Juicios por videoconferencia y restricciones sanitarias marcan el nuevo curso judicial
Los jueces de Caleta, donde el ciudadano debe acudir solo y con cita previa o citación, celebran al mes unas 500 vistas telemáticas
Agendas con cientos y cientos de juicios, nuevos y aplazados. Mamparas en las salas de vistas. Funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de ... Justicia, abogados y procuradores con mascarillas. Guardias civiles que piden al ciudadano en los accesos de las sedes judiciales su citación o que acredite tener cita previa. Control de aforos y accesos limitados a determinados espacios. Vistas por videoconferencia o con apenas público en las bancas. Mesas de funcionarios distanciadas entre sí. Señales en el suelo, sillas precintadas o cordones para evitar la aproximación del justiciable a los puestos de los trabajadores. Y dispensadores de geles. Las restricciones derivadas de la pandemia en los juzgados y el uso preferente de los medios telemáticos, incluso para enjuiciar, han marcado el inicio del curso judicial.
La crisis sanitaria ha hecho además que el nuevo año que ha arrancado en los juzgados –cuyo inicio se ha adelantado en realidad en la práctica para letrados y procuradores por la habilitación parcial del mes de agosto– se quede sin el ya tradicional acto de apertura que se celebra en Plaza Nueva. Este septiembre, el discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, ha adoptado la forma de «declaración institucional» y ha llegado a los medios por correo electrónico. El magno Palacio de la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, se ha quedado sin el solemne acto con el que los máximos representantes de los jueces y fiscales andaluces suelen dar la bienvenida a la reanudación de la actividad judicial tras el estío. Se podría decir que el coronavirus, por el distanciamiento social impuesto, ha mutado también las costumbres judiciales.
«Nos hemos tenido que adaptar todos. Por un lado, estableciendo restricciones. Por otro, acostumbrándonos a señalar juicios por videoconferencia y los particulares a hacer muchas gestiones a través del correo electrónico o por teléfono», explica el juez decano del Partido Judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.
Por lo pronto, en las jurisdicciones de lo Social y de lo Contencioso Administrativo se están celebrando «la mayoría» de los juicios por videoconferencia. El decano de los jueces calcula que en los juzgados de la capital se podrán llevar a cabo al mes unas 500 vistas de forma telemática. Los togados han encontrado en las nuevas tecnologías el mejor aliado para evitar las comparecencias presenciales y minimizar el riesgo de contagio de quienes imparten justicia y quienes se someten a ella. En la jurisdicción civil, «la mitad» de las vistas se están haciendo de este modo. «De esa forma estamos consiguiendo volver a tener una actividad normal en cuanto a celebración de actos procesales, juicios, etcétera», añade el magistrado.
Jurisdicción penal
Pero no todos los juicios se hacen a través de cámaras y pantallas de ordenador. En la jurisdicción penal, sí se están desarrollando enjuiciamientos con los implicados presentes físicamente, según Rodríguez Alcázar. Así sucede en los juzgados de lo Penal, en los dos de Violencia sobre la Mujer y en los nueve de Instrucción (estos últimos sólo enjuician delitos leves). También en el de Guardia, que es cada día un juzgado distinto de Instrucción. Y aunque en estas sedes se efectúa también alguna videoconferencia, la mayoría de las declaraciones se hacen con los investigados y testigos delante.
En esas sedes tratan de adoptar no obstante todas las precauciones, siguiendo las recomendaciones de la Sala de Gobierno del TSJA y el acuerdo que redactó el propio juez decano en plena pandemia para regular accesos al complejo de la Caleta, donde en circunstancias normales eran miles las personas que lo frecuentaban cada día. Ahora ha cambiado el 'paisaje' de sus plantas, donde hay mañanas hasta con pasillos vacíos.
El decano de los abogados vaticina retrasos en aumento
El Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) admite que el año judicial se ha iniciado con cierta normalidad, pues se ha mantenido una actividad «similar» a la del año pasado. Se están celebrando juicios presenciales y se ha limitado la vía telemática a los actos procesales en los que no sea preceptiva la presencia del ciudadano. Sin embargo, según ha indicado a través de una valoración remitida a IDEAL, la Abogacía granadina considera que este hecho «no es del todo positivo», pues, según vaticina, generará un incremento del colapso del sistema de Justicia a medio plazo.
En este sentido, el decano del ICAGR, Leandro Cabrera, explica que actualmente todavía se están atendiendo los señalamientos que fueron suspendidos por el estado de alarma. Si a esto se le une el hecho de que, para evitar aglomeraciones en las instalaciones judiciales, se estén «espaciando los señalamientos entre sí», el retraso que sufre la justicia -cree- irá aumentando gradualmente en los meses venideros. De hecho, ya hay juicios señalados para julio de 2021.
«No se pueden celebrar al día los mismos procedimientos que antes de la pandemia, pero tampoco podemos esperar que con los mismos juzgados y con el mismo personal vayamos a ponernos al día respecto a los momentos previos al estado de alarma y mucho menos reducir el colapso endémico de la Justicia», sostiene Cabrera, quien apostilla que la única solución posible para agilizar el sistema judicial es dotarlo de más medios humanos y más juzgados.
«El papel lo soporta todo, aunque la realidad es otra, una compleja y difícil, pero quizá sea el momento de que las autoridades competentes hagan ese esfuerzo económico», expresa.
De hecho, Cabrera denuncia que, debido a este propósito de agilización sin los recursos suficientes, se está convirtiendo en una norma que los juzgados no admitan las declaraciones de los peritos, lo que supone que estos profesionales no pueden explicar, exponer, aclarar o complementar sus informes, causando un detrimento del derecho de defensa del ciudadano.
En cuanto a los estragos del parón judicial por el confinamiento durante el estado de alarma –el Decanato calculaba que hasta agosto más de 4.000 vistas y juicios habían sido suspendidos–, no se han cumplido de momento los peores presagios. Se esperaba un aluvión de casos por despidos, ERTE, impagos... Y, aunque el ingreso de asuntos ha aumentado, sobre todo en la jurisdicción civil, «no se ha producido aún la avalancha que temíamos», dice el juez decano.
«Sí seguimos arrastrando todo lo que se suspendió durante el estado de alarma, y va a costar mucho trabajo llegar a ponernos al día si no es con refuerzos externos de un mayor número de jueces en las jurisdicciones más afectadas», añade.
En que las aguas vuelvan poco a poco a su cauce en esta 'nueva normalidad judicial' también influirán las horas 'de autorrefuerzo' de los funcionarios para agilizar los procedimientos. Algunos están realizando de forma voluntaria –y remunerada– horas extraordinarias tres días a la semana en el marco del plan de reactivación judicial diseñado por la Junta. Tampoco hay que olvidar el esfuerzo y dedicación de sus señorías a la hora de sacar trabajo, desatascar expedientes, acelerar trámites, resolver asuntos y dictar resoluciones.
En su declaración, el propio Del Río reconocía que nos enfrentamos «a unas dificultades nunca antes conocidas y cuya superación no va a resultar posible sin un aún mayor esfuerzo» de los operadores jurídicos. Para el presidente, además de «las urgentes pero coyunturales medidas de apoyo judicial», hace falta que no se demoren los proyectos de modernización y cambios legislativos y organizativos, así como que se consolide el expediente digital judicial.
En definitiva, la actividad tras tres meses de parálisis y un verano atípico (el estado de alarma se prolongó desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio) se va normalizando poco a poco, gracias a la implicación de unos y otros, pero con las medidas y limitaciones antes reseñadas, que incluyen una especial vigilancia para que no se acumulen personas en los espacios de espera.
«En Almuñécar ha habido cónyuges que han tenido que firmar en la acera»
El decano del Colegio de Procuradores de Granada, Gonzalo de Diego, se muestra crítico al hacer balance sobre la reanudación de la actividad judicial, tanto por el poco descanso que han tenido estos profesionales como por determinadas restricciones por la Covid-19 que entorpecen su labor.
Según De Diego, hay juzgados en la provincia en los se está utilizando la situación actual de rebrotes para limitar totalmente el acceso a los profesionales a las sedes judiciales. Y esta circunstancia está «dificultando mucho» el desarrollo de su trabajo como representantes procesales de los justiciables.
Ha habido situaciones, según comenta, «realmente graves». Las sitúa en concreto en los juzgados de Almuñécar, donde, afirma, «está prohibida absolutamente la entrada de profesionales y justiciables a los edificios de los juzgados». Según el decano, se ha llegado a dar el caso de que cónyuges inmersos en procesos de divorcio de mutuo acuerdo tengan que firmar los documentos que se les dan «desde una ventana, en la misma acera».
«Actitudes como esta deben ser inmediatamente atajadas, para dotar de una mínima dignidad a la actividad jurisdiccional», reclama contundente De Diego.
En cuanto al inicio del curso judicial para su gremio, que integran unos 300 profesionales en la provincia granadina, recuerda que para ellos se adelantó, pues se vieron «despojados del descanso del verano», sin que, a su parecer, se haya logrado el fin que perseguía el Gobierno con la habilitación parcial del mes de agosto. Cabe recordar que tanto ellos como los letrados están 'operativos' desde el 11 de agosto sin más remedio, pues los juzgados empezaron a notificarles resoluciones y sentencias, y comenzaron por tanto a correr los plazos para contestar o recurrir.
En este sentido, el decano de los procuradores volvió a criticar lo que considera que ha sido una medida «no consensuada e impuesta por el Ministerio de Justicia unilateralmente» que, a su juicio, «no ha servido en absoluto para descargar de trabajo a los juzgados y tribunales».
Así, Gonzalo de Diego recuerda que quienes trabajan en las sedes judiciales sí han utilizado su derecho a las vacaciones –el de ellos «sí es intocable», reprocha el decano haciendo un inciso–, por lo que «la paralización de la justicia en este periodo ha sido similar a la ocurrida otros años» en realidad.
«La vuelta a la actividad de septiembre, no ha sido tal», subraya, puesto que los procuradores no han podido desconectar en agosto. Han trabajado, según matiza, «a medio ritmo, por supuesto», pero de tal manera que ha sido imposible desconectar.
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