pero la concejala de Derechos Sociales se mostró muy crítica por la actuación de la Jefatura de Extranjería: «Queremos que esto sirva de reflexión, me parece indigno que una administración deje en la calle a 54 personas sin ningún tipo de recursos, sin haber comido, sin haber dormido, sin haberles hecho una atención mínima y más en las condiciones en las que vienen», dijo Sánchez. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno acusa a «la concejala de dejar en la calle a estas personas» y se pregunta «por qué no habilita un pabellón deportivo como haría en el caso de una catástrofe natural que afectase a la población granadina».

La concejala recordó que estas personas «acaban de pasar por una situación traumática; han cruzado el mar en una patera, no creo que una administración sensible sea capaz de permitir lo ocurrido aquí», apuntó Sánchez. Por otra parte, la edil agradeció a la movilización ciudadana y a las entidades sociales, la colaboración con el Ayuntamiento para poder asistir a estas personas. Una atención de emergencia que debería «hacerse cuando la patera llegó a la playa y que debió contar con la presencia de un abogado, alguien que les ofreciese asesoramiento legal para explicarles cuál es su situación administrativa en España; han venido con los ojos cerrados y sin respuesta de ningún tipo», resaltó Sánchez. Según Subdelegación del Gobierno, «cuando los inmigrantes llegaron a la Costa se solicitó la asistencia de alguna oenegé pero no hubo respuesta», apuntaron desde la administración estatal.

La concejala de Derechos Sociales tildó la ley de inmigración de «antimigratoria, que no respeta los derechos humanos de las personas». Según Sánchez, la ley dice que la persona que pasa por este tránsito «debe tener una atención sanitaria, un asesoramiento jurídico y luego hay que buscarle un alojamiento; cuando los recursos están desbordados como es el caso y con previsión de que vaya a más, los mandan en un autobús a otra ciudad, en Almería se ha hecho».

La concejala advirtió que es previsible una mayor intensidad en el flujo migratorio y por ello exige «recursos no solo para las localidades costeras sino para otras ciudades como Granada que atienden estas llegadas colectivas y que no podemos hacerlo con dignidad», sentenció Sánchez.