Indignación entre procuradores y letrados de Granada por el inicio del 'agosto hábil'
El Colegio de Abogados pide la dimisión del ministro de Justicia por hacer que el colectivo se quede sin vacaciones para paliar los efectos del parón judicial por la Covid-19
La crisis sanitaria del coronavirus provocó en marzo un parón sin precedentes en la justicia española para evitar el contagio de operadores jurídicos y ... justiciables en las salas de vistas, en las oficinas de los juzgados, en los pasillos de las sedes judiciales. Fueron tres meses en los que prácticamente sólo se tramitaron causas con preso, asuntos urgentes y aquellos con detenidos que llegaban al juzgado de guardia. Sin más remedio, mientras la ciudadanía se quedaba en casa por el estado de alarma, los abogados y los procuradores se vieron confinados con la mayor parte de sus expedientes estancados. Ahora estos dos colectivos tienen que hacer frente a otro parón: el de sus vacaciones.
Hay indignación. El motivo: una de las medidas adoptadas por el Gobierno para atajar el colapso de asuntos que ha provocado la parálisis de la actividad judicial por la Covid-19 fue declarar agosto (la ley establece que es un mes inhábil para las actuaciones judiciales) parcialmente hábil. Y desde ayer, día 11, lo es.
Esa medida, que ya al ser anunciada no fue bien recibida por estos profesionales, implica que hayan comenzado a correr plazos para presentar escritos en los procedimientos, contestar demandas o formular recursos. Supone, por tanto, que el descanso estival –o al menos la desconexión total– para quienes que se encargan de representar o asistir a los ciudadanos en los procesos se haya acabado.
Apenas diez días (una semana realmente si se resta este fin de semana) han tenido los abogados y los procuradores de nuestra provincia para 'recargar pilas', para disfrutar de su veraneo. En definitiva, y aunque en la práctica no se vayan a señalar los juicios habituales, es como si septiembre hubiera llegado de forma prematura para ellos.
Tanto el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, como su homólogo en el Colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego, corroboran a IDEAL que son muchas las quejas que están recibiendo por parte de colegiados (Granada cuenta con unos 3.500 letrados, de los que alrededor de 2.800 son ejercientes, y aproximadamente 300 procuradores).
Algunas de esas quejas han sido expresadas abiertamente por los propios profesionales en las redes sociales, donde han dejado patente su malestar a través de mensajes más o menos críticos, de desaprobación o de resignación, en sus cuentas personales.
Los representantes de ambos gremios en Granada recuerdan que todo el mundo tiene derecho a vacaciones y se sienten «discriminados» por las consecuencias que tiene para ellos –y su vida familiar– esta medida. Además creen que por trabajar estos últimos 20 días del mes de agosto no se va a paliar la saturación derivada de la suspensión de actos procesales, juicios y vistas provocada por la pandemia. «El Ministerio no ha tenido en cuenta las manifestaciones que se hicieron en su día respecto a la habilidad del mes de agosto», lamenta Cabrera, que tilda de «absolutamente indigna» esta medida para los colegiados. Por eso, desde el Colegio de Abogados de Granada, según subraya su decano, piden «la dimisión» del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por «la falta de sensibilidad» que opina ha tenido con este gremio.
«Hay una grandísima indignación en todo el colectivo, porque pensamos que somos los únicos trabajadores de España, abogados y procuradores, que nos vamos a quedar sin vacaciones. Y además de una forma innecesaria e injusta», manifesta por su parte el decano de los procuradores, Gonzalo de Diego, que está convencido de que ni se va a adelantar trabajo ni se van a descongestionar los juzgados con esta medida.
A primera hora de la mañana de ayer, había llegado al Colegio de Procuradores un volumen similar de notificaciones al de un día normal del curso judicial: más de 500 en la primera tanda (suele haber dos bloques de envíos durante la mañana). Y eso pese a que, según De Diego, había una especie de «compromiso no escrito», planteado en las comisiones de segumiento convocadas por la Audiencia, para que se intentara no notificar resoluciones ni plazos en estos días. «Es un sentir común en todo el colectivo que esta es una situación anómala», se despide.
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